26/07/2018
ALERTA DE NOVEDADES LEGALES
LEGAL NEWS ALERT
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Arbitraje Internacional
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International Arbitration
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Nueva Ley de Arbitraje Internacional en Argentina
El 4 de julio de 2018 se sancionó la nueva ley de arbitraje internacional. La ley viene a llenar un vacío legislativo que era necesario atender para fomentar las inversiones internacionales en la República Argentina.
La República Argentina no contaba con una ley de esta naturaleza, y el Código Civil y Comercial y los códigos procesales legislaban para los arbitrajes locales, lo que no satisfacía las expectativas internacionales, que requieren reglas específicas y en línea con las aplicables en otras partes del mundo.
La nueva norma, que se inspira en la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, brinda al país un nuevo marco legal para la cooperación y la resolución de conflictos comerciales internacionales, controlando todas las etapas del proceso y en consonancia con los principios mundiales del arbitraje.
Con la sanción de la nueva ley se permite que las partes designen árbitros de cualquier nacionalidad, se establece un procedimiento ágil para que las partes presenten sus reclamaciones y defensas, así como la posibilidad de cursarse comunicaciones y notificaciones por vía electrónica e, incluso, que el acuerdo de arbitraje, que debe ser escrito, conste en una comunicación electrónica en la medida que la información que en ella se consigne sea accesible para su ulterior consulta. Las partes también pueden pactar el idioma del arbitraje y del laudo.
El tribunal arbitral podrá dictar medidas cautelares así como ordenes preliminares y requerir el auxilio de los tribunales judiciales.
Asimismo, el tribunal arbitral podrá decidir sobre su propia competencia.
Del articulado de la ley se advierte la intención del legislador por intentar evitar que se interpongan recursos contra los laudos dictados, permitiendo que el laudo sólo sea cuestionado por vía de nulidad ante los tribunales judiciales y en la medida que quien requiera la nulidad acredite los extremos fijados por la ley para su procedencia.
En cuanto al reconocimiento y ejecución del laudo, se establece que los laudos serán reconocidos como vinculantes cualquiera sea el país en el que se hayan dictado, así como los motivos por los que un laudo no podría ser reconocido o ejecutado, que entendemos taxativos.
Normas similares ya rigen en Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, México, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Costa Rica, Panamá y España.
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New Argentine Law of International Arbitration
On July 4, 2018, an Argentine International Arbitration Law was enacted. The law is very important because it fills a loophole that needed to be addressed in order to encourage international investment in Argentina.
Argentina did not have a law of this nature, and the Civil and Commercial Code and the procedural codes legislated for local arbitrations, which did not meet international standards that require specific rules and in line with those in effect in other international jurisdictions.
The new International Arbitration Law, which is inspired in the Model Law on International Commercial Arbitration of the United Nations Commission for International Trade Law, provides a new legal framework for cooperation and resolution of international commercial conflicts, controlling all stages of the process and in line with the global principles of arbitration.
In accordance with the new law, the parties are allowed to appoint arbitrators of any nationality, a quick procedure is established for the parties to present their claims and defenses, and the possibility of sending communications and notifications electronically is also included. It is also set forth that even the arbitration
agreement, which must be written, may be made in an electronic communication to the extent that the information it contains is accessible for further consultation. The parties can also agree on the language of the arbitration.
The arbitral tribunal may issue precautionary measures as well as preliminary orders and require the assistance of the judicial courts.
Likewise, the arbitral tribunal may decide on its own jurisdiction.
The law's intention is to avoid appeals of the awards and therefore the challenging of the award is only admitted to the extent the nullity of the award is invoked and in that case the party must prove that all the requirements set forth in this new law for the nullity to be declared are met.
Regarding the recognition and enforcement of the award, it is established that the award will be recognized as binding regardless of the country in which it was issued. Besides, the grounds to not recognize or deny enforcement of an award are listed in the new law and we understand they are a numerus clausus. Similar rules already apply in countries such as Brazil, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, México, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Costa Rica, Panamá, and Spain.
