16/04
ALERTA DE NOVEDADES LEGALES
LEGAL NEWS ALERT
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Derecho Internacional
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International Law
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Adhesión de la República Argentina al Protocolo del Acuerdo del Grupo Mundial del Comercio del Vino de 2007 sobre Requisitos para el Etiquetado de Vinos para la Tolerancia del Alcohol, Años de cosecha, Variedad y Regiones Vinícolas (el “Protocolo”)
El Protocolo se enmarca dentro de otros acuerdos internacionales ya ratificados por Argentina (entre los que se puede mencionar el Acuerdo del Grupo Mundial del Comercio del Vino sobre requisitos para el etiquetado de vinos, suscripto en Canberra, Australia, el 23 de enero de 2007).
Mediante este Protocolo lo que se busca es homogeneizar la información a proveer en las etiquetas en tanto se reconoce que las diferencias en los requisitos reglamentarios del etiquetado, que tienen los distintos países, contribuye a la complejidad y al costo del comercio internacional del vino.
En este sentido, en el Protocolo se definen los términos de “contenido de alcohol”, “tolerancia del alcohol”, “año de cosecha”, “variedad”, “región vinícola”, entre otros y se disponen los requisitos de las etiquetas.
Finalmente, se indica que los estados partes del Protocolo deberán permitir la importación y venta del vino que cumpla con los requisitos del Protocolo.
Mediante el Decreto N° 172/2019 se introduce la apostilla electrónica. Además, la Secretaría de Modernización Administrativa impone la obligación de que la legalización se realice utilizando las nuevas plataformas.
Mediante el Decreto N° 172/2019 se implementó, con vigencia a partir del 1 de marzo de 2019, la utilización del Sistema de Gestión Documental Electrónica (“GDE”) para las legalizaciones destinadas a otorgar validez internacional a los documentos públicos.
Asimismo, también con vigencia a partir del 1 de marzo de 2019 se implementó la Apostilla Electrónica para legalizar los documentos públicos generados o reproducidos en soporte electrónico, digitalizados y considerados originales, conforme la legislación nacional vigente.
Por otro lado, mediante la Resolución N° 30/2019, la Secretaría de Modernización Administrativa dispuso que a partir del 15 de abril de 2019 será obligatorio el uso del sistema de GDE o de trámites a distancia (TAD), según corresponda, para las legalizaciones y que dichas legalizaciones deberán ser firmadas digitalmente por las personas autorizadas.
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Argentina adhered to the Protocol of the World Wine Trade Group Agreement of 2007 on Requirements for the Labeling of Wines for Alcohol Tolerance, Years of Harvest, Variety and Wine Regions (the "Protocol")
The Protocol is framed within other international agreements already ratified by Argentina (among which it can be mentioned the Agreement of the World Wine Trade Group on requirements for wine labeling, signed in Canberra, Australia, on January 23, 2007).
Through this Protocol, what is sought is to homogenize the information to be provided on the labels while recognizing that the differences in the regulatory requirements for labeling in the different countries contributes to the complexity and cost of international wine trade.
In this sense, the Protocol defines the terms "content of alcohol "," alcohol tolerance "," year of harvest "," variety ","wine region", among others and the requirements of the labels are agreed upon.
Finally, it is indicated that the states parties to the Protocol must allow the import and sale of wine that meets the requirements of the Protocol.
By means of the Decree N° 172/2019 the electronic apostille is introduced to Argentine regime. Besides, the Administrative Modernization Secretariat imposes the obligation for legalization to be carried out using the new platforms.
By means of Decree N° 172/2019, the use of the Electronic Document Management System ("GDE") was implemented with effect from March 1, 2019 for the legalizations intended to grant international validity to public documents.
Likewise, with effect from March 1, 2019, the Electronic Apostille was implemented to legalize public documents generated or reproduced in electronic way, digitized and considered original, in accordance with current national legislation.
On the other hand, through Resolution N° 30/2019, the Secretariat for Administrative Modernization established that as of April 15, 2019, the use of the GDE system or remote procedures (TAD), as appropriate, will be mandatory for legalizations and that these legalizations must be digitally signed by the authorized persons.
