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ALERTA DE NOVEDADES LEGALES
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LEGAL NEWS ALERT
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Derecho Societario
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Corporate Law
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Plazo final para las reuniones societarias a distancia
El 15 de julio de 2022 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución General N° 8/2022 de la Inspección General de Justicia (la “Resolución”).
La Resolución da por finalizado el período de excepción para la celebración de reuniones de órganos de administración o gobierno realizadas a distancia, en los supuestos en los que el estatuto social no las hubieran previsto. La finalización de la referida excepción tendrá lugar 60 días hábiles después del 15 de julio de 2022.
Recomendamos a todos nuestros clientes que no hayan aún modificado su estatuto o contrato social que tomen contacto con PAGBAM para realizar tal modificación.
Importante fallo pone límites a la Inspección General de Justicia
El 29 de junio de 2022 la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (la “Cámara”) en el expediente “Inspección General de Justicia c/ Veritran Holding LTD s/Organismos Externos” resolvió revocar la Resolución Particular N° 66 de la Inspección General de Justicia (la “Resolución” y la “IGJ”), respectivamente), que rechazó la inscripción de la sociedad extranjera Veritran Holding LTD (la “Sociedad”) en los términos del artículo 123 de la Ley General de Sociedades a los efectos de participar en sociedades locales.
La IGJ consideró que la Sociedad debía ser encuadrada en el artículo 124 de la Ley General de Sociedades en virtud de que ocho de sus trece socios eran argentinos y vivían en el país, y que tenía por beneficiarios finales a las mismas personas que tenían esa calidad en la sociedad local en la que pretendía participar. Entendió que la sociedad se constituyó en las Islas Vírgenes Británicas al solo efecto de evadir la ley nacional y el control que sobre las entidades externas ejerce la IGJ, para aprovechar la clandestinidad y flexibilidad que ofrece dicha jurisdicción.
La Cámara revocó la Resolución de la IGJ por considerar que la IGJ no tiene facultades para impedir que las personas utilicen los instrumentos que consideren más adecuados para su planificación económica.
Destacó que la Sociedad no califica como off shore en atención a que había acreditado actividades en más de ocho países del mundo y declarado a sus beneficiarios finales. Además, consideró incorrecto categorizar su lugar de origen como no colaborador, dado que las Islas Vírgenes Británicas se encuentran entre las jurisdicciones que cooperan con el intercambio de información tributaria conforme el listado oficial del gobierno argentino.
La Cámara refirió que no procede encuadrar a la Sociedad en el artículo 124 de la Ley General de Sociedades puesto que no se configuran los supuestos de tener la sede de los negocios o desarrollar el principal objeto en el país.
La Cámara destacó que la ley argentina no somete la licitud de la personalidad jurídica a las restricciones que implícitamente fueron impuestas en la Resolución.
La Cámara refirió que la IGJ no puede mitigar la potencialidad de los riesgos mediante “mecanismos preventivos” que desalienten genuinas inversiones extranjeras y que restrinjan injustificadamente la libertad.
Finalmente, consideró que la actuación de la IGJ fue incompatible con las reglas que deben regir el desempeño de los órganos administrativos en un Estado de Derecho.
Para mayor información, por favor contactar a Vanina Veiga y Estefanía P. Balduzzi.
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Final term for corporate remote meetings
On July 15, 2022, the General Resolution No. 8/2022 of the Public Registry of Commerce of the City of Buenos Aires (the “Resolution”) was published in the Official Gazette.
The Resolution declares terminated the exception period for remote meetings held by management or governance bodies, in those cases in which the company’s by-laws do not provide for such meetings. The end of the exception will take place 60 business days after July 15, 2022.
All clients who have not amended its by-laws yet should contact PAGBAM to implement the amendment.
Important judgment puts limits to the Superintendence of Corporations
On June 29, 2022, Chamber C of the National Court of Commercial Appeals of the City of Buenos Aires (the “Court”) in the case “Inspección General de Justicia c/ Veritran Holding LTD s/Organismos Externos” resolved to revoke the Particular Resolution No. 66 of the Inspección General de Justicia (the “Resolution” and the “IGJ”, respectively), which had rejected the registration of the foreign company Veritran Holding LTD (the “Company”) under the terms of Section 123 of the Argentine Companies Law for the purpose of participating in local companies.
