Fallo IGJ c/Línea Expreso Liniers S.A.I.C. s/Organismos Externos. Resolución General IGJ N° 12/2021
Con fecha 9 de agosto de 2021, la Sala C de la Cámara Comercial, dejó sin efecto las Resoluciones Generales N° 34/2020 y 35/2020 de la Inspección General de Justicia (“IGJ”) y se refirió a varios principios sobre diversidad de género, discriminación inversa y las respectivas atribuciones del Congreso y la IGJ.
La intervención de la citada Sala se debió a las apelaciones presentadas por Línea Expreso Liniers S.A.I.C. (“Expreso Liniers”), contra las referidas resoluciones de la IGJ, que disponían que ciertas sociedades anónimas -como la sociedad en cuestión-, debían respetar la diversidad de género en la composición de sus órganos de administración y fiscalización, procediendo a integrarlos con la misma cantidad de mujeres que de hombres.
Según surge del fallo, la IGJ argumentó que actuaba en ejercicio de las facultades reglamentarias que le concedían ciertas normas que citó y, en cuanto al fondo de la cuestión, invocó los artículos 37 y 75 de la Constitución Nacional (la “CN”), la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ratificada por nuestro país mediante la Ley N° 23.179, varias leyes conexas, y la Resolución General IGJ N° 7/2015.
Por su parte, Expreso Liniers manifestó que, utilizando como argumento el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminar por razones de género, la IGJ le ha impuesto una condición en la conformación de esos órganos que no surge de la ley, y que restringe su derecho a elegir libremente, en base a la experiencia profesional de los interesados, lo que resulta esencial para la constitución de una sociedad y para el desarrollo fructífero de los negocios.
Manifestó asimismo, que las potestades administrativas de la IGJ no son absolutas e ilimitadas, sino que se encuentran limitadas por el propio ordenamiento jurídico y que imponer esa obligación bajo pena de dar intervención al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y al Ministerio de las Mujeres y Diversidad de la Nación, constituye un verdadero avasallamiento de los derechos de los accionistas.
Oídos los argumentos, la Sala C entendió que la cuestión concierne tanto al concepto de igualdad como a su contracara, la prohibición de discriminar.
Al respecto señaló que el criterio tradicional de igualdad (según el artículo 16 de la CN) debe ser, un piso mínimo y necesario, “pero insuficiente cuando lo que se enfrenten sean desigualdades estructurales que muestren que, por hallarse en situación de postergación, ciertas personas también se encuentran impedidas de acceder a los beneficios de esa igualdad legal, que a su respecto se presenta meramente declamatoria”.
Junto a este principio aparece una nueva concepción (no consagrada expresamente en ninguna norma), de “acciones positivas” (artículo 75 inciso 23 CN), que confirman que el constituyente ha aceptado que de nada vale que la ley asegure igualdad de trato a un sujeto si, por razones vinculadas a su realidad, ese sujeto jamás ha de encontrarse, siquiera, en la situación contemplada en la norma que debería serle aplicada. La igualdad frente a la ley o igualdad “estática”, debe complementarse con un concepto dinámico que apunte a la realidad, para evitar así una “ficción de igualdad”.
Corresponde al Congreso entonces, en virtud del artículo 75, inciso 19 de la CN, sancionar las leyes que consoliden la igualdad de oportunidades, sin ninguna discriminación. Dicha tarea excede la competencia reglamentaria de la IGJ, puesto que de lo contrario estaría emitiendo disposiciones de carácter legislativo, lo que sería contrario a las previsiones del artículo 99 de la CN y a la división de poderes. Si bien la Administración puede dictar normas para la mejor ejecución de las leyes, no puede alterarlas ni contrariar su espíritu, ni restringir los derechos que a los particulares les hubiera correspondido.
La Sala C entendió que en este caso, la IGJ adoptó medidas de protección o discriminación inversa, que aunque fueron inspiradas en loables propósitos, alteraron la regulación establecida por la Ley N° 19.550.