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Derecho de Seguros
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Insurance Law
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Modificaciones al régimen de reaseguros introducidas por la Resolución SSN 576
En virtud de las modificaciones realizadas el año pasado al Régimen de Reaseguro, la Superintendencia de Seguros de la Nación (“SSN”), por medio de la Resolución 576/2018 (la “Resolución”), realizó un reordenamiento de la normativa de reaseguro que se encuentra incorporada en el Reglamento General de la Actividad Aseguradora (“RGAA”), en miras a generar un texto ordenado superador.
En tal sentido, se incorporan una serie de modificaciones al RGAA con el fin de adecuarlo al Código Civil y Comercial de la Nación, se efectúan precisiones en la normativa dictada y se realizan aclaraciones respecto de algunos conceptos a efectos de evitar distintas interpretaciones por parte de las entidades sujetas a control de la SSN.
Así, por ejemplo, se define el alcance de los contratos de reaseguro que pueden celebrar las aseguradoras con reaseguradoras admitidas en su totalidad y, a su vez, en el contexto de todas las modificaciones realizadas, se adecúan las obligaciones de los auditores y actuarios externos.
Se destaca el Artículo 2 de la Resolución, el cual dispone que el cálculo de las retrocesiones debe efectuarse sobre las primas de retrocesión por contratos proporcionales (sean estos automáticos o facultativos), netas de gastos de gestión a cargo del retrocesionario y que no se admite deducción alguna del rubro “compromisos técnicos” que provenga de primas de retrocesiones de exceso de pérdida o de cualquier otro tipo de contrato no proporcional.
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Changes to the reinsurance regime
pursuant to Resolution SSN 576
In light of the changes introduced last year to the Reinsurance Regime, the Superintendencia de Seguros de la Nación (“SSN”) made a reorganization of the reinsurance regulations through the enactment of Resolution 576/2018 (the “Resolution”). These changes are included in the General Rules of the Insurance Activity (“GRIA”), in order to generate a more cohesive and superior text.
In this regard, a series of amendments are included into the drafting of the GRIA to adapt it to the National Civil and Commercial Code. Precisions are made in the issued regulations and clarifications regarding some concepts are done to avoid different interpretations by the entities controlled by the SSN.
For instance, the scope of the reinsurance contracts that the insurers can hold with all admitted reinsurers is defined and, likewise, in the context of all the modifications made, the obligations of external auditors and notaries are adjusted.
It should be noted that Section 2 of the Resolution states that the retrocessions calculation must be made over retrocession premiums by proportional contracts (whether they are automatic or optional), net of management costs by the retrocessionaire and that no deduction is allowed from the “technical commitments” section from premiums of retrocessions from excess loss or any other type of non-proportional contract.
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Mercado de Capitales
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Capital Markets
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Actualización de los valores máximos de ingresos para ser considerado una PYME por la CNV _- Resolución General 743/2018
A través de la Resolución General 743/2018 (la “Resolución”), la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) actualizó: (i) los valores máximos de los ingresos totales anuales que no deben superar las empresas que deseen ser consideradas PYME CNV al solo efecto del acceso al mercado de capitales, y (ii) la definición de los ingresos totales anuales establecidos para las PYMES CNV en los artículos 1° y 2° del Capítulo VI del Título II de las NORMAS de acuerdo a lo establecido en la Resolución General CNV 691 la cual había actualizado dichos valores.