The IGJ had considered that the Company should be framed under Section 124 of the Argentine Companies Law, since eight of its thirteen partners were Argentine and had residence in the country, and its final beneficiaries were the same persons who had that status in the local company in which they intended to participate. It understood that the company was incorporated in the British Virgin Islands for the sole purpose of evading national law and the control exercised by the IGJ over foreign entities, in order to take advantage of the clandestinity and flexibility offered by such jurisdiction.
The Court revoked the IGJ’s Resolution on grounds that the IGJ does not have the power to prevent individuals from using the instruments they consider most appropriate for their economic planning.
They pointed out that the Company does not qualify as an offshore company, since it had proven activities in more than eight countries in the world and declared its final beneficiaries. Furthermore, it was considered incorrect to categorize its place of origin as non-cooperative, since the British Virgin Islands are among the jurisdictions that cooperate with the exchange of tax information according to the official list of the Argentine government.
The Court stated that it is not appropriate to classify the Company under Section 124 of the Argentine Companies Law since the assumptions of having the main seat of business or developing the main object in the country are not configured.
The Court pointed out that Argentine law does not subject the lawfulness of the legal personality to the restrictions that were implicitly imposed in the Resolution.
The Court said that the IGJ cannot mitigate the potential risks by means of “preventive mechanisms” that discourage genuine foreign investments and that unjustifiably restrict freedom.
Finally, the Court considered that the IGJ’s actions were incompatible with the rules that should govern the performance of administrative agencies in a State of Law.
For further information, please refer to Vanina Veiga and Estefanía P. Balduzzi.
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Derecho Tributario
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Tax Law
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Impuesto a la Riqueza: Primera sentencia de fondo en una acción declarativa
El 15 de julio de 2022 en la causa “P, S.O. c/EN-MINISTERIO DE ECONOMÍA y OTRO s/PROCESO DE CONOCIMIENTO”, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 10 dictó la primera sentencia de fondo que se conoce hasta el momento en el marco de una acción declarativa en relación al Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” (el “Aporte”) creado por la Ley Nº 27.605, rechazando la demanda interpuesta por el contribuyente.
Entendemos que el valor como precedente del fallo comentado es limitado, en razón de que el actor planteó la cuestión de constitucionalidad como de puro derecho, sin alegar ni ofrecer prueba concreta sobre la eventual confiscatoriedad que el Aporte le habría producido, o, al decir del fallo: “sobre el daño que el Aporte le produce a su derecho a la propiedad, es decir, qué tan intensiva resulta la restricción del derecho que el actor dice haber padecido”. Además, tanto el actor como el fallo analizan el Aporte como una carga no tributaria, lo que lleva a un análisis constitucional distinto del aplicable a los tributos.
La sentencia comienza sosteniendo que la Ley N° 27.605 respeta el principio de legalidad, y por lo tanto resulta un instrumento jurídico idóneo para la restricción del derecho por ella estipulado. Sostiene además que el Congreso posee facultades para “reglamentar” el derecho de propiedad y establecer, mediante el ejercicio de su poder de policía, cargas económicas a los particulares. Sin perjuicio de calificar de esa forma al Aporte, sostiene que si se lo analizara como una contribución de naturaleza tributaria, también quedaría dentro de las facultades constitucionales del Congreso de la Nación.
El fallo se fundamenta largamente en consideraciones sobre el poder del estado y la facultad para imponer cargas no tributarias a los particulares en situaciones de emergencia, lo que a su vez conduce al control de constitucionalidad aplicable a la legislación dictada en estas situaciones.