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Reglamentación de la Ley N° 25.506 de Firma Digital
Mediante el Decreto N° 182/2019 se reglamentó la Ley de Firma Digital (el “Decreto”). Entendemos que el propósito del Decreto es aclarar, estableciendo ciertas pautas, los sistemas ya existentes para obtener la firma digital. En este sentido, se fijan los requisitos y controles específicos que deben tener:
- Certificadores licenciados: entidades públicas o privadas habilitadas para emitir certificados digitales. Actualmente existen 10 certificados licenciados en Argentina, 6 de los cuales son entes privados. En el siguiente link se detallan los certificadores licenciados.
- Autoridades de registro: tienen la función de validación de identidad y de otros datos de los solicitantes y suscriptores de certificados, registrando las presentaciones y trámites que les sean formulados. Las actuales Autoridades de Registro se encuentran en el siguiente link.
Las autoridades de registro verifican la identidad, pero los certificados digitales los otorgan los certificadores licenciados.
Por otro lado, el Decreto hace expresa mención de los “Servicios de Confianza”, que serían aquellos relativos a la conservación de archivos digitales, la custodia de declaración de voluntad realizadas en formato electrónico, notificaciones realizadas en formato electrónico, blockchain, conservación de smart contracts, servicios de autenticación electrónica, servicios de identificación digital, etc.
Asimismo, se determina que la exigencia legal de conservar documentos queda satisfecha con la conservación de los correspondientes documentos digitales firmados digitalmente siempre y cuando se garantice su integridad, accesibilidad y disponibilidad.
Finalmente, y a fin de agilizar el comercio internacional, se promueve la suscripción de acuerdo de reciprocidad con gobiernos de países extranjeros para el reconocimiento de los certificados digitales emitidos por certificadores de ambos países.
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Regulation of Law N° 25,506 of Digital Signature
Decree N° 182/2019 regulated the Digital Signature Law (the "Decree"). We understand that the purpose of the Decree is to clarify, establishing certain guidelines, the existing systems to obtain the digital signature. In this sense, the Decree sets the specific requirements and controls that the following entities must have:
- Licensed certifiers: public or private entities authorized to issue digital certificates. Currently there are 10 certificates licensed in Argentina, 6 of which are private entities. In the following link the licensed certifiers are detailed.
- Registration authorities: they have the function of validating the identity and other data of the applicants and subscribers of certificates, registering the filings and procedures that are formulated. The current Registration Authorities can be found at the following link.
Registration authorities verify identity, but digital certificates are granted by licensed certifiers.
On the other hand, the Decree makes express mention of the "Confidence Services", which would be those related to the preservation of digital files, the custody of declaration of will made electronically, notifications made in electronic format, blockchain, conservation of smart contracts, electronic authentication services, digital identification services, etc.
Likewise, it is determined that the legal requirement to conserve documents is satisfied with the preservation of the digital documents signed digitally provided that their integrity, accessibility and availability are guaranteed.
Finally, and in order to expedite international trade, the signing of a reciprocal agreement with foreign governments is promoted for the recognition of digital certificates issued by certifiers of both countries.
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Mercado de Capitales
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Capital Markets
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Resolución General N° 789/2019
A través de la Resolución General N° 789/2019 (la “Resolución”), la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), reglamentó, por un lado, el artículo 62 bis que la Ley N° 27.440 de Financiamiento Productivo (“Ley de Financiamiento Productivo”) introdujo a la ley N° 26.831 de Mercado de Capitales (“Ley de Mercado de Capitales”) con el objetivo de habilitar la participación de las personas jurídicas extranjeras en las asambleas de sociedades por acciones a través de mandatarios debidamente instituidos, sin otra exigencia registral y; por otro lado, el artículo 21 de la Ley de Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo Productivo de la Nación N° 27.444 (la “LSDDPN”) que introdujo modificaciones al artículo 61 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (la “Ley General de Sociedades”) permitiendo que los libros societarios y contables puedan ser llevados por medios digitales.
