El BCRA sumó exigencias al Régimen de Proveedores de Servicios de Pago e incorporó la figura de “PSPCP como Servicio”
Mediante la Comunicación “A” 8432 (la “Comunicación”) publicada el 6 de mayo de 2026 en el Boletín Oficial, el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”) modificó la normativa aplicable a los Proveedores de Servicios de Pago (las “Normas PSP” y “PSP”, respectivamente) y a los PSP que ofrecen Cuentas de Pago (“PSPCP”), y reguló la figura de “PSPCP como servicio” (los “PSPCP como Servicio”).
Entre los principales cambios introducidos por la Comunicación, se destacan los siguientes:
Regulación de los PSPCP como Servicio
La Comunicación incorpora la figura del PSPCP como Servicio como una categoría regulada dentro de las Normas PSP, estableciendo que comprenderá a todos aquellos PSP que ofrecen cuentas de pago (y, eventualmente, servicios de billetera digital interoperable), a clientes de un tercero tomador del servicio, quienes acceden mediante una interfaz tecnológica provista por dicho tercero e integrada al PSPCP.
A los efectos de su inscripción, los PSPCP como Servicio deberán cumplir, además de los requisitos ya previstos en la normativa aplicable, con determinadas exigencias adicionales, entre ellas: (a) presentar una declaración jurada comprometiéndose a no prestar servicios hasta tanto el BCRA hubiera notificado la habilitación correspondiente del tomador del servicio; (b) registrar e informar al BCRA la nómina de tomadores del servicio, incluyendo información societaria, fiscal y relativa a sus autoridades y accionistas; y (c) identificar a las personas humanas que posean, directa o indirectamente, al menos el 10% del capital social o de los derechos de voto del tomador del servicio, así como a aquellas que ejerzan su control final y a los integrantes de sus órganos de administración y fiscalización.
Asimismo, los PSPCP como Servicio deberán mantener a disposición del BCRA los contratos celebrados con los tomadores del servicio y prever contractualmente determinadas obligaciones regulatorias aplicables a estos últimos.
En particular, la Comunicación establece que: (a) los clientes del tomador del servicio serán considerados clientes del PSPCP como Servicio; (b) la utilización de interfaces provistas por terceros no eximirá al PSPCP como Servicio del cumplimiento de la normativa aplicable; (c) las interfaces deberán identificar de manera clara al PSPCP como Servicio y cumplir con las disposiciones sobre protección de usuarios de servicios financieros; y (d) los sistemas y procesos utilizados por los tomadores del servicio deberán ajustarse a la normativa del BCRA en materia de identificación y conocimiento del cliente, onboarding digital, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, prevención del fraude, seguridad de la información, continuidad operativa y gestión de riesgos tecnológicos y operativos
Adicionalmente, los PSPCP como Servicio que ya se encuentren operativos dispusieron de un plazo de diez días hábiles esto es, hasta el 20 de mayo de 2026 para informar al BCRA el listado de tomadores del servicio a quienes actualmente prestan servicios.
Nuevas restricciones aplicables a accionistas y autoridades
La Comunicación incorpora nuevas causales de exclusión para operar como PSP.
En este sentido, no podrán operar como PSP aquellas personas jurídicas cuyos accionistas, socios, beneficiarios finales, titulares de derechos de voto, integrantes de órganos de administración o fiscalización (a) se encuentren incluidos en resoluciones vinculadas al financiamiento del terrorismo emitidas por la Unidad de Información Financiera (“UIF”); (b) estén registrados en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET); o (c) integren listas emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) vinculadas a sanciones internacionales.
Asimismo, el BCRA podrá considerar antecedentes vinculados con condenas, multas, suspensiones, revocaciones o inhabilitaciones impuestas por la UIF, el propio BCRA, la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) y/o la Superintendencia de Seguros de la Nación (“SSN”).
Se establecen nuevos requisitos registrales y facultades del BCRA
La Comunicación también incorpora nuevos requisitos para la inscripción de PSP en el registro correspondiente. Asimismo, incorpora nuevas exigencias documentales respecto de accionistas, beneficiarios finales y autoridades, incluyendo declaraciones juradas relativas a inhabilidades, sanciones regulatorias, condición de Persona Expuesta Políticamente y certificados de antecedentes penales. Se incluyen: (a) prestar consentimiento expreso a la prórroga de competencia judicial a favor de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (b) informar quiénes actuarán como oficiales de cumplimiento titular y suplente ante la UIF; (c) presentar información adicional relativa a accionistas, beneficiarios finales y autoridades; y (d) en el caso de los PSPCP, informar cuáles serán sus bancos patrocinantes y si operarán bajo la modalidad de PSPCP como Servicio.
Asimismo, se establece expresamente la obligación de los PSP sujetos obligados ante la UIF de cumplir con las disposiciones del Texto Ordenado sobre Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y Otras Actividades Ilícitas.
Por otro lado, la Comunicación faculta al BCRA a disponer la baja de oficio de PSP del registro en determinados supuestos, incluyendo: (a) inactividad durante al menos 180 días corridos consecutivos; (b) modificaciones sustanciales respecto de las condiciones tenidas en cuenta para la inscripción; (c) sanciones aplicadas por el BCRA, la UIF, la CNV, la SSN o autoridades reguladoras extranjeras equivalentes; y (d) inconsistencias o modificaciones relevantes en la información relativa a accionistas, autoridades o estructura operativa.