En este sentido, enumera los requisitos que las normas de emergencia deben cumplir para resistir el control de constitucionalidad: a) que se dicten en situaciones de emergencia declaradas por el Congreso y con debido sustento en la realidad, b) que persigan la satisfacción de un interés público, c) que los remedios justificados en la emergencia sean de aquellos propios de ella y utilizados razonablemente, y d) que las leyes sancionadas se encuentren limitadas en el tiempo y que su plazo de vigencia tenga relación directa con las exigencias en razón de las cuales fueron sancionadas, concluyendo que en el caso todos se cumplen.
El actor sostuvo en su demanda que el Aporte no es un tributo, y por tanto no es un recurso admitido por la Constitución Nacional, y por esa sola razón implica una confiscación de su propiedad. A este planteo el fallo responde que “los argumentos esgrimidos por el actor no pueden tener favorable acogida, en tanto realizan una asimilación improcedente entre el instituto del Aporte -una carga económica- y el instituto de la confiscación que refiere el artículo 17 de la Constitución Nacional, es que en rigor, como ha afirmado el Alto Tribunal, ´la confiscación borrada para siempre del Código Penal Argentino (...) es el desapoderamiento de bienes sin sentencia fundada en ley o por medio de requisiciones militares´ y no puede ser asimilada al Aporte, que fue sancionado por el Congreso de la Nación en el marco de sus facultades constitucionales”.
Sin embargo, el fallo no excluye el control de la posible confiscatoriedad del Aporte conforme a doctrina judicial, pero en el caso concreto, dice que el actor no la alegó ni ofreció prueba al respecto.
Sin perjuicio de ello, y como parte del análisis vinculado a la proporcionalidad de la carga en función de los fines que habrían justificado su sanción, se infiere del fallo que la misma podría resultar inválida si fuera desproporcionada, pero afirma que para ello el actor debió acreditar que la carga legal le resulta desmesurada y que se vuelve una exigencia insoportable, es decir que restringe su patrimonio de tal manera de verse imposibilitado de ejercer su plan de vida y, la consecuente frustración de sus derechos fundamentales.
Es importante mencionar que se trata de un estándar difuso, cuyo contenido no fue precisado en la sentencia comentada, y que no necesariamente será coincidente con el estándar de prueba de la confiscatoriedad de los tributos, consistente esta última en la sola acreditación de la absorción de una parte sustancial de la renta o del patrimonio.
El fallo comentado no está firme y es probable que el actor lo recurra a instancias superiores.
Aumento de la percepción por compras con tarjetas en moneda extranjera o contratación de servicios en el exterior
El 14 de julio de 2022 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución General N° 5232/2022 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, mediante la cual se incrementó de un 35% a un 45% la percepción del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto sobre los Bienes Personales en las operaciones con moneda extranjera, como la contratación de servicios en el exterior o prestados por sujetos radicados fuera de la Argentina o la adquisición de bienes en el exterior o a sujetos radicados fuera de la Argentina.
Esta disposición surte efectos desde el día de su publicación en el Boletín Oficial y no aplica sobre la compra de moneda extranjera para atesoramiento.
Para mayor información, por favor contactar a Manuel Benites y L. Marcelo Núñez. |
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Wealth Tax: First judgment on the merits in a declaratory action
On July 15, 2022, in the case “P, S.O. c/EN-MINISTERIO DE ECONOMÍA y OTRO s/PROCESO DE CONOCIMIENTO”, the Federal Contentious Administrative Court No. 10 issued the first judgment on the merits known so far in the framework of a declaratory action in relation to the “Extraordinary Contribution to help mitigate the effects of the pandemic” (the “Contribution”) created by Law No. 27,605, rejecting the claim filed by the taxpayer.
We consider that the value of the ruling as a precedent is quite limited, since the taxpayer raised the question of the constitutionality of the Contribution as a matter of law, without alleging or offering concrete evidence on the possible confiscatory effect of the Contribution, or, as the ruling states: “on the damage that the Contribution causes to his right to property, that is to say, how intensive is the restriction of the right that the taxpayer claims to have suffered”. In addition, both the taxpayer and the judge analyze the Contribution as a non-tax burden, which leads to a constitutional analysis different from that applicable to taxes.
