El 21 de diciembre de 2019 el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva (en adelante “la Ley”) que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y delegó en el Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas en la ley, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, hasta el 31 de diciembre de 2020.
Repasamos a continuación sus principales disposiciones en materia impositiva.
Impuesto sobre los Bienes Personales
Con efectos a partir del período fiscal 2019 se incrementaron las alícuotas aplicables a los distintos tramos de escala conforme al siguiente detalle:
Se delega en el Poder Ejecutivo Nacional, hasta el 31 de diciembre de 2020, la facultad de fijar alícuotas diferenciales superiores en hasta un 100% sobre la máxima expuesta en el cuadro anterior, para gravar los bienes situados en el exterior, y de disminuirla, en el caso de activos financieros situados en el exterior, en caso de verificarse la repatriación del producido de su liquidación, supuesto en el cual se podrá fijar la magnitud de la devolución hasta el monto oportunamente ingresado. El mínimo no imponible se resta primero de los bienes ubicados en el país, a fin de determinar el monto alcanzado por cada tasa.
A los fines previstos en el párrafo precedente, la Ley define como activos financieros ubicados en el exterior a los depósitos en moneda extranjera en entidades bancarias y/o financieras o similares del exterior, participaciones societarias o equivalentes (títulos valores privados, acciones, cuotas y demás participaciones), en todo tipo de entidades, sociedades o empresas, con o sin personería jurídica, constituidas, domiciliadas, radicadas o ubicadas en el exterior, incluidas empresas unipersonales; derechos inherentes al carácter de beneficiario, fideicomisario (o similar) de fideicomisos (trusts o similares) de cualquier tipo constituidos en el exterior, o en fundaciones de interés privado del exterior, o en cualquier otro tipo de patrimonio de afectación similar situado, radicado, domiciliado y/o constituido en el exterior; toda clase de instrumentos financieros o títulos valores, tales como bonos, obligaciones negociables, valores representativos y certificados de depósito de acciones, cuotapartes de fondos comunes de inversión y otros similares, cualquiera sea su denominación; créditos y todo tipo de derechos del exterior, susceptible de valor económico y toda otra especie que se prevea en la reglamentación, pudiendo el PEN precisar los responsables sustitutos en aquellos casos en que se detecten maniobras elusivas o evasivas.
Se prevé asimismo la posibilidad de computar como pago a cuenta los impuestos similares que consideren como base imponible el patrimonio o los bienes en forma global, hasta el incremento de la obligación fiscal originado en la incorporación de los bienes ubicados con carácter permanente en el exterior. Este crédito es computable en primer término contra el impuesto que resulte de aplicar las alícuotas generales, y el remanente no computado se podrá utilizar contra el gravamen determinado por la aplicación de alícuotas diferenciales.
Se fija en el 0,5% el impuesto que deben ingresar las sociedades constituidas en el país en su carácter de responsables sustitutos por las acciones y participaciones sociales pertenecientes a personas humanas y/o sucesiones indivisas domiciliadas en el país o en el exterior y/o cualquier persona jurídica domiciliada en el exterior, impuesto que se calcula sobre el valor establecido en el inciso h) del art. 22 de la ley, y tendrá el carácter de pago único y definitivo. Igual alícuota se fija para los casos previstos en el art. 26 de la ley del tributo.
Una modificación relevante es la sustitución del criterio de “domicilio” por el de “residencia”, en los términos y condiciones establecidos en el art. 119 y siguientes de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Con esta modificación, las personas humanas residentes en el país quedan sujetas al impuesto por sus bienes ubicados tanto en él como en el exterior.
Las modificaciones introducidas deben analizarse en conjunto con el resto de las disposiciones de la ley a fin de establecer el correcto tratamiento impositivo de cada activo en particular, en especial teniendo en cuenta las referidas a las exenciones, contribuyentes sustitutos y las definiciones sobre el lugar de ubicación, en el país o en el exterior, de los distintos tipos de bienes.
Impuesto a las Ganancias
A partir del período fiscal 2020 se derogan los arts. 95 y 96 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, referidos al impuesto cedular sobre intereses de colocaciones de capital. La forma de cálculo de las ganancias establecida en el art. 96 se mantiene respecto de ganancias de fuente extranjera de sujetos residentes en el país.
Se restablece la exención del impuesto para depósitos en pesos en entidades financieras y obligaciones negociables con oferta pública para las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, con excepción de intereses provenientes de depósitos con cláusula de ajuste.