La reforma tiene por objeto revisar el monto máximo establecido en el artículo 2° del Decreto 1.087/93, elevando el mismo con el objeto de satisfacer las necesidades financieras de las PYMES. Las principales modificaciones son las siguientes:
- define a los “ingresos totales anuales” como el valor de los ingresos que surja del promedio de los últimos 3 estados contables anuales o información contable equivalente, adecuadamente documentada, excluidos el impuesto al valor agregado, el impuesto interno que pudiera corresponder y deducidos los ingresos provenientes del exterior que surjan de los mencionados estados contables o información contable hasta un máximo del 75% de dichas exportaciones;
- dentro de la consideración de PYMES CNV, elimina a las entidades que brinden servicios públicos, y
- establece como nuevo monto máximo en circulación de las emisoras PYMES CNV la suma de AR$200.000.000 o su equivalente en otras monedas, eliminando la referencia que se hacía al monto indicado en el Decreto 1.087/93 y modificatorios.``
Incorporación de la figura del Emisor Frecuente en el mercado de capitales a través de la Resolución General 746/2018
A través de la Resolución General 746/2018 (la “Resolución”), la CNV incorporó la figura de Emisor Frecuente (“EF”) en el mercado de capitales, la cual contribuirá a simplificar los procesos de autorizaciones de oferta pública de quienes sean autorizados como tales. Asimismo, realizó una revisión integral de la normativa aplicable a los trámites de autorización de oferta pública de valores negociables, la modificación del modelo de Prospecto y la incorporación de un modelo de Suplemento de Prospecto.
Las principales características que incorpora el régimen de EF son las siguientes: (i) crea un acceso especial a la Autopista de Información Financiera (la “AIF”), a fin de que se realicen las presentaciones de los documentos de la oferta, el Prospecto y el Suplemento de Prospecto, evitando, de esta manera, las presentaciones de dichos documentos en papel; (ii) da la posibilidad de solicitar el registro como EF a aquellas entidades que hayan realizado en los 24 meses anteriores a la solicitud de registro dos emisiones de acciones y/o de obligaciones negociables bajo el régimen de oferta pública; (iii) una vez registrado, el EF deberá informar a la Comisión su intención de efectuar una colocación por oferta pública de acciones y/o de obligaciones negociables bajo este régimen, con una anticipación de 5 días hábiles a la publicación del aviso de suscripción, mediante la presentación de una nota suscripta por el representante legal y/o apoderado; (iv) dentro de los 5 días de finalizado el período de colocación de cada emisión, el EF deberá presentar ante la Comisión la documentación específica que establecen las Normas, permitiendo que la publicación del aviso del Artículo 10 de la Ley de Obligaciones Negociables sea realizada mediante publicación en la AIF; y (iv) dentro de los 4 meses de cierre de su ejercicio financiero anual, el EF deberá actualizar -anualmente- el Prospecto mediante la presentación de un nuevo documento a ser ingresado en la AUTOPISTA DE INFORMACIÓN FINANCIERA como información restringida a la CNV, para su autorización.
Asimismo, incorpora una nueva Sección referida al “Suplemento de Prospecto” explicando en qué consiste dicho documento y como debe ser confeccionado. En cuanto al modelo de Prospecto, la Resolución introduce entre otras, las siguientes modificaciones: (i) modifica el índice del Prospecto, (ii) en el apartado “Factores de Riesgo”, establece enunciativamente algunos de ellos y define los contenidos de las secciones Políticas de la Emisora y de información financiera.
Nuevo régimen de la CNV de Obligaciones Negociables para financiamiento de proyectos
La CNV sancionó la Resolución 747/2018 (la “Resolución”) que establece un régimen diferenciado de oferta pública para la emisión de Obligaciones Negociables que tengan como destino el financiamiento de proyectos y cuyos riesgos se vinculen estrictamente a los resultados del proyecto financiado. Algunas de las disposiciones más importantes de la Resolución son las siguientes:
- Quedan comprendidos dentro de esta regulación las obligaciones negociables emitidas por el sector público o privado que sean estructurados a través de sociedades constituidas exclusivamente a tal efecto (el vehículo de propósito especial o “SPV”, por sus siglas en inglés) por una o más entidades (los “Patrocinadores”). Conforme a lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales, no están comprendidas dentro de esta regulación las emisiones realizadas por entes públicos.
