Ley N° 27.562. Ampliación de la moratoria para paliar los efectos de la pandemia generada por el Covid-19
El 26 de agosto de 2020 se publicó en el Boletín Oficial la Ley 27.562 por medio de la cual se amplía para todos los contribuyentes en general el régimen de moratoria establecido por la Ley 27.541, originalmente limitado a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (“MiPyMEs”) y entidades civiles sin fines de lucro.
Se pueden regularizar mediante el presente régimen de moratoria (en adelante “el Régimen”) los tributos y recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización está a cargo de la AFIP, por obligaciones vencidas al 31 de julio de 2020, inclusive, (incluyendo las vinculadas a los agentes de retención y percepción), o infracciones relacionadas con dichas obligaciones. También se pueden incluir en el Régimen la refinanciación de planes de pago vigentes y las deudas emergentes de planes caducos.
El Régimen también abarca tributos e infracciones aduaneras, incluyendo los cargos suplementarios por tributos a la exportación e importación, las liquidaciones de esos tributos en los procedimientos de aplicación de infracciones, y estímulos a la exportación que deban restituirse al fisco nacional.
El acogimiento al Régimen podrá efectuarse hasta el 31 de octubre de 2020, inclusive. Los sujetos que califiquen como MiPyMEs y no cuenten con el certificado correspondiente a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 27.562, podrán adherir al régimen de forma condicional, siempre que tramiten y obtengan el certificado hasta el 31 de octubre de 2020, inclusive.
Excepto que se trate de refinanciaciones, la primera cuota vencerá no antes del 16 de noviembre de 2020.
Se excluyen del nuevo Régimen: (a) las deudas originadas en cuotas con destino al régimen de riesgos del trabajo; (b) los aportes y contribuciones con destino a las obras sociales; y (c) los sujetos que posean activos financieros situados en el exterior y que no repatrien al menos el 30% del producido de la realización de los mismos dentro de los 60 días desde la adhesión al Régimen, en los términos y condiciones que determine la reglamentación. En el caso de personas jurídicas, la obligación de repatriación se extiende a los socios y accionistas, directos e indirectos, que posean un porcentaje no inferior al 30% en el capital de las mismas (incluyéndose también en esta disposición a determinados entes no societarios, uniones transitorias de empresas, agrupaciones de colaboración, consorcios, fideicomisos, etc.). La exclusión establecida en el apartado (c) anterior, no será aplicable cuando se trate de: (i) MiPyMEs; (ii) entidades sin fines de lucro y determinadas organizaciones comunitarias con domicilio propio y de sus directivos en territorio nacional que no persigan fines de lucro y desarrollen programas de promoción y protección de derechos o actividades de ayuda social directa; o (iii) personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes en los términos que determine la AFIP (en adelante, “MiPyMEs y sujetos asimilados”).
También se encuentran excluidos del Régimen los sujetos declarados en quiebra sin que se haya dispuesto la continuidad de la explotación (aunque bajo ciertos requisitos se admite la adhesión de estos sujetos a efectos de la conclusión del proceso falencial), los condenados por delitos tributarios y/o por delitos dolosos con conexión al incumplimiento de las obligaciones impositivas con sentencia firme sin condena cumplida, y las personas jurídicas cuyos miembros (socios, accionistas, administradores, etc.) hubieran sido condenados con sentencia firme por los delitos antes indicados, siempre y cuando la condena no estuviera cumplida.
Se incluyen en el Régimen ampliado por la Ley 27.562 las deudas originadas en: (i) los Impuestos sobre los Combustibles Líquidos y el Dióxido de Carbono; (ii) el impuesto al Gas Natural; (iii) el Impuesto sobre el Gas Oil y el Gas Licuado; (iv) el Fondo Hídrico de Infraestructura; y (v) el Impuesto Específico sobre la Realización de Apuestas.
Asimismo, se incluyen las obligaciones e infracciones vinculadas con regímenes promocionales que concedan beneficios tributarios y las deudas resultantes de su decaimiento, con más sus accesorios correspondientes.
También se incluyen las obligaciones en curso de discusión administrativa y aquellas que sean objeto de procedimiento administrativo o judicial al 26 de agosto de 2020. El acogimiento al Régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y penales aduaneras en curso y la interrupción de la prescripción penal respecto de los involucrados en el presunto delito tributario. Al igual que en anteriores regímenes de moratoria, el acogimiento implica el allanamiento a la pretensión del organismo fiscal, de existir ésta. También conlleva la renuncia a repetir las sumas ingresadas.
