ANL Special Edition 09/10 - Tax

ALERTA DE NOVEDADES LEGALES

LEGAL NEWS ALERT

El Poder Ejecutivo Nacional promulga la Ley N° 27.826, que modifica la Ley de Inocencia Fiscal, la Ley de Procedimiento Tributario y la Ley de Trabajadores Rurales, y establece un régimen especial de reducción de multas

Mediante el Decreto N° 1160/2026, publicado en el Boletín Oficial el 9 de octubre de 2026, el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley N° 27.826 (la “Ley”), sancionada por el Congreso de la Nación el 17 de septiembre de 2026. La Ley introduce modificaciones a la Ley N° 27.799 (“Ley de Inocencia Fiscal”), en particular, al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias (“RDJS”). También modifica la Ley de Procedimiento Tributario N° 11.683 (“LPT”) y el régimen sancionatorio de la Ley de Trabajadores Rurales N° 25.191, y crea un régimen especial de reducción de multas por infracciones formales.

En primer lugar, la Ley modifica la LPT en dos aspectos. Por un lado, redefine la “discrepancia significativa” que impide aplicar el plazo de prescripción de tres años (artículo sin número a continuación del artículo 56 de la LPT), con los mismos tres supuestos que se describen más abajo para el RDJS, pero sin el umbral mínimo del 5% previsto para este último. Por otro, incorpora el artículo 49 bis, que reduce de pleno derecho en un 25% las multas por infracciones formales previstas en los artículos 38, 39 y en los artículos sin número incorporados a continuación de estos, aplicables a MiPyMEs y a personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no califiquen como Grandes Contribuyentes Nacionales. Para estos mismos sujetos, crea además un régimen especial que reduce en un 50% las multas formales no firmes o firmes e impagas por infracciones cometidas antes de la vigencia de la Ley, correspondientes a obligaciones vencidas a partir de la vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal (2 de enero de 2026). El beneficio está sujeto a la acreditación del cumplimiento, previo o simultáneo, de la obligación formal omitida, e implica el allanamiento incondicional a la pretensión fiscal por la porción no reducida y la renuncia a toda acción y derecho, con asunción de las costas, en su caso. La reducción no habilita la repetición de lo ya abonado.

En segundo lugar, la Ley introduce modificaciones al RDJS, entre las que se destacan las siguientes:

• Se eliminan los topes de ingresos y patrimonio para la adhesión (hasta ahora, $1.000.000.000 y $10.000.000.000, respectivamente). Se exige, en cambio, que el contribuyente revista la condición de residente fiscal durante todo el período declarado, requisito que no rige para quienes adhieran por el período fiscal 2025.
• Los Grandes Contribuyentes Nacionales y quienes ocupen o hayan ocupado determinados cargos públicos (entre otros, funcionarios con jerarquía no inferior a Secretario de Estado, legisladores, concejales y magistrados judiciales y del Ministerio Público, de cualquier jurisdicción) dentro de los cinco años anteriores a la opción de adhesión o de permanencia podrán optar por el régimen al solo efecto de presentar la declaración jurada y pagar en término el impuesto, de corresponder, bajo esa modalidad, sin acceder a la presunción de exactitud, al efecto liberatorio del pago ni a los demás beneficios del régimen.
• Se redefine también, a los fines del RDJS, el concepto de “discrepancia significativa”, cuyo supuesto porcentual pasa a medirse sobre el impuesto determinado y no sobre el saldo de impuesto. Tomando como referencia el monto previsto en el artículo 1 del Régimen Penal Tributario (actualmente, $100.000.000, monto que se actualizará anualmente por UVA a partir del 1 de enero de 2027), la discrepancia se configurará ante ajustes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (“ARCA”): (a) no inferiores al 15% de lo declarado, siempre que la diferencia supere el 5% de dicho monto (es decir, $5.000.000); (b) superiores a dicho monto; o (c) derivados del uso de facturas u otros documentos apócrifos o del cómputo improcedente de ingresos directos (incluidas retenciones, percepciones, pagos a cuenta y anticipos), cualquiera sea su monto.
• Se precisa el alcance de la presunción de exactitud en el Impuesto al Valor Agregado (“IVA”), que comprende los períodos no prescriptos hasta el mes de diciembre, inclusive, del año por el que se ejerció la opción. Respecto de los períodos mensuales de ese mismo año, la presunción resultará aplicable salvo que se detecte el uso de facturas u otros documentos apócrifos o el cómputo improcedente de ingresos directos.
• La carga de la prueba de la discrepancia significativa recae exclusivamente sobre la ARCA, que sólo podrá valerse de la información declarada por el contribuyente, la disponible en sus sistemas o la proporcionada por terceros. Además, hasta el 31 de diciembre de 2027, a los efectos de evaluar la discrepancia significativa no serán aplicables las presunciones de incrementos patrimoniales no justificados y de depósitos bancarios (incisos f y g del artículo 18 de la LPT); las restantes presunciones e indicios no podrán ser su fundamento exclusivo y sólo podrán utilizarse como indicios que deberán ser corroborados con aquella información. Con ello, la exclusión de la presunción de incrementos patrimoniales no justificados, que la Ley de Inocencia Fiscal preveía sin límite temporal, queda acotada a ese período.
• A efectos de la discrepancia significativa, no se computará la diferencia entre la declaración jurada simplificada original y la rectificativa, siempre que esta se presente dentro de los 15 días hábiles de notificada la liquidación administrativa o la resolución de determinación de oficio (artículos 14 y 17 de la LPT), y que el saldo resultante, con sus intereses, sea cancelado o regularizado.
• Si la determinación de oficio que impugne el RDJS es anulada, revocada o dejada sin efecto por resolución administrativa o judicial firme o consentida favorable al contribuyente, se restablece íntegramente la presunción de exactitud de los períodos alcanzados, con efecto retroactivo, y la ARCA deberá reintegrar lo pagado, con intereses a la tasa prevista para la repetición, dentro de los 45 días hábiles de notificada dicha resolución.
• La adhesión al RDJS no afecta las órdenes de intervención ni los procedimientos de liquidación administrativa o de determinación de oficio notificados con anterioridad a la fecha de adhesión, ni los recursos y procesos judiciales pendientes a esa fecha. No obstante, quienes antes de adherir hubieran cancelado o regularizado, mediante pago o plan de facilidades, el impuesto y los intereses de ajustes de la ARCA en el Impuesto a las Ganancias y/o en el IVA por los períodos alcanzados por la presunción de exactitud quedarán eximidos de las multas por omisión y defraudación vinculadas (artículos 45 y 46 de la LPT), salvo que estas se encuentren firmes a la fecha de adhesión. La eximición requiere renunciar a la acción de repetición y queda sin efecto si caduca el plan de pagos.

The Executive Branch promulgates Law No. 27,826, amending Fiscal Innocence Law, Tax Procedure Law and Rural Workers Law, and establishing a special penalty reduction regime

Through Decree No. 1160/2026, published in the Official Gazette on October 9, 2026, the Executive Branch promulgated Law No. 27,826 (the “Law”), enacted by the National Congress on September 17, 2026. The Law introduces amendments to Law No. 27,799 (the “Fiscal Innocence Law”), particularly to the Simplified Income Tax Sworn Statement Regime (Régimen de Declaración Jurada Simplificada – “RDJS”). The Law also amends Tax Procedure Law No. 11,683 (the “TPL”) and the penalty regime under Rural Workers Law No. 25,191, and creates a special regime for the reduction of penalties for breaches of formal obligations.

First, the Law amends the TPL in two respects. On the one hand, it redefines the “significant discrepancy” that prevents the application of the three year statute of limitations (unnumbered section following Section 56 of the TPL), using the same three tests described below for the RDJS, but without the 5% minimum threshold applicable to the latter. On the other hand, it introduces new Section 49 bis, which provides for an automatic 25% reduction of penalties for breaches of formal obligations set forth in Sections 38, 39 and the unnumbered sections following them, applicable to micro, small and medium-sized enterprises and to individuals, undivided estates and non-profit entities that do not qualify as National Large Taxpayers. For these same taxpayers, the Law also creates a special regime that reduces by 50% formal penalties that are not final or that, being final, remain unpaid, for breaches committed before the Law entered into force, relating to obligations falling due on or after the date the Fiscal Innocence Law entered into force (January 2, 2026). This benefit requires evidence of prior or simultaneous compliance with the omitted formal obligation, and entails the unconditional acceptance of the tax authority's claim for the non-reduced portion and the waiver of all actions and rights, with the taxpayer bearing any applicable costs. The reduction does not entitle taxpayers to a refund of amounts already paid.