- El acta constitutiva del SPV deberá definir las características generales de los proyectos, los cuales deberán desarrollarse dentro del territorio nacional.
- Adicionalmente a las exigencias comunes a cualquier emisión de Obligaciones Negociables, se dispone la exigencia de información específica vinculada con el proyecto, incluido el estudio de la factibilidad financiera del proyecto, la estructura del financiamiento, el plan de inversión, el detalle de la organización y la estructura administrativa del proyecto, el flujo de fondos, los riesgos asociados al proyecto, entre otros.
- El SPV deberá ser el titular del flujo de fondos de los proyectos a financiarse, el cual deberá consistir en ingresos o cobros conocidos o susceptibles de estimación, libres de todo gravamen.
- Las Obligaciones Negociables emitidas bajo este régimen solamente podrán ser adquiridas por inversores calificados.
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Update of the maximum values of income that shall not be exceeded by companies aiming to be considered as CNV Small and Medium-sized Enterprises (“SMEs”) by the CNV by means of General Resolution 743/2018
By virtue of General Resolution 743/2018 (the "Resolution") issYHNJMKued by the National Securities Commission (the “CNV”) updated: (i) the maximum values of the total annual income that shall not be exceeded by companies aiming to be considered as CNV Small and Medium-sized Enterprises (“SMEs”) for the sole purpose of accessing the capital market, and (ii) the definition of the total annual income established for CNV SMEs in articles 1 and 2 of Chapter VI of Title II of the CNV RULES, in accordance with the provisions of CNV General Resolution 691, pursuant to which such values had been updated.
The purpose of the reform is to review the maximum amounts established in article 2 of Decree 1,087/93, increasing it in order to meet the financial needs of the SMEs. Below are the main changes:
- “total annual income” is defined as the average value of income arising from the last 3 annual financial statements or equivalent accounting information, properly documented, excluding the Value Added Tax, any applicable internal tax, less any foreign income arising from such financial statements or accounting information, up to a maximum of 75% of such exports;
- entities that provide public services are excluded from the consideration of CNV SMEs, and
- the new maximum outstanding amount allowed for the CNV SMEs cannot exceed AR$200,000,000 or its equivalent in other currencies, eliminating the reference made to the amounts indicated in Decree No. 1.087/93, as amended.
Incorporation by General Resolution 746/2018 of the the Frequent Issuer figure in the capital markets
It also includes a new section related to the "Prospectus Supplement" explaining the content of such document and how it should be drafted. Regarding the Prospectus form, the Resolution establishes, among other, the following provisions: (i) it modifies the Prospectus index, (ii) it expressly establishes some risk factors to be included and defines the content of the Issuer's policies and financial information sections.
"AIF") in order to file offer-related documents, the Prospectus and the Pricing Supplement, thus avoiding the filing of hard copies of such documents; (ii) it regulates the registration as FIs of companies which have made at least two shares and/or bonds issuances under the public offering regime within the last 24 months prior to the application; (iii) once registered, the FI must inform the CNV of its intention to make a public
offering of shares and/or debt securities under this regime, by submitting a note signed by the legal representative and/or attorney-in-fact at least 5 business days prior to the publication of the subscription notice; (iv) within 5 days after the placement period of each issuance has ended, the FI must submit to the CNV the specific documentation required in the Resolution, allowing the publication of the notice under Section 10 of Law 23,576 of Securities to be published directly at the AIF; and (v) within 4 months of the end of its financial year, the FI must update the Prospectus by submitting an updated document to be filed with the CNV through the AIF as restricted information, for its authorization by the CNV.Autopista de Información Financiera,The main features of the FI regime are the following: (i) it creates a special access to the CNV’s Financial Information Highway
By means of General Resolution 746/2018 (the “Resolution”), the CNV incorporated the Frequent Issuer ("FI") figure in the capital markets, with the purpose of simplifying the public offering authorization process for those registered under such figure. It also conducted a comprehensive review of the regulations applicable to the authorization procedures regarding public offering of shares and/or bonds, the modification of the Prospectus form, and the incorporation of a Prospectus Supplement form.