Los beneficios que acarrea un acogimiento al Régimen abarcan desde la reducción de intereses en distintas graduaciones que varían según la naturaleza de la obligación sometida a regularización y la condonación de multas, hasta la suspensión en la tramitación de las causas penales correspondientes hasta la cancelación total de las obligaciones comprometidas. El pago al contado de las obligaciones a regularizar conlleva una reducción adicional del 15% de la deuda consolidada. También se prevé la posibilidad de compensar las obligaciones mediante el uso de saldos a favor de libre disponibilidad, devoluciones, reintegros o reembolsos a los que tenga derecho el contribuyente.
Tratándose de “MiPyMEs y sujetos asimilados”, los planes de facilidades de pago tendrán un plazo máximo de: (a) 60 cuotas mensuales en el caso de aportes personales destinados al Sistema Único de Seguridad Social y para retenciones y percepciones impositivas y de los recursos de Seguridad Social; y (b) 120 cuotas mensuales para el resto de las obligaciones. En estos casos, la adhesión al plan podrá requerir o no un pago a cuenta de la deuda consolidada.
Para todos los demás contribuyentes, los planes de facilidades de pago tendrán un plazo máximo de: (a) 48 cuotas mensuales en el caso de aportes personales destinados al Sistema Único de Seguridad Social y para retenciones y percepciones impositivas y de los recursos de Seguridad Social; y (b) 96 cuotas mensuales para el resto de las obligaciones. Además, en estos casos la adhesión deberá requerir un pago a cuenta de la deuda consolidada, conforme establezca la reglamentación.
La tasa de interés será fija del 2% mensual durante las seis primeras cuotas, y luego será de aplicación la tasa BADLAR de bancos privados. El plan de pagos puede ser cancelado anticipadamente, conforme disponga la reglamentación de la AFIP.
Se establecen distintas causales de caducidad dependiendo de la naturaleza del sujeto, entre los que se incluye: la falta de validez del saldo de libre disponibilidad utilizado para compensar la deuda, la falta de aprobación judicial del avenimiento dentro de los plazos que establezca la reglamentación, la falta de obtención del certificado “MiPyme”, la transferencia al exterior o compra en el exterior de activos financieros por parte de personas humanas o jurídicas (o los socios de estas últimas que posean al menos el 30% del capital social) desde la entrada en vigencia de la Ley 27.562 y por 24 meses, y la falta de pago de cierta cantidad de cuotas. En el caso de “MiPyMEs y sujetos asimilados” y concursados o fallidos, la caducidad se produce en caso de falta de pago de hasta seis (6) cuotas. Para los restantes contribuyentes, la caducidad se produce por falta de pago de hasta tres (3) cuotas.
A su vez, excepto que se trate de “MiPyMes y sujetos asimilados”, se establecen como causales especiales de caducidad la realización de alguno de los siguientes actos dentro de los 24 meses desde la fecha de entrada en vigencia de la Ley 27.562: (i) la distribución de dividendos o utilidades; (ii) el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios para el pago de ciertos beneficios a sujetos vinculados del exterior; (iii) la venta de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o transferencias de estos a entidades depositarias del exterior. El contribuyente que cancele las obligaciones del régimen de regularización quedará eximido del cumplimiento de los puntos (i), (ii) y (iii) anteriores, y del referido a la transferencia al exterior o compra en el exterior de activos financieros.
Asimismo, se suspende con carácter general por el término de un año el curso de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo de la AFIP, y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales.
Se aguarda el dictado de la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo y la AFIP.
Para mayor información, contactar a Manuel M. Benites y L. Marcelo Núñez.
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Law No. 27,562. Extension of the moratorium regime to alleviate the effects of the pandemic generated by Covid-19
Law 27,562, published in the Official Gazette on August 26, 2020, includes all taxpayers in the moratorium regime established by Law 27,541, originally limited to Micro, Small and Medium Enterprises ("MSMEs") and not-for-profit civil entities.
Taxpayers may include in the regularization programme (the “Programme”) taxes and social security resources collected by the Federal Administration of Public Revenues (AFIP as per its acronym in Spanish) past due on July 31, 2020 or before, (including those related to withholding agents), or infringements related to said obligations. Refinancing of current payment plans and debts arising from expired plans may also be included in the regime.
The Programme also covers custom taxes and penalties, such as charges for additional import and export taxes, the assessment of such taxes in infringement proceedings, and export incentives to be refunded to the national treasury.
Taxpayers may apply for the Programme until October 31, 2020. Taxpayers who qualify as “MSMEs” and do not have the corresponding certificate on the effective date of Law 27,562, may apply to the regime on a conditional basis, as long as they request and obtain the certificate up to and including October 31, 2020.
Except in the case of refinancing, payment of the first installment of the programme will be due not before November 16, 2020.
