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ALERTA DE NOVEDADES LEGALES
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LEGAL NEWS ALERT
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En el día de la fecha se publicó en el B.O. la ley denominada “Bases y Puntos de Partida para la Liberación de los Argentinos” (“Ley Bases”) como Ley 27.742. A continuación, se describen los principales puntos y cambios de la Ley Bases en su versión promulgada por el Poder Ejecutivo (“PEN”).
Declaración de emergencia
La Ley Bases declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de 1 año. Ya existe una declaración de emergencia realizada en el DNU 70/2023.
En los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, se delegan en el PEN las facultades dispuestas en la Ley Bases, vinculadas a materias de administración y emergencia, por el plazo de 1 año. Puede entonces esperarse que continúe la desregulación a partir de normas emitidas por el Poder Ejecutivo, tal como ya está ocurriendo a partir de la declaración de emergencia del DNU 70/2023.
Reforma Estatal
Reorganización Administrativa: el PEN podrá eliminar las competencias de los órganos u organismos de la Administración Nacional centralizada o descentralizada cuyo mantenimiento sea innecesario, así como reorganizar, modificar o transformar su estructura jurídica, intervenirlos, centralizarlos, fusionarlos, escindirlos, disolverlos o transferirlos a las provincias o la Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo se prevé respecto de las Empresas y Sociedades del Estado. Se excluye el ejercicio de esta facultad respecto de las universidades nacionales, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan, y determinados organismos descentralizados. Asimismo se autoriza al PEN a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos. Queda excluido el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.
Concesión o privatización de empresas estatales: declara sujetas a concesión o privatización a las siguientes empresas de propiedad estatal total o mayoritaria: (i) Energía Argentina S.A.; (ii) Intercargo SAU.; (iii) Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA); (iv) Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT); (v) Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA); (vi) Belgrano Cargas y Logística S.A. y; (vii) Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (SOFSE). Las últimas tres empresas podrán estar sujetas también a la figura de concesión.
El procedimiento se llevará a cabo de conformidad con los capítulos II y III de la Ley Nº 23.696 de Reforma del Estado y ciertas normas establecidas en la Ley Bases.
En cuanto a los procedimientos de selección para las privatizaciones, se elimina la contratación directa.
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Para mayor información, por favor contactar a Nicole Jaureguiberry.
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Today the law named "Bases and Starting Points for the Freedom of the Argentine People" (“Bases Law”) was published in the Official Gazette as Law Nro. 27,742. Please find below the main points and changes that the Bases Law introduces in its enacted version by the Executive Branch.
Declaration of emergency
The Bases Law includes a declaration of public emergency in administrative, economic, financial and energy matters that is meant to last for 1 year. The emergency declaration was already made by Decree 70/2023.
Under the terms of Article 76 of the National Constitution, it delegates legislative powers to the Executive Branch and for the term of 1 year. Hence, we may expect the deregulation to be continued by regulations issued by the Executive Branch, as it has been happening since Decree 70/2023.
State Reform
Administrative reorganization: the Bases Law sets forth the empowerment of the Executive Branch to modify, transform, merge, split, or intervene state organizations and agencies of the central or decentralized administration, state-owned companies. The Judicial and Legislative branches, the Public Prosecution (“Ministerio Público”) and the entities that depend on them, the public universities, and certain decentralized agencies are expressly excluded from these powers. Moreover, trust funds may be modified, transformed, unified, dissolved or liquidated by the Executive Branch pursuant to its bylaws and certain rules set forth in the Bases Law –except for the Residential Gas Consumption Subsidies Trust Fund (Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales del Gas)–.
Concession or privatization of state-owned companies: it declares subject to concession or total or partial privatization the companies of total or majority state ownership listed in Annex I (i) Energía Argentina S.A.; (ii) Intercargo SAU.; (iii) Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA); (iv) Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT); (v) Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA); (vi) Belgrano Cargas y Logística S.A. y; (vii) Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (SOFSE). . These last three companies may also be subject to concession.
The procedure shall be executed pursuant to chapters II and III of Act No. 23,696 of Reform of the State and certain rules set forth in the Bases Law.
Regarding the selection procedures for privatization, direct contracting is eliminated.
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For further information, please refer to Nicole Jaureguiberry.