New Project Bond Regulation of the CNV
The CNV enacted the Regulation 747/2018 (the “Regulation”) that establishes a special regime for the public offering of bonds which proceeds are directed to finance projects and whose risks are tied to the results of the project financed (the “Project Bonds”). Some of the main provisions of the Regulation are the following:
- The Regulation comprises all bonds issued by the public and private sector, structured through a special purpose vehicle (the “SPV”) by one or more entities (the “Sponsors”). Pursuant to Section 83 of Law 26,831 of Capital Markets, the offering of Securities by public entities are excluded of this Regulation.
- The SPV’s articles of incorporation should set the general description of the projects to be financed, which must be developed inside the Argentine territory.
- In addition to the CNV’s requirements common to any bond issuance, it requires the submission of specific information related to the project, including a financial feasibility study, a financing structure, an investment plan, a description of the project organization and administrative structure, the cash flow projections, and the risks factors related to the project, among others.
- The SPV should be the owner of the cash flow of the project, which should consist in calculable revenues or collections, free of any lien.
- The Project Bonds shall be subscribed only by qualified investors in accordance with the CNV regulations.
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Defensa del Consumidor
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Consumer Protection Law
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Creación de la figura del Defensor del Cliente, figura que los proveedores pueden voluntariamente implementar en su organización interna
Mediante la Resolución 394/2018, la Secretaría de Comercio creó la figura del “Defensor del Cliente”, figura que los proveedores pueden incorporar voluntariamente a su organización interna.
Esta figura tiene por finalidad que los proveedores atiendan y, en su caso, resuelvan las quejas y/o reclamos de sus consumidores en forma simple y expeditiva.
En forma previa a la puesta en marcha de la figura del “Defensor del Cliente”, cada proveedor deberá redactar un reglamento de funcionamiento y de procedimiento para la tramitación de los reclamos de los consumidores, que deberá contar con la homologación de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Luego de su implementación, los proveedores deberán presentar ante la autoridad administrativa informes trimestrales.
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Creation of the "Client’s Defender" figure, a figure that suppliers can voluntarily implement in their internal organization
Through Resolution 394/2018, the Secretariat of Commerce created the "Client’s Defender" figure, a figure that suppliers can voluntarily incorporate into their internal organization.
This figure aims to receive and, if applicable, resolve consumers’ complaints and / or claims in a simple and quick manner.
Prior to the implementation of the “Client’s Defender” figure, each supplier must draft an operating and procedural handbook for the processing of consumer complaints, which must be approved by the Administrative Authority. After its implementation, suppliers must file quarterly reports with the Administrative Authority.
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Derecho Societario
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Corporate Law
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IGJ adopta las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”)
La Inspección General de Justicia (“IGJ”) aprobó la Resolución IGJ 4/2018 (la “Resolución”) mediante la cual se establece que las sociedades por acciones y las de responsabilidad limitada que tengan un capital superior a $10.000.000 podrán optar por presentar ante dicho organismo sus estados contables bajo Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”).
Consecuentemente, las sociedades nacionales podrán ser gobernadas por las mismas normas que las extranjeras, permitiendo de esta forma la homogeneidad de la documentación contable, facilitando la preparación y comparación de los mismos.
Cabe recordar que, con anterioridad a la Resolución, la IGJ admitía la presentación de balances bajo NIIF únicamente para aquellas sociedades controladas, controlantes, subsidiarias o vinculadas a las que hacen oferta pública de sus acciones o debentures.
Asimismo, la Resolución establece los lineamientos que deberán cumplir las sociedades en el primer ejercicio económico en que resuelvan emitir sus estados contables bajo NIIF.