Determinar el mecanismo adecuado para garantizar a las mujeres la participación en los órganos societarios (“acción positiva”) es una atribución del Congreso.
Manifestó que el cupo automático que se pretendió establecer “no solo importó imponer una obligación a quienes antes no la tenían, sino también descartar a otros postulantes por el solo hecho de no pertenecer al grupo tutelado, postergando -en su caso- a otros colectivos que pudieran encontrarse en similar grado de vulnerabilidad, todo lo cual evidencia que estamos ante materias que no encuadran dentro de la noción de 'reglamentación'”, argumentada por la IGJ.
Señaló además que la regulación societaria que en el caso interesa, no es el derecho de las posibles mujeres a ser nombradas, sino los de la sociedad destinataria de la gestión, los derechos de sus socios y los de los terceros. Dichos derechos se protegen imponiendo a los integrantes de esos órganos obligaciones de medios, fundadas en la confianza que en ellos se tiene, y en los estándares de lealtad y diligencia que se les imponen (artículos 59, 274 y concordantes de la Ley N° 19.550), y deben considerarse intuitu personae.
Lo dirimente no puede ser el sexo del prestador, sino el derecho a contratar a la persona de confianza que hace a la “causa fin” de lo que se contrata.
La llamada “perspectiva de género” no impone siempre decidir a favor de la mujer, sino impedir que ella sea postergada por el hecho de serlo; y, si bien parece indudable que las “acciones positivas” vistas se encaminan a ese objetivo sobre la base de “preferir” al grupo a cuya tutela se ordenan, esa preferencia no puede realizarse a expensas de derechos de otros sujetos que también cuenten con amparo constitucional.
Como consecuencia del fallo de la Sala C, mediante Resolución General N° 12/2021 (la “Resolución”), publicada el 20 de agosto de 2021 en el Boletín Oficial, el Inspector General de Justicia resolvió: (i) ratificar la plena vigencia de la Resoluciones Generales N° 34/2020, 35/2020 y 42/2020; (ii) comunicar al INADI lo resuelto por la Sala C; (iii) instruir a la Oficina de Asuntos Judiciales de la IGJ que promueva juicios políticos contra los jueces de la Sala C que suscribieron el fallo.
Fundamentó principalmente la Resolución en las siguientes consideraciones:
(i) La Sala C no tendría competencia para entender en el tema, correspondiendo su tratamiento a la Cámara Contencioso Administrativo Federal;
(ii) Con base en distintos convenios internacionales la IGJ contaría con atribuciones reglamentarias autoaplicativas, para dar efectividad a las prescripciones contenidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, por ser de jerarquía constitucional.
Para mayor información, por favor contactar a Vanina Veiga.
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Judgment: IGJ v. Línea Expreso Liniers S.A.I.C. in re External Organizations. General Resolution IGJ No. 12/2021
On August 9, 2021, Chamber C of the Commercial Chamber annulled General Resolutions No. 34/2020 and 35/2020 of the Public Registry of the City of Buenos Aires, the Inspección General de Justicia (“IGJ”) and referred to several principles on gender diversity, reverse discrimination and the respective powers of Congress and IGJ.
The aforementioned Chamber issued judgment due to the appeals presented by Línea Expreso Liniers S.A.I.C. (“Expreso Liniers”), against the aforementioned IGJ resolutions, which provided that certain companies -such as the company in question-, must respect gender diversity in the composition of their administration and Surveillance Committee, with the same number of women as men.
According to the ruling, IGJ argued that it was acting in exercise of the regulatory powers granted thereto by certain rules and, regarding the merits of the matter, invoked Sections 37 and 75 of the National Constitution (the “CN”), the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women ratified by our country through Law No. 23,179, various related laws, and General Resolution IGJ No. 7/2015.
Expreso Liniers stated that, using the right to equality and the prohibition of discrimination for reasons of gender as arguments, IGJ has imposed a condition on the company in the formation of such bodies that does not arise from the law, and that restricts their right to freely choose, based on the professional experience of the interested parties, what is essential for the constitution of a company and for the best development of business.