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Aspectos laborales
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Labor aspects
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Los principales cambios que el Proyecto de Ley Bases pretende introducir al régimen laboral argentino son los siguientes:
Promoción de empleo no registrado, introduce medidas para regularizar la situación de trabajadores no registrados, incluyendo un periodo de blanqueo y moratoria. Se establece la extinción de acciones penales y la eliminación de deudas para las empresas que se adhieran al proceso de regularización laboral, además de la baja en el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
Deroga el sistema de multas o agravamientos indemnizatorios previstos en distintas leyes respecto de, entre otros: falta de registración total o parcial, pago fuera de término de indemnizaciones; y falta de entrega de certificados de trabajo en tiempo y forma (leyes 24.013, 25.323, 25.345).
En sentido coincidente, deroga también el agravamiento indemnizatorio por falta total o parcial de registración para el Personal de Casas Particulares.
Busca simplificar la registración de las relaciones laborales y conservación de documentación, utilizando medios electrónicos, asegurando un mecanismo ágil, simplificado y diferenciado para la confección de los recibos de sueldo. Se establece un sistema de registración con un aporte único para todas las obligaciones emergentes de las relaciones laborales, para empresas de hasta doce (12) trabajadores inclusive.
Se amplía el período de prueba a seis (6) meses, pudiendo las convenciones colectivas de trabajo ampliarlo: a) hasta ocho (8) meses, en las empresas de seis (6) y hasta cien (100) trabajadores; y b) hasta un (1) año en las empresas de hasta cinco (5) trabajadores.
Licencia por maternidad, se introduce la posibilidad para la persona interesada de optar por reducir la licencia anterior al parto, que no podrá ser inferior a 10 días (a diferencia de los 30 días anteriormente previstos).
Despido discriminatorio, regula una indemnización agravada en caso de despido discriminatorio que puede ascender a una suma adicional de entre 50% y 100% de la indemnización por antigüedad, pero poniendo a cargo de quien invoca la discriminación la prueba de la misma.
Fondo de cese laboral, incorpora la posibilidad de sustituir -mediante negociación colectiva- el régimen indemnizatorio por un Fondo de Cese Laboral a cargo del empleador, conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo Nacional.
Trabajadores independientes con colaboradores, se crea la figura del “Trabajador independiente con colaboradores” para emprendimientos de hasta 5 trabajadores independientes, basado en una relación autónoma.
Dispone que los empleados de contratistas serán considerados empleados directos de quienes registren la relación laboral y no de la empresa usuaria, sin perjuicio de que esta última continuará siendo solidariamente responsable por las obligaciones laborales del empleador respecto de los empleados afectados a la prestación del servicio. De este modo, se apunta a limitar reclamos por indebida registración de parte de empleados registrados en una empresa distinta de aquella a favor de la cual prestan sus servicios.
Para mayor información, por favor contactar a Enrique Betemps, Julio Lococo, Geraldine Moffat y Matías Fuse.
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The main changes that the Bases Bill intend to introduce in the Argentine Labor Regime are the following:
Promotion of registered employment, the Bases Bill introduces measures to regularize the situation of unregistered workers, including a period of whitening and moratorium. It establishes the extinction of criminal actions and the elimination of debts for the companies that adhere to the labor regularization process, in addition to the cancellation of their registration in the Registry of Employers with Labor Sanctions (REPSAL for its Spanish acronym).
The system of fines and penalties is repealed, burdensome fines and penalties which are provided for in different laws regarding, among others, total or partial lack of registration, late payment of compensations; and failure to deliver labor certificates in due time are repealed (laws No. 24,013, 25,323, 25,345).
In the same sense, the Bases Bill also repeals the enhance of compensations to be paid for total or partial lack of registration for cleaning personnel of private homes.
The simplification of the registration of labor relations is aimed in the Bases Bill. It is also a purpose of the Bases Bill to grant the possibility of storage documentation, using electronic means, ensuring an agile, simplified and differentiated mechanism for the preparation of salary receipts. It establishes a registration system with a single contribution for all obligations arising from labor relations, for companies with up to 12 workers inclusive.
The probationary period is extended to 6 months, and collective bargaining agreements may extend it: a) up to 8 months in companies with 6 and up to 100 workers; and b) up to 1 year in companies with up to 5 workers.
