La AFIP impone un pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias para empresas que superen cierto nivel de ganancias. Aspectos controvertibles
El 16 de agosto de 2022 la Administración Federal de Ingresos Públicos publicó en el Boletín Oficial la Resolución General N° 5248/2022 (la “Resolución”) por medio de la cual se establece - por única vez- un pago a cuenta del impuesto a las ganancias a cargo de los contribuyentes y responsables enumerados en el artículo 73 de la ley del tributo, es decir, aquellos catalogados como “sujetos empresa”, siempre y cuando se cumpla alguno de los dos parámetros establecidos en la norma.
Los sujetos alcanzados por la Resolución son aquellos que: (i) hubieran determinado un impuesto a las ganancias en el período 2021 o 2022, según corresponda, igual o superior a $100.000.000 (Cien Millones de Pesos); o (ii) que en alguno de dichos períodos, hubieran tenido un resultado impositivo (ganancia) en el impuesto a las ganancias igual o superior a $300.000.000 (Pesos Trescientos Millones), sin aplicar los quebrantos impositivos de ejercicios anteriores.
Aquellos sujetos alcanzados por la Resolución que hubieran determinado un importe superior a $0 mediante el procedimiento establecido en el artículo 3 inciso a) de la Resolución General N° 5211 y su modificatoria (es decir, que hubieran determinado un monto positivo a los efectos de la determinación de los anticipos del impuesto a las ganancias imputables al ejercicio al que corresponderá aplicar el pago a cuenta), el monto del pago a cuenta será del 25% del referido importe.
Para el resto de los sujetos alcanzados por la Resolución, el monto del pago a cuenta se calcula aplicando el 15% sobre el resultado impositivo (ganancia) en el impuesto a las ganancias del período fiscal inmediato anterior al que corresponde aplicar el pago a cuenta, sin aplicar los quebrantos impositivos de ejercicios anteriores.
Para los sujetos alcanzados cuyo cierre de ejercicio opere entre los meses de agosto de 2021 y diciembre de 2021, el pago a cuenta se computará contra el impuesto a las ganancias del período fiscal 2022. Por su parte, para los sujetos alcanzados cuyo cierre de ejercicio opere entre los meses de enero de 2022 y julio de 2022, el pago a cuenta se computará contra el impuesto a las ganancias del período fiscal 2023.
El pago a cuenta se deberá abonar en tres cuotas iguales y consecutivas según el cronograma dispuesto por la Resolución, variando los vencimientos en función a la fecha de cierre de ejercicio de los sujetos alcanzados. La primera cuota vence el día 22 de octubre de 2022.
La Resolución aclara que no será aplicable el mecanismo de compensación establecido por la Resolución General N° 1658 para la cancelación del pago a cuenta implementado, y que este último tampoco podrá considerarse a los efectos del régimen de reducción de anticipos.
Las disposiciones de la Resolución entraron en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial, es decir, el 16 de agosto de 2022.
Los criterios que la Resolución establece para calcular el pago a cuenta pueden resultar controvertibles desde una perspectiva constitucional, sobre todo en aquellos supuestos en los cuales no se permite computar los quebrantos de años anteriores.
Impuesto a la Riqueza: Primera sentencia de fondo a favor del contribuyente
El pasado 8 de agosto de 2022 en la causa “INTRA, MANUEL ULISES c/ AFIP s/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”, el Juzgado Federal de Corrientes N° 1 dictó sentencia de fondo haciendo lugar al planteo del contribuyente en el marco de una acción declarativa referida al Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” (el “Aporte”) creado por la Ley Nº 27.605.
En la citada causa, la actora solicitó la declaración de inconstitucionalidad del Aporte por resultar violatorio al: (i) Derecho de propiedad y principio de no confiscatoriedad; (ii) Principio de igualdad (iii) Principio de Razonabilidad y (iv) Principio de capacidad contributiva.
Sin desconocer la existencia de una emergencia global, el juez comienza adelantado su opinión en el sentido de que la aplicación al caso concreto de la Ley del Aporte configura una categórica contraposición con postulados fundamentales de nuestro Estado de derecho, consagrados y garantizados dentro de la Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional.
La sentencia analiza la naturaleza jurídica del Aporte y lo caracteriza como una carga pública monetaria de carácter económico.
Asimismo, el juez advierte que el hecho imponible del Aporte resulta prácticamente idéntico –aunque más gravoso- que el del Impuesto sobre los Bienes Personales (“IBP”) dado que grava a la totalidad de la base imponible del IBP.
En cuanto al análisis de la confiscatoriedad, el fallo recuerda la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referida a su configuración: se debe producir una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o del capital en un quantum fijado en 33%. En tal sentido, el juez indica que sin lugar a dudas cualquier tributo se paga con la renta y, por lo tanto, el referido porcentaje debe ser aplicado sobre la renta que producen los activos, calculada según el rendimiento normal medio de una correcta explotación.
La sentencia puntualiza la importancia de la prueba en aquellos casos donde se alega confiscatoriedad. De esta forma, el peritaje contable resulta ser un elemento indispensable para el progreso de las acciones declarativas de inconstitucionalidad basadas en la confiscatoriedad del tributo cuestionado.
En el supuesto bajo análisis, la pericia contable arrojó que la renta total del actor durante el período fiscal 2020 y que deriva de los bienes alcanzados por el Aporte ascendería estimativamente a la suma de $6.508,04. Por lo tanto, concluye que el Aporte absorbería aproximadamente el 118.326,78% de la renta total del actor del año 2020. Y, si se le suma el IBP, el porcentaje ascendería a 155.326%, resultado que lleva a la conclusión que en el caso el Aporte resulta manifiestamente inconstitucional al configurarse el supuesto de confiscatoriedad.