La referida Resolución entró en vigencia el 28 de junio de 2018.
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IGJ implements the International Financial Reporting Standards ("IFRS")
The Inspección General de Justicia ("IGJ") approved Resolution IGJ 4/2018 (the "Resolution") by means of which it is established that joint stock companies and limited liability companies with capital exceeding AR$ 10,000,000 may opt to submit its financial statements under International Financial Reporting Standards ("IFRS").
Consequently, Argentine companies can be governed by the same rules as foreign companies. This will allow the homogeneity of accounting documents as well as it will facilitate the preparation and comparison of said documents.
Prior to the Resolution, IGJ admitted balance sheets under IFRS only for those companies controlled, controlling, subsidiary or related to companies making public offer of their shares or debentures.
Likewise, the Resolution establishes the guidelines that companies must comply with in the first financial year in which they resolve to issue their financial statements under IFRS.
The referred Resolution entered into force on June 28, 2018.
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Registro Nacional de Precursores Químicos - Marco Regulatorio
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National Registry of Chemical Precursors - Regulatory Framework
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Ampliación de plazo para presentación de informes ante el RENPRE
El Ministerio de Seguridad dictó la Resolución 489/2018 mediante la cual se resolvió ampliar de 10 días hábiles a 15 días hábiles el plazo para la presentación de informes ante el RENPRE (Registro Nacional de Precursores Químicos) correspondientes al primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del año 2018 (modificando así el plazo establecido en el Decreto 1095/96 y reglamentarios).
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Extension of term to file reports with the RENPRE
The Ministry of Security enacted Resolution 489/2018 by means of which the period for filing reports with the RENPRE organism (National Registry of Chemical Precursors) was extended from 10 working days to 15 working days. This extension applies to the first, second, third and fourth quarters of 2018 (as a result, the period regulated by Decree 1095/96 and the corresponding regulatory sections were amended).
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Fallo Uber: El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (“CABA”) dictaminó que un tribunal de CABA no tiene competencia para afectar la libertad de acceso y elección de los usuarios de internet de toda la República Argentina
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (el “Tribunal Superior”), analizó la legitimidad de la medida cautelar dictada por el tribunal inferior – Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas- que había extendido a todo el territorio de la República Argentina el bloqueo de la página web y las plataformas digitales, aplicaciones y todo otro recurso tecnológico que permitiera contratar y/o hacer uso de Uber.
El Tribunal Superior sostuvo que la medida era ilegítima por exceder las competencias jurisdiccionales emanadas de la Constitución de la CABA, en tanto fue dictada por jueces de CABA pero con efecto en todas las provincias, y por afectar desproporcionalmente derechos tales como el derecho humano a las comunicaciones y el acceso e intercambio de información, la obtención de conocimientos y transmisión de ellos mediante la utilización de contenidos, herramientas y de aplicaciones; y la posibilidad de cualquier usuario de esa red global (internet) de comunicarse o desenvolverse libremente en ella.
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Uber ruling: The Superior Court of Justice of the City of Buenos Aires ("CABA") ruled that a CABA court has no jurisdiction to affect the freedom of access and choice of Internet users throughout the Argentine Republic
The Superior Court of Justice of CABA (the “Supreme Court”) analyzed the legitimacy of the measure issued by the Criminal and Contraventional CABA Court of Appeals, which had extended to all the Argentine Republic the blocking of Uber’s website and digital platforms, apps and any other technological resource that would allow hiring and / or making use of Uber’s services.
The Supreme Court held that the measure was illegitimate because it exceeded the jurisdictional competences set forth in CABA Constitution, as it was enacted by CABA judges but with effect in all the Argentine provinces, and because it disproportionately affected rights such as the human right to communicate, access and exchange information, as well as the acquisition of knowledge and its transmission through the use of content, tools and apps; and the possibility of any user of that global network (internet) to communicate or freely interact in it.
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