Respecto a la simplificación de los requisitos para la Asamblea, la Resolución definió al concepto de “mandatario debidamente instituido” dotándolo de la capacidad de participar en las asambleas de sociedades por acciones, sin otra exigencia registral, en representación de las personas jurídicas extranjeras. De esta forma, se entiende por mandatario debidamente instituido:
a) al Representante Legal en la República Argentina;
b) al mandatario con facultades suficientes para el acto conforme poder otorgado por el Representante Legal en la República Argentina, en los términos previstos en el artículo 239 de la Ley N° 19.550;
c) al mandatario debidamente facultado para el acto conforme poder otorgado en la República Argentina y por persona autorizada para ello de acuerdo a las normas de su país, en los términos del artículo 239 de la Ley General de Sociedades; y
d) al mandatario debidamente facultado para el acto conforme poder otorgado en el extranjero por persona autorizada, cumpliendo con los requisitos de autenticación legal en el país de origen, en los términos del artículo 239 de la Ley General de Sociedades y las normas correspondientes de otorgamiento de validez en la República Argentina de documentos confeccionados en otros países, debiendo contar con apostilla correspondiente para el caso de entidades constituidas y/o registradas en países incorporados al régimen de la “Convención de la Haya de 1961 sobre eliminación del requisito de la legalización de documentos públicos extranjeros” o legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y, si procediere, traducida a idioma nacional por traductor público matriculado, con su firma legalizada por colegio o entidad profesional”.
En relación a la posibilidad de que las Sociedades puedan llevar los libros societarios a través de medios digitales, la Resolución establece que aquellas sociedades cuyo registro de acciones escriturales sea llevado por alguno de los sujetos enunciados en el artículo 208 de la Ley General de Sociedades, podrán utilizar para el registro del depósito de acciones y asistencia a asamblea, en oportunidad de cada asamblea, el listado de accionistas emitido por la entidad a cargo del registro de acciones escriturales en formato papel siempre que dicho documento contenga la información requerida por el artículo 238, tercer párrafo, de la Ley General de Sociedades y siempre que se indiquen los datos requeridos por los artículos pertinentes del Capítulo II del Título II de la Normas (N.T. 2013 y mod.) y sea firmado en forma ológrafa por los accionistas asistentes o sus representantes, en su caso.
Una vez completo el registro de asistencia a la asamblea, dichas sociedades deberán digitalizar el documento y agregar este archivo digital en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea, llevado por un sistema de registración computarizado. Deberán asimismo, conservar el documento original en formato papel, en su sede social.
La Resolución establece en los artículos siguientes el procedimiento que deberán cumplir las Sociedades que opten por el sistema de registración computarizado, el cual deberá ser autorizado previamente por la CNV.
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General Resolution N° 789/2019
The National Securities Commission (Comisión Nacional de Valores or the “CNV”), issued Resolution No° 789/2019 (the “Resolution”) which regulates article 62 bis of Productive Financing Law N° 27,440, which amends Capital Markets Law No. 26,831 ("Capital Markets Law") with the objective of allowing foreign legal entities to participate in shareholders meetings through duly instituted agents and without further registration requirements. Additionally, such Resolution regulates article 21 of Simplification and Debureaucratization Law for the Productive Development of the Nation N° 27,444 (Ley de Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo Productivo de la Nación or the "Simplification Law") which introduced modifications to article 61 of Corporations Law No. 19,550 (the "Corporations Law") allowing corporate and accounting records to be kept digitally.
Regarding the simplification of the requirements for Shareholders’ meetings, the Resolution defined the figure of "duly instituted agent" enabling them to participate in shareholders’ meetings, without further requirements, on behalf of foreign companies. The Resolution defined duly instituted agents as:
a) the Legal Representative in the Republic of Argentina;
b) the agent with sufficient capacity appointed by means of a power of attorney granted by the Legal Representative in the Republic of Argentina, pursuant to the terms set forth in article 239 of Corporations Law;
c) the agent duly authorized by means of a power of attorney granted in the Republic of Argentina by a person authorized to do so according to the rules of their country, pursuant to the terms of Corporations Law article 239; and
d) the agent duly authorized by means of a power of attorney granted abroad by an authorized person, in compliance with any legal authentication requirements in force in its country of origin, pursuant to the terms of Corporations Law article 239 and the applicable rules regarding the local effect of documents subscribed in
foreign countries, with the corresponding apostille in case of legal entities incorporated and/or registered in countries adhering to the regime of “The Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents”, or legalized by the Ministry of Foreign Affairs and, if applicable, translated into spanish by a registered public translator, with their signature legalized by a college or professional entity.