A partir del período fiscal 2020, la nueva ley exime a las personas físicas residentes y sucesiones indivisas radicadas en el país, del Impuesto a las Ganancias por los resultados provenientes de la venta, cambio, permuta o disposición de valores no comprendidos en el primer párrafo del inciso “u” del art. 26 de la ley (este párrafo se refiere a acciones, certificados de depósito de acciones y cuotapartes de fondos comunes de inversión abiertos), en la medida que coticen en bolsas o mercados de valores autorizados por la CNV, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el art. 109 de la ley (referido a la inaplicabilidad de exenciones presentes o futuras a títulos públicos, letras, bonos y demás valores emitidos por el Estado Nacional, provincias, municipalidades o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Con efectos a partir del período fiscal 2020 se exime también a los beneficiarios del exterior respecto de valores no comprendidos en el cuarto párrafo del inciso “u” del art. 26 (este párrafo se refiere a títulos públicos, obligaciones negociables a que se refiere el art. 36 de la ley 23.576, títulos de deuda de fideicomisos financieros constituidos en el país colocados por oferta pública y cuotapartes de fondos comunes de inversión abiertos; valores representativos o certificados de depósito de acciones emitidos en el exterior, cuanto tales acciones fueran emitidas por entidades del país y cuenten con autorización de oferta pública por la CNV), en la medida en que no residan en jurisdicciones no cooperantes o los fondos invertidos no provengan de estas jurisdicciones.
En materia de ajuste por inflación impositivo se establece que el correspondiente al primer y segundo ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2019, en caso de verificarse las condiciones para su aplicación, se imputa en un sexto en ese período fiscal y el saldo en partes iguales en los cinco ejercicios fiscales inmediatos siguientes.
Nuevo impuesto a la compra billetes y divisas en moneda extranjera y otras operaciones
Con carácter de emergencia y por el término de cinco períodos fiscales a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley, se creó un impuesto sobre las siguientes operaciones:
- Compra de billetes y divisas en moneda extranjera, incluidos cheques de viajero, para atesoramiento o sin un destino específico vinculado al pago de obligaciones en los términos de la reglamentación vigente en el mercado de cambios, efectuadas por residentes en el país;
- Cambio de divisas efectuado por las entidades financieras por cuenta y orden del adquirente locatario o prestatario destinadas al pago de la adquisición de bienes o prestaciones y locaciones de servicios efectuadas en el exterior, que se cancelen mediante la utilización de tarjetas de crédito y débito comprendidas en el sistema de la ley 25.065, o cualquier otro medio de pago que determine la reglamentación, incluida la extracción o adelantos en efectivo efectuadas en el exterior. Quedan incluidas las compras efectuadas a través de portales o sitios virtuales y/o cualquier otra modalidad por la cual las operaciones se perfeccionen, mediante compras a distancia en moneda extranjera;
- Cambio de divisas efectuado por las entidades financieras destinadas al pago, por cuenta y orden del contratante residente en el país de servicios prestados por sujetos no residentes en el país, que se cancelen mediante la utilización de tarjetas de crédito, de compra y débito, comprendidas en el sistema previsto en la ley 25.065 y cualquier otro medio de pago equivalente que determine la reglamentación;
- La adquisición se servicios en el exterior contratados a través de agencias de viaje y turismo, mayoristas y minoristas, del país;
- Adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros con destino fuera del país, en la medida en la que para la cancelación de la operación deba accederse al mercado único y libre de cambios al efecto de la adquisición de las divisas correspondientes, en los términos que fije la reglamentación.
La ley faculta al Poder Ejecutivo a incorporar otras operaciones al listado de supuestos gravados.
Son sujetos alcanzados por este nuevo impuesto los sujetos residentes en el país, personas humanas o jurídicas, sucesiones indivisas y demás responsables que realicen alguna de las operaciones alcanzadas.
La tasa del impuesto es del 30% sobre el total de la operación alcanzada, excepto en el caso de compra de pasajes al exterior, supuesto en el cual se aplica sobre el precio, neto de impuestos y tasas.
El ingreso del tributo se efectúa mediante la percepción en la fuente por parte de las entidades autorizadas a operar en cambios, entidades que efectúen los cobros de las liquidaciones a los usuarios de las tarjetas de crédito, débito y/o compra, las agencias de viajes o turismo, o las empresas de transporte, según corresponda.
El impuesto no alcanza a operaciones realizadas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias
Se incluyó a los débitos originados en extracciones en efectivo bajo cualquier forma, como operaciones gravadas, con excepción de los efectuados en cuentas cuyos titulares sean personas físicas o personas jurídicas que revistan y acrediten la condición de Micro y Pequeñas Empresas en los términos del art. 2 de la ley 24.467.