The judgment begins by holding that Law No. 27,605 respects the principle of legality, and therefore is an appropriate legal instrument for the restriction of the right to property. It also argues that Congress has the power to “regulate” the right to property and to establish, through the exercise of its police power, economic burdens on individuals. Notwithstanding the classification of the Contribution as a non-tax economic burden, it argues that if it were to be analyzed as a contribution of a tax nature, its imposition would also fall within the constitutional powers of the National Congress.
The ruling is based on considerations on the power of the State and its authority to impose non-tax burdens on individuals in emergency situations, which in turn leads to the test of constitutionality applicable to legislation enacted in these special situations.
In this sense, the judgment lists the requirements that emergency laws must meet to withstand constitutional testing: a) that they are enacted in emergency situations declared by Congress and with due basis in facts, b) that they pursue the satisfaction of a public interest, c) that the remedies justified in the emergency are of those proper to it and reasonably used, and d) that the laws enacted are limited in time and that their term of validity has a direct relationship with the requirements on account of which they were enacted, concluding that in the case all of them are met.
The taxpayer argued in his claim that the Contribution is not a tax, and therefore it is not a public revenue admitted by the Argentine Constitution, and for that reason alone implies a confiscation of his property. In response to this argument, the ruling states that “the arguments put forward by the taxpayer cannot be favorably admitted, because they make an improper assimilation between the Contribution -an economic burden- and the institute of confiscation referred to in Article 17 of the Argentine Constitution, since, as the Supreme Court has stated, ´confiscation that has been erased for ever from the Argentine Criminal Code (...) is the seizure of property without a judgment based on law or by means of military requisitions´ and cannot be assimilated to the Contribution, which was imposed by the National Congress within the framework of its constitutional powers”.
However, the ruling does not exclude the control of the possible conficatory effect of the Contribution in each specific case in accordance with judicial doctrine, but in this particular case the judgment states that the taxpayer did not allege it nor offered evidence in this regard.
Notwithstanding the foregoing, and as part of the analysis related to the proportionality of the economic burden in terms of the purposes that would have justified its imposition, it is inferred from the ruling that it could be invalid if it were disproportionate, but it states that for this the taxpayer should have proven that the economic burden is excessive and that it becomes an unbearable burden, that is to say that it restricts his assets in such a way that he is unable to carry out his life plan with the consequent frustration of his fundamental rights.
It is important to highlight that the abovementioned is a diffuse standard, the content of which is not specified in the ruling, and that it does not necessarily coincide with the standard of proof of confiscatory taxes, the latter consisting in the sole evidence of the absorption of a substantial part of the income or assets of the taxpayer.
The judgment is not yet final and it is highly likely that the taxpayer will appeal it to the Court of Appeals.
Increase in the tax perception over purchases in foreign currency
On July 14, 2022, General Resolution No. 5232/2022 of the Federal Tax Authority (AFIP) was published in the Official Gazette, increasing from 35% to 45% the collection of Income Tax and Personal Property Tax on transactions with foreign currency, such as the hiring of services abroad or rendered by persons located outside Argentina or the acquisition of goods abroad or from persons located outside Argentina.
This provision is effective as from the date of its publication in the Official Gazette and does not apply to the purchase of foreign currency for saving purposes.
For further information, please refer to Manuel Benites and L. Marcelo Núñez.
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Mercado de Capitales
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Capital Markets
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Adecuación Artículo 2º, Capítulo I, Título IV de las Normas
Con fecha 15 de julio de 2022, la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) dictó la Resolución General N° 936/2022 (la “Resolución”) modificando el artículo 2 del Capítulo I respecto al Régimen Informativo, Título IV de las Normas de la CNV (las “Normas”). En este sentido, establece que las entidades financieras autorizadas a funcionar en el mercado de capitales, como las compañías de seguros que revisten el carácter de emisoras, podrán compatibilizar la presentación de los estados contables conforme lo dispuesto por el Banco Central de la República Argentina (el “BCRA”) y la Superintendencia de Seguros de la Nación, respectivamente.
Asimismo, se incorporan precisiones sobre el tratamiento contable y plazos aplicables a las emisoras controlantes de entidades financieras y/o compañías de seguro que no se ajusten a las condiciones previstas en el artículo.