As for the possibility for Companies to keep digital corporate records, pursuant to the abovementioned Resolution any company keeping its book-entry shares registry by any of the entities mentioned in of Corporations Law article 208, are allowed to record the deposit of shares and attendance at general meetings through a shareholders list issued by such entity in charge of the book-entry shares registry, in paper, provided that said document contain the information required by Corporations Law article 238, third paragraph, and as long as the data required by the relevant articles of the CNV Rules, Title II, Chapter II is indicated and the document contains the holographic signature of the attending shareholders or their representatives, if applicable.
Once the record of attendance at the meeting has been completed, said companies must digitize the document and add such digital file in the Shares Deposit and Attendance to Shareholders’ meetings Book, duly kept by a computerized registration system. The original document in paper must be kept at their registered office as well.
The Resolution also establishes the procedure to be followed by the Companies that choose the computerized registration system, which must be previously authorized by the CNV.
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| Derecho de Aviación |
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Aviation Law
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La Administración Nacional de Aviación Civil (“ANAC”) introduce cambios importantes en aspectos regulatorios
Por medio del dictado de la Resolución N° 180/2019, la ANAC busca avanzar en la implementación del medio electrónico a fin de establecer un proceso que se adapte a las necesidades actuales y en consonancia con las normas y procedimientos de la práctica internacional.
De este modo, la Resolución N° 180/2019 revoca la normativa dictada previamente con relación a los procesos para obtener la aprobación de las programaciones horarias de los vuelos y toda otra presentación vinculada a la notificación de los cambios en los vuelos (por cancelaciones y/o demoras) ya aprobados.
Conforme la nueva Resolución N° 180/2019, las presentaciones sólo podrán ser realizadas mediante una única casilla de correo electrónica, la cual deberá comunicarse a la Dirección de Explotación de Servicios Aerocomerciales de la ANAC.
Por último, dado que la Resolución N° 180/2019 deroga la Resolución N° 764/2010 que establecía el procedimiento para solicitar la Base de Operaciones y Amarre, la Resolución N° 195/2019, establece los nuevos requisitos y el procedimiento para obtener la Base Principal de Operaciones, la cual es necesaria para obtener el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos.
De esta forma, la ANAC actualiza en materia regulatoria aspectos procedimentales que buscan asegurar una mayor inmediatez en la comunicación y respuesta de las partes.
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The National Civil Aviation Administration ("ANAC") introduces important changes in regulatory matters
Through the issuance of Resolution N° 180/2019, the ANAC seeks to advance the implementation of electronic means of communication in order to set a process more in line with current needs and with the rules and procedures of international practice.
In this sense, Resolution N° 180/2019 revokes the regulations previously issued in relation to the processes to obtain the approval of the flights time schedules and any other presentation related to the notification of the changes to flights (for cancellations and / or delays ) already approved.
Pursuant to the new Resolution N° 180/2019, the presentations can only be made through a single electronic mail account, which should be communicated to the Dirección de Explotación de Servicios Aerocomerciales of the ANAC.
Finally, given that Resolution N° 180/2019 revokes Resolution N° 764/2010 that established the procedure to request the Base of Operations and Mooring, Resolution N° 195/2019 establishes the new requirements and the procedure to obtain the Main Operations Base, which is necessary to obtain the Air Services Operator Certificate.
In this way, the ANAC updates procedural aspects in regulatory matters that seek to ensure greater immediacy in the communication and response of the parties.
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Derecho Laboral
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Labor Law
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Proyecto de ley sobre regulación del empleo no registrado
Roberto Basualdo de Cambiemos San Juan presentó un proyecto de ley sobre regulación del empleo no registrado, contra la evasión en la seguridad social y registración laboral (el “Proyecto”).