Maternity leave, the Bases Bill grant the possibility to choose to reduce the leave prior to childbirth, which may not be less than 10 days (as opposed to the 30 days previously provided for).
Discriminatory dismissal, it regulates a special indemnity in case of discriminatory dismissal, which may amount to an additional sum of between 50% and 100% of the indemnity payment based on seniority, but placing the burden of proof on the person who invokes discrimination.
Labor Termination Fund, incorporates the possibility of substituting -through collective bargaining agreements- the indemnity regime for a Labor Termination Fund to be paid by the employer, according to the parameters established by the National Executive Branch.
Independent workers with collaborators, the figure of “Independent worker with collaborators” is created for undertakings of up to 5 independent workers, based on an autonomous relationship.
The Bases Bill provides that the employees of contractors will be considered direct employees of those who register the employment relationship and not of the user company, notwithstanding that the latter will continue to be jointly and severally liable for the employer's labor obligations with respect to the employees involved in the provision of the service. In this way, it is intended to limit claims for improper registration of employees registered in a company other than the one in favor of which they render their services.
For further information, please refer to Enrique Betemps, Julio Lococo, Geraldine Moffat and Matías Fuse.
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Hidrocarburos
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Hydrocarbon Law Changes
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La Ley Bases introduce cambios a la Ley 17.319 de Hidrocarburos:
- Hace especial énfasis en el cambio del objetivo de la Ley, priorizando la renta obtenida de la explotación de los recursos y la satisfacción de las necesidades de hidrocarburos del país.
- Los permisionarios y concesionarios tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y podrán comercializarlos libremente. Se reduce el margen del Estado para intervenir exportaciones: las exportaciones son libres, sujeto a la no objeción de la Secretaría de Energía dentro de los 30 días, fundada en cuestiones técnicas o económicas de seguridad del suministro y conforme la reglamentación. En el caso del GNL por su particular condición se incorporó una norma específica (art. 3 bis Ley 24.076) que prevé el otorgamiento de autorizaciones de exportación firmes por 30 años
- Impide al Estado la intervención de precios para el mercado interno en todas las etapas de la producción y exige a las empresas estatales o mixtas competir en el mercado interno a precios basados en el import o export parity.
- Nuevo régimen de regalías para las nuevas concesiones con un valor base del 15%, afectado por un factor "X" de exclusiva elección del oferente; y el pliego tendrá que prever mecanismos de ajustes de las mismas (art. 47 ley 17319).
- Se incluye al almacenaje y al procesamiento dentro de las actividades de la ley, y aparece el concepto de autorización, dando más mecanismos para facilitar y agilizar estas inversiones, respetando el concepto de libre acceso de terceros a la capacidad vacante.
- Hay una obligación de procesar hidrocarburos de terceros hasta 5% de la capacidad de las instalaciones siempre que no se comprometa la seguridad del proceso, que las partes arriben a un acuerdo por el servicio a prestar y que el solicitante se haga cargo de los costos asociados a la conexión a la planta.
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The Bases Law introduces changes to the Hydrocarbon Law No. 17,319:
- The purpose of the Hydrocarbon Law is changed: the income obtained from the exploitation of resources is prioritized as well as the purpose of meeting the country's hydrocarbon needs.
- Permit holders and concessionaires will have ownership over the hydrocarbons they extract and will be able to freely market them. The State's power to intervene in exports is reduced. Exports are free, subject to no objection from the Ministry of Energy within 30 days, based on technical or economic issues of security of supply and in accordance with regulations. In the case of LNG a special regime was included in section 3 bis of the Gas Law providing for firm exports authorizations for 30 years.
- It prevents the State from intervening, in prices in all and any of the production stages, for the domestic market and requires state or mixed companies to compete in the domestic market at prices based on import or export parity.
- New royalty regime for new concessions with a 15% base value subject to an x factor set by the bidder. The tender document must include an adjustment mechanism (section 47 of law 17319).
- It includes storage and processing within the activities subject to the Hydrocarbon Law and introduces the concept of authorization, providing more mechanisms to facilitate and expedite these investments, while respecting the concept of third-party open access to available capacity.
- There is an obligation to process third party hydrocarbons using up to 5% of the capacity in the facilities subject to process safety and mutually acceptable terms with the client assuming associated costs of connection to the plant.