Por último, se eliminó el artículo 7, Capítulo XII Título XVIII de las Normas, que establecía que las entidades financieras que se encuentren autorizadas a hacer oferta pública de títulos valores y/o registradas ante la CNV por sus actividades vinculadas al mercado de capitales, y las entidades emisoras cuyos principales activos y resultados estén constituidos por y se originen en inversiones en entidades financieras y presenten sus estados financieros observando la normativa establecida por el BCRA, en los términos de lo dispuesto por el artículo 2 del Capítulo I del Título IV de las Normas, debían presentar sus Estados Financieros dentro de los plazos que establezca el BCRA.
La Resolución entró en vigencia el día 18 de julio de 2022.
Modificación Título V, Capítulo II, Sección I y VI- Subcategoría ALYC
Con fecha 6 de julio de 2022, la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) dictó la Resolución General N° 935/2022 (la “Resolución”), donde se incorpora la subcategoría Agente de Liquidación y Compensación Integral Agroindustrial (“ALyC I AGRO”) en el marco regulatorio vigente para la inscripción y funcionamiento de los Agentes de Colocación y Distribución de Fondos Comunes de Inversión y los Agentes de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión.
A tal fin, se sustituyen los siguientes artículos de las Normas de la CNV (las “Normas”):
- Artículos 1 y 2 de la Sección I del Capítulo II del Título V, incorporando los requisitos que deberán cumplir los ALyC I AGRO para la solicitud de inscripción en el Registro de Agentes de Colocación.
- Artículo 23 de la Sección VI del Capítulo II del Título V de las Normas, estableciendo los requisitos que deberán cumplir los ALyC I AGRO para actuar como Agentes de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión.
- Artículo 25 de la Sección VI del Capítulo II del Título V de las Normas, estableciendo el régimen informativo que deben cumplir los ALyC I AGRO.
La Resolución entró en vigencia el día 11 de julio de 2022.
Para mayor información, por favor contactar a Diego Serrano Redonnet y María Gabriela Grigioni.
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Modification of Article 2, Chapter I, Title IV of the Rules
On July 15, 2022, the National Securities Commission (“CNV” after its Spanish acronym) issued General Resolution No. 936/2022 (the “Resolution”), amending Article 2 of Chapter I on the Informative Regime, Title IV of the CNV Rules (the “Rules”). In this regard, the Resolution establishes that financial entities authorized to operate in the capital market, as well as insurance companies that are issuers, may submit financial statements following the provisions of the Argentine Central Bank (“BCRA” after its Spanish acronym) and the Superintendence of Insurance of the Nation, respectively.
The accounting regime and terms applicable to the controlling issuers of financial entities and/or insurance companies that do not comply with the conditions set forth in the section are included.
Finally, Article 7, Chapter XII, Title XVIII of the Rules, which established that financial entities authorized to perform public offerings of securities and/or registered before the CNV for their activities related with the capitals market, and issuing entities whose main assets and results are made of and result from investments in financial entities and submit their financial statements observing the regulations established by the BCRA, under the terms Article 2 of Chapter I of Title IV of the Rules, must submit their Financial Statements within the deadlines established by the BCRA, was eliminated.
This Resolution became effective on July 18, 2022.
Modification of Title V, Chapter II, Section I and VI- ALYC Sub-Category
On July 6, 2022, the National Securities Commission (“CNV” after its Spanish acronym) issued General Resolution No. 935/2022 (the “Resolution”), which incorporates the subcategory Agroindustrial Integral Settlement and Clearing Agent (Agente de Liquidación y Compensación Integral Agroindustrial) (“ALyC I AGRO”) within the current regulatory framework for the registration and operation of Mutual Fund Placement and Distribution Agents and Mutual Fund Integral Placement and Distribution Agents.
For such purpose, the following articles of the CNV Rules (the “Rules”) are replaced:
- Articles 1 and 2 of Section I of Chapter II, Chapter II of Title V of the Rules, establishing the requirements to be met by the ALyC I AGRO for the application for registration in the Register of Placement Agents.