Dicho Proyecto guarda similitud con uno de los capítulos de la reforma laboral amplia que impulsara el gobierno en 2016, que luego fracasara por falta de apoyo sindical.
Contempla el blanqueo de relaciones laborales no registradas o indebidamente registradas iniciadas con anterioridad a la ley.
La registración importa la extinción de la acción penal y la liberación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza correspondientes a la regularización, al igual que la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
Frente a los organismos de la seguridad social, la regularización dentro de los 365 días corridos contados desde la fecha de reglamentación de la ley, importará la condonación del 100% de la deuda por capital e intereses.
Los empleados comprendidos en la regularización podrán computar a los fines previsionales hasta 60 meses de servicios con aportes.
El Proyecto alcanza a deudas que se encuentren controvertidas en sede administrativa, contencioso administrativa o judicial.
De constatarse la existencia de relaciones laborales no declaradas o irregularmente registradas con posterioridad al acogimiento a la regularización, se producirá el decaimiento de los beneficios otorgados, debiendo los empleadores ingresar la proporción de la deuda condonada, más los intereses y las sanciones correspondientes.
Los empleadores que adhieran al proceso de regularización, gozarán respecto de los empleados regularizados y por el plazo de dos años contados a partir de la registración, de la exención de contribuciones por el monto regularizado.
En el capítulo referido a la promoción del empleo, establece que los empleadores que durante el plazo de 365 días corridos contados desde la fecha de reglamentación de la ley, den inicio a nuevas relaciones laborales, gozarán respecto de las mismas y por el plazo de dos años de la exención de contribuciones con destino al sistema previsional.
Modifica los artículos 7, 8, 9, 10 y 15 de la ley 24.013, reduciendo considerablemente las indemnizaciones agravadas que contemplan dichas disposiciones, estableciendo el pago de una indemnización agravada a favor del empleado alcanzado del 25% del salario mínimo vital y móvil por cada período mensual no registrado o indebidamente registrado. Dispone asimismo que el empleador deberá depositar un importe igual a favor de la Seguridad Social.
Por último, el Proyecto simplifica lo relacionado al otorgamiento del certificado de servicios y remuneraciones.
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Draft law on non-registered employment regulation
Roberto Basualdo from Cambiemos San Juan filed a draft law on regulation of unregistered employment, against evasion in social security and labor registration (the “Draft of Law”).
This Draft Law is similar to one of the chapters of the broad labor reform promoted by the government in 2016, which would later fail due to lack of union support.
It contemplates the laundering of unregistered or improperly registered labor relations initiated prior to the law.
The registration concerns the extinction of the criminal action and the release of the infractions, fines and sanctions of any nature corresponding to the regularization, as well as the deregistration of the Employers with Labor Sanctions Registry (REPSAL).
In front of the social security organisms, the regularization within the 365 calendar days counted from the date of regulation of the law, will import the cancellation of 100% of the debt by capital and interests.
The employees included in the regularization will be able to count up to 60 months of services with contributions for pension purposes. Debts that are under discussion in administrative or judicial proceedings fall within the scope of application of the Draft Law.
If the existence of unreported or irregularly registered employment relationships is verified after the acceptance of the regularization, the benefits granted will decline, with employers having to payed the proportion of the debt forgiven, plus interest and the corresponding penalties.
Employers who adhere to the regularization process, will enjoy regularized employees and for a period of two years from the registration, the exemption of contributions for the regularized amount.
In the chapter referring to the promotion of employment, it establishes that employers who, during the term of 365 calendar days counted from the date of regulation of the law, hire new people, will be granted for a period of two years with the exemption of paying pension contributions.
The Draft of Law modifies sections 7, 8, 9, 10 and 15 of Law N° 24,013, considerably reducing the aggravated indemnities contemplated by these provisions, establishing the payment of an aggravated compensation in favor of the employee reached of 25% of the vital and mobile minimum wage for each unregistered or improperly registered monthly period. It also provides that the employer must deposit an equal amount in favor of Social Security.
Finally, the Draft of Law simplifies what is related to the granting of the service and remuneration certificate.