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Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones
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Incentive Regime for Large Investments
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El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ("RIGI") constituye una de las principales propuestas del Poder Ejecutivo Nacional (“PEN”) a efectos de fomentar el desarrollo de inversión directa —tanto local como extranjera— en la República Argentina.
Creación y ámbito de aplicación. El Capítulo I establece (i) la creación del RIGI, (ii) la declaración de interés nacional de aquellas “Grandes Inversiones” que se concreten bajo dicho régimen; (iii) la nulidad absoluta e insanable de cualquier norma o vía de hecho, por parte de la Nación o de las provincias (por sí y por sus municipios) que hubieran adherido al RIGI, por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido por el RIGI; y (iv) los objetivos prioritarios del RIGI (entre los que se destaca la generación de “condiciones de previsibilidad y estabilidad para las Grandes Inversiones (...) y condiciones competitivas en la República Argentina para atraer inversiones…”, y la creación de “... un régimen que otorgue certidumbre, seguridad jurídica y protección especial para el caso de eventuales desviaciones y/o incumplimiento por parte de la administración pública …”).
Plazos. Sujetos habilitados. El Capítulo II establece los plazos y condiciones para la adhesión al RIGI: (i) en cuanto al plazo, será de 2 años contados a partir de la entrada en vigencia del RIGI; con la posibilidad de que dicho plazo sea extendido por 1 año —por única vez— por el PEN; y (ii) en cuanto a las condiciones de admisibilidad, podrán solicitar su adhesión al RIGI (a) los vehículos de proyecto único titulares de una o más fases de un proyecto que califique como “Gran Inversión” (“VPU”), los cuales deberán tener por único y exclusivo objeto llevar a cabo una o más fases de un proyecto de inversión admitido en el RIGI dentro de los sectores de forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas, y (b) en ciertos casos y al solo efecto de contar con ciertos beneficios aduaneros, los proveedores de bienes o servicios con mercadería importada con destino específico a la provisión de bienes o servicios a un VPU.
Requisitos y condiciones para la inclusión en el RIGI. El Capítulo III define a las “Grandes Inversiones” como aquellos proyectos que involucren la adquisición, producción, construcción y/o desarrollo de activos que serán afectados a actividades que cumplan con las siguientes condiciones: (i) involucrar un monto de inversión en activos computables igual o mayor a USD 200 MM (salvo que el PEN establezca un monto mayor para algún sector productivo); (ii) prever para el primer y segundo año del proyecto, el cumplimiento de una inversión mínima en activos computables igual o mayor al 40% del monto mínimo de inversión (la distribución de dicho monto será dispuesta por el PEN); y (iii) constituir inversiones de “largo plazo”, conforme el criterio establecido a tal efecto por el RIGI. Asimismo, cabe destacar que a los efectos de adherir al RIGI y gozar de los beneficios allí previstos, los VPUs deberán presentar una solicitud de adhesión y un plan de inversión, el cual deberá ser aceptado o rechazado por la autoridad de aplicación en un plazo de 45 días corridos desde su presentación.
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Para mayor información, por favor contactar a Diego Serrano Redonnet y Alejo Muñoz de Toro.
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The Incentive Regime for Large Investments ("RIGI", after its Spanish acronym) is one of the main proposals of the National Executive Branch (“PEN”, after its Spanish acronym) in order to promote the development of direct investment —both local and foreign— in the Argentine Republic.
Creation and scope. Chapter I establishes (i) the creation of the RIGI, (ii) the declaration of national interest of those “Large Investments” that take place under such regime; (iii) the absolute and irrevocable nullity of any rule or de facto measure, on the part of the Nation or the provinces (by themselves and their municipalities) that have adhered to the RIGI, which limits, restricts, violates, hinders or distorts the provisions of the RIGI; and (iv) the priority objectives of the RIGI (among them, we highlight the generation of “conditions of predictability and stability for the Large Investments (...) and competitive conditions in the Argentine Republic to attract investments…”, and the creation of “... a regime that provides certainty, legal certainty and special protection in the event of possible deviations and/or non-compliance by the public administration…”).