Second, the Law introduces amendments to the RDJS, the most relevant of which are the following:

• The income and net worth caps for joining the regime (previously ARS 1,000,000,000 and ARS 10,000,000,000, respectively) are eliminated. Instead, taxpayers must qualify as tax residents throughout the entire fiscal period covered by the sworn statement, a requirement that does not apply to those joining the regime for fiscal year 2025.
• National Large Taxpayers and individuals who hold or have held certain public offices (including, among others, officials ranking Secretary of State or higher, legislators, city councilors, judges, prosecutors and public defenders, in any jurisdiction) within the five years preceding the exercise of the option to join or remain in the regime may opt into the regime for the sole purpose of filing the sworn statement and paying the tax on time, where applicable, under this modality, without access to the presumption of accuracy, the discharging effect of payment or any other benefit of the regime.
• The concept of “significant discrepancy” is also redefined for RDJS purposes, and its percentage-based test is now measured on the assessed tax rather than on the tax balance. Taking as a reference the amount set forth in Section 1 of the Criminal Tax Regime (currently ARS 100,000,000, an amount to be adjusted annually based on the UVA index as from January 1, 2027), a significant discrepancy will arise from adjustments made by the Tax and Customs Collection and Control Agency (“ARCA”): (a) of no less than 15% of the amount declared, provided that the difference exceeds 5% of such reference amount (i.e., ARS 5,000,000); (b) exceeding such reference amount; or (c) resulting from the use of apocryphal invoices or other documents, or from the improper computation of direct payments (including withholdings, perceptions, payments on account and advance payments), regardless of their amount.
• The scope of the presumption of accuracy for Value Added Tax (“VAT”) purposes is clarified. It covers the non-time-barred periods up to and including December of the year for which the option was exercised. With respect to the monthly periods of that same year, the presumption will apply unless the use of apocryphal invoices or other documents, or the improper computation of direct payments is detected.
• The burden of proving a significant discrepancy lies exclusively with ARCA, which may only rely on the information declared by the taxpayer, the information available in its systems or the information provided by third parties. In addition, until December 31, 2027, the presumptions of unjustified net worth increases and of bank deposits (Section 18(f) and (g) of the TPL) will not apply for purposes of assessing a significant discrepancy; the remaining presumptions and indicia may not be the sole basis for it and may only be used as circumstantial evidence that must be corroborated with such information. As a result, the exclusion of the presumption of unjustified net worth increases, which the Fiscal Innocence Law provided for without a time limit, is now limited to that period.
• For the purposes of determining a significant discrepancy, the difference between the original and the amended simplified sworn statement will not be taken into account, provided that the amended return is filed within 15 business days of notice of the administrative assessment or the ex officio tax assessment (Sections 14 and 17 of the TPL), and that the resulting balance, plus interest, is paid or regularized.
• If the ex officio tax assessment challenging the RDJS is annulled, revoked or set aside by a final or unappealed administrative or judicial decision in favor of the taxpayer, the presumption of accuracy is fully restored for the periods concerned, with retroactive effect, and ARCA must refund any amounts paid, plus interest at the rate applicable to refund claims, within 45 business days of notice of such decision.
• Adherence to the RDJS does not affect audit orders or administrative or ex officio assessment procedures notified before the date of adherence, nor pending administrative appeals or judicial proceedings. However, taxpayers who, before joining the regime, paid or regularized (through payment or a payment plan) the tax and interest arising from ARCA adjustments for Income Tax and/or VAT purposes for the periods covered by the presumption of accuracy will be exempt from the related penalties for tax omission and tax fraud (Sections 45 and 46 of the TPL), unless such penalties were final as of the date of adherence. The exemption requires waiving the right to claim a refund and will be rendered void if the payment plan is terminated.