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Derecho Impositivo
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Taw Law
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación abre su competencia originaria en causas en que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea parte
El 4/04/2019 en la causa “Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/Provincia de Córdoba s/Ejecución fiscal”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la prerrogativa de litigar en instancia originaria ante el Alto Tribunal.
Concretamente, el Gobierno de la Ciudad inició un juicio ejecutivo contra la Provincia de Córdoba en el Juzgado de 1a Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad (N°24) por el cobro de una deuda originada en la prestación de servicios médicos en hospitales del Gobierno de la Ciudad a beneficiarios derivados por Córdoba.
El tribunal local, a instancias de la demanda, se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese escenario la Corte, por mayoría de cuatro votos, luego de repasar el estatus constitucional de la Ciudad a partir de las sucesivas reformas de la Constitución Nacional, explicó que a partir de la reforma de 1994, la Ciudad adquirió el estatus de “ciudad constitucional federada”, al integrar el sistema federal argentino conjuntamente con el Estado nacional, las provincias y los municipios locales, y por ende, la aptitud para ejercer como actor/sujeto en el federalismo argentino. Y así concluyó que “la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el mismo puesto que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales, y por lo tanto, el mismo derecho a la competencia originaria de la Corte para dirimir las controversias que pudiere tener con las provincias en los términos del art 117 de la Constitución Nacional”. Y aclaró que “el carácter estricto con el que esta Corte interpreta el art 117 de la Constitución Nacional no debe postularse como un obstáculo para conceder a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el privilegio federal de litigar en instancia originaria”.
Si bien el fallo se refiere a una causa entre la Ciudad y una provincia, las consideraciones efectuadas en la sentencia sobre el estatus constitucional y la igualdad con las provincias hacen presumir que la Corte Suprema también admitirá su competencia originaria en casos en que los contribuyentes demanden a la Ciudad por cuestiones tributarias, siempre que la demanda guarde relación directa e inmediata con cuestiones exclusiva y estrictamente federales, y no involucre la interpretación de normas locales.
Posibilidad de reclamar la aplicación del Ajuste por Inflación en el Impuesto a las Ganancias
I. Ilegitimidad de la suspensión del ajuste por inflación
La sanción del régimen de convertibilidad implicó la suspensión, desde abril de 1992, del mecanismo de ajuste impositivo por inflación establecido en la Ley del Impuesto a las Ganancias. Ello, considerando el proceso inflacionario existente en el país durante los últimos 16 años, generó que el impuesto a las ganancias recayera sobre resultados meramente nominales adquiriendo, en algunos casos, carácter confiscatorio.
Ante esta situación no fueron pocos los tribunales judiciales que declararon que resulta confiscatorio el impuesto determinado sin aplicar el mecanismo de ajuste. En tal sentido, en el precedente “Candy SA”, uno de los casos líderes en la materia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que la suspensión del mecanismo de ajuste por inflación resulta inaplicable ante la comprobación que la alícuota efectiva del impuesto a las ganancias absorbe una parte sustancial de la renta o capital del contribuyente, configurando un caso de confiscatoriedad. A dicho precedente le siguieron otros en los que se hizo lugar a los reclamos judiciales en los que se logró acreditar dicho extremo confiscatorio.
Respecto de los períodos fiscales iniciados a partir del 01/01/2018, en principio las reformas legales producidas durante los años 2017 y 2018 han restablecido la vigencia del mecanismo de ajuste por inflación siempre que se superen ciertos límites en los índices oficiales de inflación. Sin embargo, aunque la inflación no sobrepase dichos límites, nada impide al contribuyente probar que, en su caso concreto, el impuesto resulta confiscatorio.
II. Vías disponibles para realizar el reclamo
En aquellos casos en que no aplicar el mecanismo de ajuste pudiera resultar en una confiscación en los términos de los precedentes de la Corte Suprema, los contribuyentes han recurrido a distintas vías para canalizar su reclamo, según la situación particular de cada empresa. Algunas optaron por el pago seguido de una acción de repetición, otras por aplicar el ajuste en sus declaraciones juradas e interponer los recursos disponibles en caso de determinación de oficio, y un tercer grupo por la iniciación de acciones declarativas de certeza.