Nuevo régimen de moratoria
A diferencia de otros regímenes de regularización implementados a nivel nacional en el pasado, el Capítulo IV de la Ley prevé un régimen de moratoria en materia impositiva, aduanera y de seguridad social solamente aplicable a obligaciones existentes e infracciones cometidas al 30 de noviembre de 2019 de contribuyentes y responsables que encuadren y se encuentren inscriptos como micro, pequeñas o medianas empresas y entidades sin fines de lucro.
Aquellos sujetos que no cuenten con el certificado que acredite la condición de “pyme” podrán acogerse al régimen de manera condicional en la medida en que lo obtengan antes del 30 de abril de 2020, fecha de finalización prevista para la vigencia del régimen.
Planes de pago pendientes de cumplimiento y aún deudas de planes que se encuentren caducos podrán ser refinanciados bajo el nuevo régimen.
Se destaca que el régimen es aplicable, en la medida en la que se trate de sujetos que reúnan la condición antes referida, a agentes de recaudación que hubieran omitido retener o percibir las obligaciones alcanzadas o que hubieran retenido o percibido sin ingresar las respectivas obligaciones al Estado en la medida en la que tales situaciones sean regularizadas.
Se aclara que podrán ser objeto de regularización aquellas obligaciones en discusión en sede administrativa o judicial, aún en casos en los que se haya formulado denuncia penal.
Los beneficios que acarrea un acogimiento al citado régimen abarcan desde la reducción de intereses en distintas graduaciones que varían según la naturaleza de la obligación sometida a regularización y la condonación de multas hasta la suspensión en la tramitación de las causas penales correspondientes hasta la cancelación total de las obligaciones comprometidas. El pago al contado de las obligaciones a regularizar conlleva una reducción adicional del 15% de la deuda consolidada. También se prevé la posibilidad de compensar las obligaciones mediante el uso de saldos a favor de libre disponibilidad, devoluciones, reintegros o reembolsos a los que tenga derecho el particular.
Salvo para aportes personales destinados al Sistema Único de Seguridad Social y para retenciones y percepciones impositivas y de los recursos de Seguridad Social, en cuyo caso el plazo máximo será de 60 cuotas, para el resto el máximo se eleva a 120 cuotas mensuales.
Al igual que en anteriores regímenes de moratoria, el acogimiento implicará el allanamiento a la pretensión del organismo fiscal, de existir ésta. También conllevará a la renuncia a repetir las sumas ingresadas.
La Ley dispone que la AFIP queda a cargo de reglamentar el régimen que comentamos.
Regalías
El artículo 48 párrafo 4 de la Ley dispuso que los derechos de exportación a los hidrocarburos en ningún caso podrán disminuir el valor boca de pozo para el cálculo y pago de regalías a las provincias productoras.
La Ley no hizo más que repetir lo fijado por el artículo 6, párrafo 4, de la Ley 25.561 (que el valor boca de pozo debía incluir los derechos de exportación a fin de pagar las regalías de la Ley 17.319) que quedó sin efecto el 31 de diciembre de 2017.
Asimismo, vino a sellar toda duda generada por el Decreto 793/2018 (y sus modificaciones) sobre si los derechos de exportación a los hidrocarburos debían o no incluirse en el valor boca de pozo a los efectos de la liquidación y pago de las regalías de la Ley 17.319 a las provincias productoras.
Ahora bien, el texto de la Ley únicamente se refiere a las provincias productoras, lo que deja una ventana abierta en relación a las regalías que deban pagarse en relación a aquellos yacimientos de dominio del Estado Nacional.
Para mayor información comunicarse con Manuel Benites, L. Marcelo Núñez, Cristina Di Benedetto o Pilar Quiñoa.
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On December 21, 2019, the Argentine Congress approved the “Social Solidarity and Productive Reactivation Law” (hereinafter "the Law"), which declared a public emergency in economic, financial, fiscal, administrative, pension, tariff, energy, health and social matters, and delegated to the National Executive Branch the powers included in the law, under the terms of Article 76 of the Argentine Constitution, until December 31, 2020.
Below a summary its main provisions related to Tax Law.
Tax on Personal Assets
Effective as from taxable year 2019 the rates applicable to the different sections of the scale are increased, according to the following detail:
The Law delegates to the National Executive Branch, until December 31, 2020, the power to establish differential rates of up to 100% above the maximum set forth in the above table to tax assets located abroad, and to reduce it, in the case of financial assets located abroad, in the event of the repatriation of the proceeds of its liquidation, in which case the amount of the refund may be fixed up to the amount paid with respect of those assets. The non-taxable minimum amount must be deducted first first from the assets located in the country, in order to determine the amount subject to each rate.