- Article 23 of Section VI of Chapter II, Chapter II of Title V of the Rules, establishing the requirements to be complied with by the ALyC I AGRO to act as Placement and Integral Distribution Agents of Mutual Funds.
- Article 25 of Section VI, Chapter II, Chapter II, Title V of the Rules, establishing the information regime to be complied with by the ALyC I AGRO.
The Resolution became effective on July 11, 2022.
For further information, please refer to Diego Serrano Redonnet and María Gabriela Grigioni.
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Control de Cambios
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Foreign Exchange Regulations
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Comunicación “A” 7547/2022 del Banco Central de la República Argentina
A través de la Comunicación “A” 7547 de fecha 14 de julio de 2022 (la “Comunicación”), el Banco Central de la República Argentina (el “BCRA”) realizó una serie de modificaciones y adecuaciones a las normas sobre “Exterior y Cambios” (las “Normas Cambiarias”) relativas al acceso al mercado local de cambios (el “MLC”).
Pago de importaciones de bienes. En lo que respecta al acceso al MLC para el pago de importaciones de bienes, la Comunicación estableció lo siguiente:
- En la medida en que se acredite que el pago se realiza en el marco de una importación temporaria para transformación, no resultará de aplicación para los bienes que correspondan a las posiciones arancelarias detalladas en los puntos 10.10.1 y/o 10.10.2 de las Normas Cambiarias, los requisitos de contar con la conformidad previa del BCRA y el plazo de espera de acceso al MLC de 180 o 365 días corridos desde la fecha de registro de ingreso aduanero de los bienes según corresponda;
- Con relación a la ampliación del monto por el cual los importadores pueden acceder al MLC en virtud de lo dispuesto por las disposiciones complementarias (Punto 10.11 de las Normas Cambiarias) a partir de la liquidación de anticipos y prefinanciaciones de exportaciones del exterior, se admitirá el acceso por el equivalente al monto que el importador ingrese y liquide en concepto de anticipos y prefinanciaciones en el exterior que tenga una fecha de vencimiento igual o posterior a la fecha del registro de ingreso aduanero de los bienes, más 60 días corridos, en el caso de que los bienes a abonar correspondan a fertilizantes y/o productos fitosanitarios y/o insumos que serán utilizadas para la elaboración local de los mismos, cuyas posiciones arancelarias se encuentren comprendidas en el listado del punto 10.14.4 de las Normas Cambiarias.
- La posibilidad de reasignar total o parcialmente a uno o más proveedores directos del beneficiario, las certificaciones de exportación de insumos temporales en el marco del régimen de factoría incorporadas por la Comunicación “A” 7542, para que pueda ser utilizada por el receptor.
Pagos de servicios prestados por no residentes. Con respecto a los requisitos adicionales establecidos por la Comunicaciones “A” 7532 y 7542 para cursar pagos de servicios prestados por no residentes, alcanzados por el Sistema Integral de Monitoreo de Pagos al Exterior de Servicios (SIMPES) a través del MLC, la Comunicación redujo a 60 días corridos el plazo de la condición que establece el plazo mínimo que debe existir entre la prestación efectiva del servicio por parte del no residente y el acceso al MLC, cuando se trate de pagos que correspondan a servicios contratados a no residentes por empresas del sector energético para atender sus necesidades operativas.
Para mayor información, por favor contactar a Diego Serrano Redonnet, Alejo Muñoz de Toro y Nicolás Aberastury.
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Argentine Central Bank Communication “A” 7547/2022
By means of Communication “A” 7547 dated July 14, 2022 (the “Communication”), the Argentine Central Bank (the “BCRA” after its Spanish acronym) made a series of amendments and adjustments to the Foreign Exchange Regulations set forth by the BCRA (the “FX Regulations”), regarding access to the Foreign Exchange Market (the “FX Market”).