IV. Análisis de la posibilidad de reclamar
Por lo expuesto, nuestro equipo de abogados tributaristas está a disposición para el análisis de cada caso en particular y para, de corresponder, llevar adelante las acciones legales que más se adapten a la situación de cada contribuyente.
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The Supreme Court of Justice of the Nation opens its original jurisdiction in cases in which the Autonomous City of Buenos Aires is a party
On 04/04/2019 in the case “Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/Provincia de Córdoba s/Ejecución fiscal”, the National Supreme Court of Justice (“NSCJ”) recognized the City of Buenos Aires the standing to litigate at the original instance before the NSCJ.
Specifically, the Government of the City of Buenos Aires initiated an executive proceeding against the Province of Córdoba in the Court of First Instance in Contentious Administrative and Tax Matters of the City (No. 24) claiming the debt originated in the rendering of medical services in hospitals of the Government of the City to beneficiaries derived by Córdoba.
The local court, at the request of the lawsuit, declared itself incompetent and sent the proceedings to the NSCJ. Under this scenario, the NSCJ, by a majority of four votes, after reviewing the constitutional status of the City from the successive reforms of the National Constitution, explained that since the reform of 1994, the City acquired the status of "Constitutional federal city", by integrating the Argentine federal system together with the national State, the provinces and local municipalities, and therefore, the aptitude to exercise as a subject in Argentine federalism.
Thus it concluded that "the Autonomous City of Buenos Aires has the same position as the provinces in the normative system that governs the jurisdiction of the federal courts, and therefore, the same right to the original jurisdiction of the Court to settle the controversies that could have with the provinces in the terms of section 117 of the National Constitution". And it clarified that "the strict character with which this Court interprets section 117 of the National Constitution should not be postulated as an obstacle to grant the Autonomous City of Buenos Aires the federal privilege of litigating at the original instance".
Although the ruling refers to a case between the City and a province, the considerations made in the judgment on constitutional status and equality with the provinces make it presume that the Supreme Court will also admit its original jurisdiction in cases in which taxpayers sue the City for tax matters, as long as the lawsuit is directly and immediately related to exclusive and strictly federal matters, and does not involve the interpretation of local regulations.
Possibility of claiming the application of the Inflation Adjustment in the Income Tax
I. Illegitimacy of the suspension of the adjustment for inflation
The convertibility regime implied the suspension, since April 1992, of the tax adjustment mechanism for inflation established in the Income Tax Law. This, considering the inflationary process that has existed in the country for the last 16 years, generated that the income tax would fall on merely nominal results, acquiring, in some cases, a confiscatory nature.
Given this situation, there were many judicial courts that declared that the tax determined was confiscatory without applying the adjustment mechanism. In this regard, in the previous "Candy SA", one of the leading cases in the matter, the NSCJ determined that the suspension of the adjustment mechanism for inflation is inapplicable when it is verified that the effective income tax rate absorbs a substantial part of the income or capital of the taxpayer, configuring a case of confiscation. This precedent was followed by others in which legal claims were made when the confiscation could be demonstrated.
Regarding the fiscal periods beginning on 01/01/2018, in principle the legal reforms made during the years 2017 and 2018 have restored the validity of the adjustment mechanism for inflation whenever certain limits on the official inflation indexes are exceeded. However, even if inflation does not exceed these limits, nothing prevents the taxpayer from proving that, in the specific case, the tax is confiscatory.
II. Routes available to make the claim
In those cases in which not applying the adjustment mechanism could result in a confiscation in the terms set by the NSCJ, taxpayers have resorted to different ways to channel their claim, according to the particular
situation of each company. Some opted for payment followed by a repetition action, others for applying the adjustment in their affidavits and filing the available remedies in the case of an ex officio determination, and a third group opted for the initiation of declarative actions of certainty.
IV. Analysis of the possibility of claiming
Therefore, our team of tax lawyers is available for the analysis of each individual case and, if appropriate, carry out the legal actions that best suit the situation of each taxpayer.
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