For purposes of the application of the differential rates, the Law defines financial assets located abroad, as deposits in foreign currency in banks and/or financial or similar institutions abroad, corporate shares or equivalent (private securities, shares, quotas and other holdings), in all types of entities, companies or enterprises, with or without legal status, incorporated, domiciled, established or located abroad, including sole proprietorships; rights inherent in the character of beneficiary (or similar) of trusts (trusts or similar) of any type constituted abroad, or in private interest foundations abroad, or in any other type of assets of similar effect situated, established, domiciled and/or constituted abroad; all kind of financial instruments or securities, such as bonds, negotiable obligations, representative securities and share deposit certificates, shares in mutual funds and other similar structures; credits and all kinds of rights from abroad with economic value, and any other kind provided for in the regulations. The Executive Branch is entitled to specify the substitute obligors in cases where evasive or elusive situations are detected.
It is also allowed the possibility of computing as a tax credit, the payment of foreitn similar taxes that take into account as tax base the equity or the assets globally, up to the increase of the tax obligation originated in the incorporation of the assets located permanently abroad. This tax credit is allowed against the tax resulting from the application of the general rates, and the remaining amount not computed may be used against the tax determined by the application of differential rates.
The tax that must be paid by companies incorporated in Argentina in their capacity as substitute obligors with respect to shares and equity participations owned by individuals and/or undivided estates domiciled in Argentina or abroad and/or any legal entity domiciled abroad, is increased to 0.5%. This tax is calculated on the value established in Section 22(h) of the Tax on Personal Assets Law, and is paid by the issuing entity as a single and definitive payment. The same rate is set for the cases included in Section 26 of the mentioned Law.
A relevant amendment is the replacement of the concept of "domicile" by the concept of "residence", under the terms and conditions set out in Sections 119 and subsequent of the Income Tax Law.
The changes introduced by the Law must be analyzed together with the other provisions of the Tax on Personal Assets Law in order to determine the correct tax treatment of each specific asset, en particular the provisions related to exemptions, substitute obligors and the definition of the place of locations of the different type of assets, in Argentina or abroad.
Income Tax Law
As from taxable year 2020, sections 95 and 96 of the Income Tax Law, referring to the cedular tax on interest on capital placements, are repealed, but the mechanism for the calculation of profits established in Section 96 is maintained with respect to foreign-source income of Argentine residents.
The exemption for deposits in Argentine currency in financial institutions and negotiable obligations with public offering is reestablished for individuals and undivided estates resident in Argentina, with the exception of interest from deposits with an adjustment clause.
As from taxable year 2020, the Law also exempts resident individuals and undivided estates located in Argentina from Income Tax with respect to income derived from the sale, exchange o other disposition of stocks not included in the firsts subparagraph of paragraph “u” of Section 26 (this subparagraph refers to shares, certificates of deposit of shares and quotas of open common investment funds), to the extent that are listed in a stock exchange authorized by the CNV, and excludes the application of Section 109 of the Income Tax Law (related to the exclusion of exemptions, whether present or future, to public bonds issued by the National Government, the provinces, municipalities and the City of Buenos Aires). Effective as from taxable year 2020, the Law also exempts foreign beneficiaries with respect to stocks not comprised in the fourth subparagraph of paragraph “u” of Section 26 of the Income Tax Law (public bonds, negotiable obligations of Section 36 of law 23,576, debt instruments in financial trusts organized in Argentina placed through a public offering and quotas of open common investment funds, certificates of deposit of shares issued abroad, when the shares are issued by Argentine companies and are authorized by the CNV for public offering), to the extent that they do no reside in a non-cooperative jurisdiction, of the invested funds do not come from one of those jurisdictions.
With respect to the tax inflation adjustment, it is established that the adjustment corresponding to the first and second fiscal year beginning on or after January 1, 2019, in the event that the conditions for its application are verified, is imputed in one sixth in that fiscal year and the balance in equal parts in the five following fiscal years.