Payment of imports of goods. Regarding access to the FX Market for the payment of imports of goods, the Communication established the following:
- To the extent that it is evidenced that the payment is made within the framework of a temporary import for processing, the requirements of prior approval by the BCRA and the waiting period for access to the FX Market of 180 or 365 calendar days from the date of registration of customs entry of the goods, as applicable, shall not apply to goods corresponding to the tariff items detailed in Sections 10.10.1 and/or 10.10.2 of the FX Regulations.
- With respect to the increase in the amount for which importers may access the FX Market pursuant to the provisions of the complementary provisions (Section 10. 11 of the FX Regulations) as from the liquidation of advances and pre-financing of exports from abroad, access will be allowed for the equivalent of the amount that the importer enters and settles as advances and pre-financing abroad that has a maturity date equal to or subsequent to the date of registration of customs entry of the goods, plus 60 calendar days, in the event that the goods to be paid correspond to fertilizers and/or phytosanitary products and/or inputs that will be used for the local processing thereof, whose tariff positions are included in the list of Section 10. 14.4 of the FX Regulations.
- The possibility of totally or partially reassigning to one or more direct suppliers of the beneficiary, the export certifications of temporary inputs under the factory regime incorporated by Communication “A” 7542, so that it can be used by the recipient.
Payments for services rendered by non-residents. In connection with the additional requirements established by Communications “A” 7532 and 7542 to make payments for services rendered by non-residents, covered by the Integral System for Monitoring Foreign Payments of Services (SIMPES) through the FX Market, the Communication reduced to 60 calendar days the term of the condition that establishes the minimum term that must exist between the effective rendering of the service by the non-resident and the access to the FX Market, in the case of payments corresponding to services from non residents contracted by companies of the energy sector in order to meet their operational needs.
For further information, please refer to Diego Serrano Redonnet, Alejo Muñoz de Toro and Nicolás Aberastury.
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Conservación de los Recursos Naturales
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Conservation of Natural Resources
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Creación del Parque y Reserva Nacional “Ansenuza”
El 13 de julio de 2022 se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la Ley N° 27.673 (la “Ley”), a través del cual el Estado Nacional aceptó la cesión de la jurisdicción y dominio ambiental, efectuada por la provincia de Córdoba en la Ley Provincial N° 10.775, de determinados sectores de propiedad provinciales, cuyos límites se establecen en los anexos de la Ley.
En consecuencia, se crea el Parque y Reserva Nacional “Ansenuza”, quedando sometidos al régimen de la Ley N° 22.351 de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales.
Ampliación del Parque Nacional “Pre-Delta”
El 13 de julio de 2022 se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la Ley N° 27.672, a través del cual el Estado Nacional aceptó la transferencia de jurisdicción, efectuada por la provincia de Entre Ríos, del área delimitada en el art. 1 de la Ley Provincial N° 10.841.
En consecuencia, la norma incorpora dicha área al territorio del Parque Nacional “Pre-Delta”, creado por la Ley N°24.063, quedando sometido en su totalidad al régimen de la Ley N°22.351 de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales.
Para mayor información, por favor contactar a Nicole Jaureguiberry y Joaquín Ojeda Goncalves.
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“Ansenuza” National Park and Reserve was created
The “Ansenuza” National Park and National Reserve was created by means of Law No. 27,673 (the “Law”), published in the Official Gazette on July 13, 2022. Through said Law, the National State has accepted the transfer of jurisdiction and environmental domain carried out by the Province of Córdoba in the Provincial Law No. 10,775.
Consequently, said National Park and National Reserve are under the regime of Law No. 22,351 of ‘National Parks, Natural Monuments and National Reserves’.
“Pre-Delta” National Park expansion
The National State has accepted the transfer of jurisdiction carried out by the Province of Entre Ríos, of the delimited area in the Provincial Law No. 10,841, by means of Law No. 27,672 (the “Law”), published on July 13, 2022 in the Official Gazette.
Consequently, through said Law, the aforementioned area was included as part of the “Pre-Delta” National Park, created by Law No. 24,063, establishing under the regime of Law No. 22,351 on National Parks, Natural Monuments and National Reserves, its total extension.
For further information, please refer to Nicole Jaureguiberry and Joaquín Ojeda Goncalves.
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