Asimismo, la Comunicación extiende de seis a doce meses el plazo para el inicio de operaciones de los PSP inscriptos en el registro.
Finalmente, la Comunicación establece que los PSP contarán con un plazo de 90 días corridos para adecuarse a las nuevas disposiciones regulatorias, es decir, hasta el 3 de agosto de 2026. Asimismo, las nuevas disposiciones resultan aplicables a las inscripciones que se encuentren en trámite a la fecha de difusión de la Comunicación.
Para mayor información, por favor contactar a Diego Serrano Redonnet y Juan Ignacio Dighero.
|
|
BCRA added new requirements to the Payment Service Provider Regime and introduced the concept of “PSPCP as a Service”
Through Communication “A” 8432 (the “Communication”) published on May 6, 2026, in the Official Gazette, the Argentine Central Bank of (“BCRA”) amended the regulations applicable to Payment Service Providers (the “PSP Rules” and “PSP”, respectively) and to PSPs offering Payment Accounts (“PSPCP”), and regulated the concept of “PSPCP as a Service” (the “PSPCP as a Service”).
Among the main changes introduced by the Communication, the following stand out:
Regulation of PSPCP as a Service
The Communication incorporates the concept of PSPCP as a Service as a regulated category within the PSP Rules, establishing that it will include all PSP that offer payment accounts (and, potentially, interoperable digital wallet services) to customers of a third-party service provider, who access these services through a technological interface provided by said third party and integrated into the PSPCP.
For the purposes of registration, PSPCP as a Service must comply, in addition to the requirements already set forth in applicable regulations, with certain additional requirements, including: (a) submitting an affidavit committing not to provide services until the BCRA has notified the service provider of the corresponding authorization; (b) register and report to the BCRA the list of service subscribers, including corporate, tax, and regarding its authorities and shareholders; and (c) identify the individuals who directly or indirectly hold at least 10% of the service recipient’s share capital or voting rights, as well as those who exercise ultimate control over it and the members of its management and supervisory bodies.
Furthermore, PSPCP as a Service must make available to the BCRA the contracts entered into with service users and include in such contracts certain regulatory obligations applicable to the latter.
In particular, the Communication establishes that: (a) the service provider’s customers shall be considered customers of the PSPCP as a Service; (b) the use of interfaces provided by third parties shall not exempt the PSPCP as a Service from compliance with applicable regulations; (c) the interfaces must clearly identify the PSPCP as a Service and comply with the provisions regarding the protection of financial services users; and (d) the systems and processes used by service providers must comply with BCRA regulations regarding customer identification and due diligence, digital onboarding, anti-money laundering and counter-terrorist financing, fraud prevention, information security, business continuity, and technological and operational risk management.
Additionally, PSPCPs as a Service that are already operational were given a period of ten business days—that is, until May 20, 2026—to provide the BCRA with a list of service users to whom they currently provide services.
New restrictions applicable to shareholders and officers
The Communication introduces new grounds for disqualification from operating as a PSP.
In this regard, legal entities whose shareholders, partners, beneficial owners, holders of voting rights, or members of management or supervisory bodies: (a) are included in resolutions related to terrorist financing issued by the Financial Intelligence Unit (“UIF”); (b) are registered in the Public Registry of Persons and Entities Linked to Acts of Terrorism and Their Financing (RePET); or (c) appear on lists issued by the United Nations Security Council (UN) related to international sanctions.
Likewise, the BCRA may consider records related to convictions, fines, suspensions, revocations, or disqualifications imposed by the UIF, the BCRA itself, the National Securities Commission (“CNV”), and/or the National Superintendency of Insurance (“SSN”).
New registration requirements and powers for the BCRA are established
The Communication also introduces new requirements for the registration of PSPs in the relevant registry. Furthermore, it introduces new documentation requirements regarding shareholders, beneficial owners, and officers, including affidavits concerning disqualifications, regulatory sanctions, Politically Exposed Person status, and criminal background checks. These include: (a) providing express consent to the extension of judicial jurisdiction in favor of the Federal Courts based in the City of Buenos Aires; (b) identifying who will serve as the primary and alternate compliance officers before the UIF; (c) submitting additional information regarding shareholders, beneficial owners, and authorities; and (d) in the case of PSPCP, identifying their sponsoring banks and whether they will operate PSPCP as a Service.
Furthermore, the Communication expressly establishes the obligation of PSP subject to the FIU to comply with the provisions of the Consolidated Text on the Prevention of Money Laundering, Terrorist Financing, and Other Illegal Activities.
Additionally, the Communication authorizes the BCRA to order the ex officio removal of PSP from the registry in certain cases, including: (a) inactivity for at least 180 consecutive calendar days; (b) substantial changes with respect to the conditions taken into account for registration; (c) sanctions imposed by the BCRA, the UIF, the CNV, the SSN, or equivalent foreign regulatory authorities; and (d) inconsistencies or significant changes in information regarding shareholders, management, or operational structure.
Furthermore, the Communication extends the deadline for PSPs registered in the registry to commence operations from six to twelve months.
Finally, the Communication establishes that PSPs will have a period of 90 calendar days to comply with the new regulatory provisions, that is, until August 3, 2026. Furthermore, the new provisions apply to registrations that are pending as of the date of publication of the Communication.
For further information, please contact Diego Serrano Redonnet and Juan Ignacio Dighero.
|