The following obligations are excluded from the Programme: (a) debts originated in contributions to the labor risk regime; (b) payments and contributions to health insurance; and (c) taxpayers owning financial assets located abroad and that do not repatriate at least 30% of the proceeds from the realization of such assets within 60 days from the filing of the application to the regime, under the terms and conditions to be determined by regulations. In the case of legal entities, the obligation to repatriate is extended to the members and shareholders, direct and indirect, who hold a percentage of not less than 30% of the capital stock of such entities (this provision also includes certain non-corporate entities, joint ventures, consortiums, trusts, etcetera). The exclusion established in section (c) above, is not applicable to (i) MSMEs; (ii) not-for-profit entities and certain community organizations having its domicile and the domicile of their directors in Argentina that in addition of not being for profit entities develop programs for the promotion and protection of rights or direct social assistance activities; or (iii) human persons and undivided estates that are considered small taxpayers under the terms determined by the AFIP (hereinafter, “MSMEs and related subjects”).
The law also excludes from the Programme taxpayers who have been declared bankrupt without the continuity of the operation (although under certain requirements the application of these taxpayers is admitted in order to the conclusion of the bankruptcy proceedings), taxpayers convicted by a final judgement for tax crimes and/or for fraudulent offences related to tax omissions that have not served the entire sentence, and those legal entities whose members (partners, shareholders, administrators, etcetera) have been convicted for the aforementioned crimes by a final judgement, provided that the entire sentence has not been served.
The Programme extended by Law 27,562 includes debts originating in: (i) the Tax on Liquid Fuels and Carbon Dioxide; (ii) the Tax on Natural Gas; (iii) the Tax on Oil and Liquid Gas; (iv) the Infrastructure Hydrological Fund; and (v) the Specific Tax on Gambling.
It also includes obligations and infringements related to tax incentive promotional regimes and debts resulting from their termination, including their corresponding accessories.
Obligations under administrative discussion or under administrative or judicial proceedings as of August 26, 2020, may also be included in the Programme. The application to the regime will result in the suspension of tax and customs criminal actions in progress and the interruption of course of the statute of limitations with respect to those involved in the alleged tax crime. As in previous moratorium regimes, the application to the programme implies the acceptance of the tax authority's claim, if it exists. It also entails the waiver right to request refund of the amounts paid.
The benefits of this regime range from a reduction in interest depending on the nature of the obligation to be regularised and the forgiveness of fines, to the suspension of the criminal cases until the total payment of the installments of the programme. Total payment of the obligations to be regularized in one installment entails an additional 15% reduction of the consolidated debt. There is also the possibility of offsetting obligations through the use of freely available balances, returns, refunds or reimbursements to which the taxpayer is entitled.
With regard to "MSMEs and related subjects", payment facility plans will have a maximum term of (a) 60 monthly installments for debts arising from personal contributions to the Single Social Security System and for withholdings and payments of taxes and social security resources; and (b) 120 monthly installments for the rest of the obligations. In these cases, the application to the Programme may require a payment on account of the consolidated debt.
For all other taxpayers, payment plans will have a maximum term of (a) 48 monthly installments for debts arising from personal contributions to the Single Social Security System and for withholdings and payments of taxes and social security resources; and (b) 96 monthly installments for the rest of the obligations. In addition, in these cases, the application for the Programme requires a payment on account of the consolidated debt, to be determined by regulations.
The interest rate will be fixed at 2% per month for the first six installments, and then the BADLAR rate of private banks will apply. The payment plan may be cancelled in advance, as provided by AFIP regulations.
Different causes for the termination of the Programme are established depending on the nature of the taxpayer, including: the invalidity of available balance used to offset the debt, the lack of judicial approval of the settlement within the time limits established by the regulations, the failure to obtain the "MSME" certificate, and the transfer abroad or purchase abroad of financial assets by human or legal persons (or the members or shareholders of the latter holding at least 30% of the capital stock) since the effective date of Law 27,562 and for 24 months, and the failure to pay a certain amount of installments. In the case of “MSMEs and related subjects” and bankrupt or failed parties, the termination occurs in the event of non-payment of up to six (6) installments. For the remaining taxpayers, the termination occurs due to non-payment of up to three (3) installments.
Except in the case of “MSMEs and related subjects”, the following acts may give rise to the termination if they take place within 24 months from the effective date of Law 27,562: (i) distribution of dividends or profits; (ii) access to the Official Foreign Exchange Market for the payment of certain benefits to related parties domiciled abroad; (iii) sale of securities liquidated in foreign currency or transfer of such securities to depositary entities domiciled abroad. The taxpayer who cancels the obligations of the regularization regime will be exempted from the fulfillment of points (i), (ii) and (iii) above, and from the one referred to the transfer abroad or purchase abroad of financial assets.
Furthermore, Law 27,562 suspends the running of the statute of limitations of the actions to determine or request the payment of taxes collected by the AFIP and the application of fines in relation to them, for a period of one year, as well as the expiration of instance in tax execution trials or judicial appeals.
The enactment of regulations by the Executive Branch and the AFIP is still pending.
For further information, please contact Manuel M. Benites and L. Marcelo Núñez.
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