Por consiguiente, el juez resuelve hacer lugar a la acción promovida y declarar la inconstitucionalidad del Aporte al caso particular por resultar violatorio a las garantías y principios constitucionales del: (i) derecho de propiedad y principio de no confiscatoriedad; (ii) principio de razonabilidad y (iii) principio de capacidad contributiva.
Si bien la sentencia aún no ha quedado firme, la decisión final probablemente la tendrá la Corte Suprema de Justicia de Nación quien tendrá que analizar si los principios y garantías en disputa se encuentran vulnerados en el caso concreto.
Para mayor información, por favor contactar a Manuel M. Benites y L. Marcelo Núñez.
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The Argentine Federal Tax Authority imposes a payment on account of income tax for companies that exceed certain level of profits. Controversial matters
On August 16, 2022, the Argentine Federal Tax Authority published in the Official Gazette General Resolution No. 5248/2022 (the “Resolution”) which requires a one-time advanced payment on account of income tax to taxpayers listed in Section 73 of the Income Tax Law, i.e., those classified as “corporate entities”, provided that one of the two parameters established in the regulation is met.
Taxpayers subject to the Resolution are those that: (i) have determined an income tax in the period 2021 or 2022, as the case may be, equal or higher than AR$100,000,000 (One Hundred Million Argentine Pesos); or (ii) in any of those periods, have had a tax result (profit) equal or higher than AR$300,000,000 (Three Hundred Million Argentine Pesos), without offsetting the tax losses of previous years.
The amount of the advanced payment is 25% of the amount determined under Section 3, Subsection a) of General Resolution 5211 as the base for calculating the regular advances on account of Income Tax, provided that basis is higher than AR$0.
For the rest of the taxpayers subject to the Resolution, the amount of the advanced payment is calculated by applying 15% rate on the tax result (profit) of the tax period immediately prior to the one to which the payment on account is to be applied, without offsetting the tax losses of previous years.
For taxpayers with a taxable year ending between August 2021 and December 2021, the payment on account will be computed against income tax for the 2022 fiscal year. On the other hand, for taxpayers with a taxable year ending between January 2022 and July 2022, the payment on account shall be computed against the income tax for the 2023 fiscal year.
The payment on account shall be paid in three equal and consecutive installments according to the schedule provided by the Resolution. The payment dates depend on the closing date of the fiscal year of the taxpayers. The first installment is due on October 22, 2022.
The Resolution provides that the compensation mechanism established by General Resolution No. 1658 shall not be applicable for the cancellation of this new payment on account, and that the latter shall not be considered for the purposes of the advanced payment reduction regime.
The provisions of the Resolution came into force on the day of its publication in the Official Gazette, i.e. August 16, 2022.
The criteria established by the Resolution to calculate the advanced payment may be controversial from a constitutional perspective, especially in those cases in which it is not allowed to offset tax losses from previous years.
Wealth Tax: First judgment in favor of a taxpayer on the merits
On August 8, 2022, in re “INTRA, MANUEL ULISES c/ AFIP s/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”, the Federal Court of Corrientes No. 1 issued a judgment on the merits in favor of a taxpayer in a declaratory action in relation to the “Extraordinary Contribution to mitigate the effects of the pandemic” (the “Contribution”) created by Law No. 27,605.
In said action, plaintiff sought a declaration of unconstitutionality of the Contribution for being in conflict with several constitutional rights and principles: (i) the right to property and the principle of non-confiscation; (ii) the principle of equality; (iii) the principle of due process of law; and (iv) the principle of capacity to contribute.
Without disregarding the existence of a global emergency, the judge begins his opinion stating that application of the Contribution to the specific case is in evident conflict with the fundamental principles of our law, established and guaranteed by the National Constitution and International Human Rights Treaties with constitutional hierarchy.
The opinion analyzes the legal nature of the Contribution and characterizes it as a monetary public charge of an economic nature.
Furthermore, the judge points out that the taxable event of the Contribution is practically the same -although more burdensome- as the Personal Asset Tax (“PAT”) since the Contribution is levied on the entire taxable base of the PAT.
Regarding the confiscation analysis, the case recalls the Supreme Court of Justice doctrine in respect of its configuration: there must be an absorption by the State of a substantial portion of the income or capital in a quantum fixed at 33%. In this sense, the court states that without doubt, any tax is paid with the income and, therefore, the referred percentage must be applied to the income produced by the assets, calculated according to the average normal yield of a correct exploitation.
The judgment focuses on the importance of proving the confiscation. Thus, the report of an accounting expert is a necessary piece of evidence for the success of a declaratory action based on confiscation.
In the case under analysis, the accounting experts report showed that the total income of the taxpayer during the tax period 2020 arising from the assets taxed by the Contribution amounted to an estimated figure of ARS 6,508.04. Therefore, it concludes that the Contribution would absorb approximately 118,326.78% of the total income of the taxpayer for the year 2020. And, if the PAT is added, the percentage would increase to 155,326%. This result means that the Contribution is manifestly unconstitutional due to its confiscatory character.
Therefore, the court admitted the action and declared the unconstitutionality of the Contribution in the particular case for being in violation of the constitutional guarantees and principles of: (i) the right to property and the principle of non-confiscation; (ii) the principle of due process of law and (iii) the principle of capacity to contribute.
Although the judgment has not yet become final, the final decision will probably be made by the Supreme Court of Justice, which will have to analyze whether the principles and guarantees in dispute are violated in the specific case.
For further information, please refer to Manuel M. Benites and L. Marcelo Núñez.
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