New tax on the purchase of foreign currency and other transactions
On an emergency basis and for the term of five fiscal periods from the date of entry into force of the Law, a tax has been established on the following operations:
- Purchase of foreign currency, including traveler's checks, for saving purposes or without a specific use related to the payment of obligations under the foreign exchange rules in force, made by Argentine residents;
- Exchange of foreign currency made by financial institutions on behalf of and at the request of the purchaser, for the acquisition of goods or services, or the rental of services abroad, paid by credit or debit cards regulated by Law No. 25,065, or by any other means of payment determined by regulation, including cash withdrawals or advances made abroad. Purchases made through websites and/or any other similar means that involves distance purchases in foreign currency are included;
- Exchange of foreign currency made by financial institutions for the payment, on behalf and by order of an Argentine resident, of services rendered by non-residents, which are cancelled through the use of credit, purchase or debit cards, included in the system provided for in Law No. 25,065 or by any other equivalent means of payment determined by the regulations;
- The acquisition of services abroad through wholesale and retail travel and tourism agencies in Argentina;
- Acquisition of land, air and water transportation services for passengers travelling outside the country, to the extent that the cancellation of the operation requires access to the free exchange market for the purpose of acquiring the corresponding foreign currency, under the terms established by the regulations.
The Law enables the Executive Branch to add other operations to the list of taxable events.
All individuals, undivided estates, legal entities or any other person that carries out any of the listed operations and is an Argentine resident is subject to this new tax.
The applicable tax rate is 30%, calculated over the total amount of the taxed operation, except in the case of purchase of transportation tickets, in which case it is applied on the price, net of taxes and fees.
The tax is collected by entities authorized to operate in foreign exchange, entities that collect settlements from users of credit, debit and/or purchase cards, travel or tourism agencies, or transportation companies, as appropriate.
The tax does not apply to transactions carried out before the Law enters into force.
Tax on credits and debits in bank and other operating accounts
Debits originating from cash withdrawals in any form were included as taxable operations, except for those made from accounts held by individuals or legal entities that prove their status of Micro or Small Enterprises under the terms of Section 2 of Law No. 24,467.
New moratorium regime
Unlike other regularization regimes implemented at the national level in the past, Chapter IV of the Law provides for a moratorium regime in tax, customs and social security matters, only applicable to existing obligations and infringements committed until November 30, 2019 by taxpayers who are registered as micro, small or medium companies (“PyME”, for its acronym in Spanish) and non-profit entities.
Those taxpayers who do not have a certificate that proves their PyME status, may still qualify for the moratorium regime on a conditional basis to the extent that they obtain such certificate before April 30, 2020, deadline for the filing of applications to moratorium regime.
Outstanding payment plans pending compliance and even debts of expired plans may be refinanced under the new regime.
It should be noted that the regime is also applicable, as long as they meet the above-mentioned conditions, to withholding agents who have omitted to withhold or collect the obligations incurred, or who have withheld or collected without paying those funds to the AFIP, to the extent that such debts are regularized.
Obligations under administrative or judicial discussion may also be included, subject to regularization, even in cases where a criminal complaint has been filed.
The benefits of this regime range from a reduction in interest at various rates -depending on the nature of the obligation to be regularised-, to the forgiveness of fines, suspension of criminal cases until the total cancellation of the defendant’s tax obligations. Cash payment of the obligations to be regularized entails an additional 15% reduction of the debt. The Law also allows taxpayers to offset their tax obligations through the use of freely available balances, returns, refunds or reimbursements to which the taxpayer is entitled.
The Law establishes that taypayers may pay their debts through the moratorium regime in a maximum of 120 monthly installments, with the exception of personal contributions to the National Social Security System and other tax deductions and payments of Social Security nature, in which case the maximum payment plans available will be of 60 monthly installments.
As in previous moratorium regimes, adherence to the moratorium will entail acceptance of the tax authority's claim, if it exists. It will also lead to the waiver of the claim to seek a reimbursement of the amounts paid under such regime.
The Law establishes that AFIP (Argentine Federal tax authority) is entitled to regulate this moratorium regime.
Royalty payments
Section 48, 4th paragraph provides that exports taxes should not reduced the wellhead value in order to calculate and pay oil/gas royalties.
The law rewrote section 6, 4th paragraph, of Law No. 25,561 (which stated that the wellhead value should include export rights in order to pay the royalties of Law No. 17,419), which was repealed on December 31, 2017.
The Law also came to seal any doubt generated by Decree No. 793/2018 (and its amendments) as to whether exports taxed to hydrocarbons should be included in the wellhead value for the purposes of liquidation and payment of the oil and gas royalties under Law No. 17,319 to the producing provinces.
It must be said that the law only refers to the producing provinces, which leaves an open window in relation to oil/gas royalties to be paid to the National Government regarding wellheads located offshore.
For more information please contact Manuel Benites, L. Marcelo Núñez, Cristina Di Benedetto or Pilar Quiñoa.
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