Expreso Liniers also stated that the administrative powers of IGJ are not absolute and unlimited, but are limited by the legal system itself and that the imposition of that obligation under penalty of informing the National Institute against Discrimination, Xenophobia and Racism (INADI) and the National Ministry of Women and Diversity constitutes a real subjugation of the shareholders' rights.
After hearing the arguments, the Chamber C understood that the issue concerns both the concept of equality and its counterpart, the prohibition of discrimination.
In this regard, it pointed out that the traditional criterion of equality (according to Section 16 of the CN) must be a minimum and necessary basis, “but insufficient when structural inequalities are faced, showing that, because they are in a situation of postponement, certain people are also prevented from accessing the benefits of this legal equality, which in their respect is merely declamatory”.
Along with this principle it appears a new concept (not expressly stated in any law), of “positive actions” (Section 75 Subsection 23 CN), which confirms that the constituent has accepted that it is useless for the law to ensure equal treatment to a subject if, for reasons related to his reality, that subject shall never even find himself in the situation contemplated in the rule that should be applied to him. Equality before the law or “static” equality, must be complemented with a dynamic concept that considers reality, in order to avoid a “fiction of equality”.
It is then up to Congress, by virtue of Section 75, Subsection 19 of the CN, to enact laws that consolidate equal opportunities, without any discrimination. This task exceeds the regulatory jurisdiction of IGJ, since otherwise it would be issuing provisions of a legislative nature, which would be contrary to the provisions of Section 99 of the CN and the division of powers. Although the Administrative Authority can issue regulations for the better execution of the laws, it cannot alter them or contradict their essence, nor restrict the rights that would have corresponded to individuals.
The Chamber C understood that in this case, IGJ adopted measures of protection or inverse discrimination, which, although inspired by laudable purposes, altered the regulation established by Law No. 19,550.
Establishing the appropriate mechanism to guarantee women participation in corporate bodies (“positive action”) is an attribution of Congress.
The Chamber C stated that the automatic quota that was intended to be established “not only meant to impose an obligation on those who did not have it before, but also discarding other applicants for the sole fact of not belonging to the protected group, postponing -where appropriate- other groups that could be found in a similar degree of vulnerability, all of which shows that we are dealing with matters that do not fit within the notion of 'regulation'”, argued by IGJ.
It also pointed out that the corporate regulation that is of interest in the case does not concern the right of potential women to be appointed, but the rights of the company in question, the rights of its partners, and those of third parties. Those rights are protected by imposing on the members of these bodies such obligations, based on the trust thereon and on the standards of loyalty and diligence that are imposed on them (Sections 59, 274 and related sections of Law No. 19,550), and they should be considered intuitu personae.
The decisive factor cannot be the sex of the provider, but rather the right to hire the person of trust who fits the “end cause” of what is hired.
The so called “gender perspective” does not always impose deciding in favor of women, but rather to prevent her from being postponed due to the fact that she is; and, although it seems unquestionable that the “positive actions” seen, are directed towards this objective on the basis of “preferring” the group under whose protection they are ordered, such preference cannot be carried out at the expense of the rights of other subjects who also have constitutional protection.
As a consequence of the ruling of Chamber C, through General Resolution No. 12/2021, published on August 20, 2021, in the Official Gazette (the “Resolution”), IGJ decided to: (i) ratify the full validity of General Resolutions No. 34/2020, 35/2020 and 42/2020; (ii) inform INADI what was resolved by Chamber C; (iii) instruct the Office of Judicial Affairs of IGJ to start an impeachment trial against the judges of Chamber C who signed the ruling.
IGJ mainly based the Resolution on the following grounds:
(i) Chamber C would not have jurisdiction over the matter, and the relevant body should be the National Court of Appeals in Administrative Federal Matters;
(ii) Based on different international conventions, IGJ would have self-applying regulatory authority to apply the prescriptions contained in the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women, since it is of constitutional nature.
For further information, please refer to Vanina Veiga.
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