Deadlines. Eligible Parties. Chapter II outlines the deadlines and conditions for adherence to the RIGI: (i) regarding the deadline, it will be 2 years as from the entry into force of the RIGI, with the possibility of this period being extended by 1 year —only once—by the PEN; and (ii) regarding the eligibility conditions, the following entities may apply for adherence to the RIGI: (a) single project vehicles holding one or more phases of a project qualifying as a “Large Investment” (“VPU”), which must have the sole and exclusive purpose of carrying out one or more phases of an investment project admitted under the RIGI within the forestry industry, tourism, infrastructure, mining, technology, steel, energy, oil and gas sectors, and (b) in certain cases, and solely for the purpose of obtaining certain customs benefits, suppliers of goods or services with imported merchandise specifically destined for the provision of goods or services to a VPU.
Requirements and conditions for inclusion in the RIGI. Chapter III defines “Large Investments” as projects that involve the acquisition, production, construction, and/or development of assets to be used in activities that meet the following conditions: (i) involve an investment amount in “computable assets” equal to or greater than USD 200 million (unless the PEN establishes a higher amount for a specific productive sector); (ii) provide for the first and second year of the project, compliance with a minimum investment in “computable assets” equal to or greater than 40% of the minimum investment amount (the distribution of this amount will be determined by the PEN); and (iii) constitute “long-term” investments, according to the criteria established by the RIGI for such purpose. Furthermore, it is important to note that to adhere to the RIGI and enjoy the benefits provided therein, VPUs must submit an application for adherence and an investment plan, which must be accepted or rejected by the applicable authority within 45 calendar days from its submission.
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For further information, please refer to Diego Serrano Redonnet and Alejo Muñoz de Toro.
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Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes
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Law on Palliative and Relevant Tax Measures
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En el día de la fecha se publicó en el B.O. la ley denominada “Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes” (“Ley Tributaria”) como Ley 27.743. A continuación, se describen los principales puntos y cambios de la Ley Tributaria en su versión promulgada.
Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social
Incluye las obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2024, inclusive, y por las infracciones cometidas hasta dicha fecha relacionadas o no con aquellas obligaciones (aún las que se encuentren en discusión administrativa o judicial, etc.).
El acogimiento al régimen podrá formularse desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos y hasta transcurrido ciento cincuenta (150) días corridos desde aquella fecha, inclusive.
Al igual que en otros regímenes de regularización, se excluyen ciertos tipos de obligaciones (por ejemplo, aportes y contribuciones con destino al Sistema Nacional de Obras Sociales) y a ciertos tipos de sujetos (por ejemplo, condenados -con condena confirmada en segunda instancia- por delitos aduaneros y tributarios).
El régimen contempla la reducción de intereses resarcitorios dependiendo del momento y forma de la adhesión, y la condonación de multas. El plan de pagos puede ser de 36, 48, 60 o 84 cuotas, según el tipo de sujeto. En todos los casos, debe hacerse un pago inicial a cuenta de entre el 15% y el 25% del monto consolidado de la deuda.
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Para mayor información, por favor contactar a Manuel M. Benites, L. Marcelo Núñez y Facundo Fernández Santos.
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Today the law named "Law on Palliative and Relevant Tax Measures" (“Tax Law”) was published in the Official Gazette as Law Nro. 27,743. Please find below the main points and changes that the Tax Law introduces in its enacted version.
Exceptional Regularization Regime for Tax, Customs and Social Security Obligations
It includes the obligations and tax offenses due or committed as of March 31, 2024 (even those under administrative or judicial discussion, etc.).
The application to the regime may be filed as from the entry into force of the regulation to be issued by the Federal Administration of Public Revenues and up to one hundred and fifty (150) calendar days from that date.
As in other regularization regimes, certain types of obligations (for example, contributions to the National Social Welfare System) and certain types of individuals (for example, convicted –with conviction confirmed in the second instance– for customs and tax crimes) are excluded.
The regime contemplates the reduction of compensatory interest that will vary depending on the time and manner of submission to the regime, and the remission of fines. The assessment plan may be of 36, 48, 60 or 84 installments, depending on the type of taxpayer. In all cases, an initial payment of between 15% and 25% of the consolidated debt must be made.
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For further information, please refer to Manuel M. Benites, L. Marcelo Núñez and Facundo Fernández Santos.
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