Francisco J. Romano Para LA NACION
Como me dijo un amigo venezolano: “Todo muy confuso y raro por los momentos. Espero que las cosas se aclaren en los próximos meses. Lo que es cierto es que el país cambió totalmente, nuestra historia cambió”.
En efecto, la incertidumbre es muy grande, pero algunas incógnitas se han ido despejando. Por ejemplo, en la reunión mantenida por del presidente Trump con los empresarios petroleros el 9 de enero quedaron claras las prioridades de uno y de otros: evidentemente, hay en el gobierno norteamericano, más que un interés en acceder a las reservas hidrocarburíferas del país caribeño, un fundamento geopolítico, tendiente a limitar el acceso de China y Rusia, a esas mismas reservas. Entre los empresarios, mientras tanto, rige el típico “esperar y ver”, propio de una industria que se rige fundamentalmente por la ley del balance y la reducción o la mitigación del riesgo mediante la asignación inteligente de recursos limitados entre los diversos activos que componen el portafolio de oportunidades disponibles en el mundo en un momento dado. Hoy esas oportunidades en América Latina se llaman Guyana, presal brasileño y, en menor medida, Vaca Muerta. Y la factibilidad de los proyectos en todos los casos estará ligada al precio internacional del crudo como variable fundamental. Es que, como muy bien se dijo también, los tiempos de un proyecto petrolero de magnitud, siempre son más largos que un gobierno; los ciclos petroleros no caben en los ciclos políticos.
¿En qué terminará todo esto? ¿Se quedará el gobierno norteamericano en una actitud de perro del hortelano, sin lograr mayores inversiones o adhesiones a la apertura que se empieza a ver tímidamente, o logrará una verdadera lluvia de inversiones, que rápidamente duplique o triplique la producción actual? En verdad el deterioro de la industria petrolera venezolana en general y la consecuente caída de la producción es un fenómeno que viene desde hace 70 años. También es cierto que se acentúa con el advenimiento del chavismo, cuando Venezuela pasó de 3.4 millones de barriles diarios a producir actualmente menos de 1 millón. De no haberse dado esa aceleración de la debacle, el país tendría que estar actualmente produciendo entre 4 y 5 millones de barriles por día. Las primeras medidas que se han tomado parecen ir en la dirección correcta: se han hecho algunos cambios en la ley orgánica de hidrocarburos, plasmados en la reforma publicada el 29 de enero de este año. Esas enmiendas derogan ciertos impuestos distorsivos, le ponen topes a las regalías y amplían los alcances de la participación de empresas privadas, que podrían ganar control operativo de los campos y brindar servicios al estado sin el corsé de la “empresa mixta”, que continúa requiriendo mayoría accionaria de la empresa estatal y aprobación del socio estatal para las decisiones claves, como el pago de dividendos. Se habilita también el arbitraje como alternativa a los tribunales venezolanos para la resolución de controversias, pero con grandes incógnitas de ejecutabilidad de los laudos. Recordemos que en 2012 el país denunció el Convenio que crea el crea el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones , CIADI, bien conocido por la Argentina, y que, hasta el momento no ha iniciado su reincorporación, como sí lo hizo Ecuador.
Por otra parte, la oficina de control de activos extranjeros de los Estados Unidos (OFAC) mediante sucesivas licencias liberó primero la comercialización de petróleo crudo, y luego las inversiones contingentes en exploración y producción, para los contratos que estén bajo ley y jurisdicción estadounidense, siempre y cuando los pagos a Venezuela o a Pdvsa se hagan a una cuenta con destino específico, como el uso de fondos para el pago de regalías y el repago de financiación, manejada desde los Estados Unidos. Las oportunidades que ofrece el país con las mayores reservas del mundo y casi sin riesgo geológico son enormes, pero también es enorme el desafío y esa tarea ciclópea requiere mucho más que ajustes a una ley sectorial; requiere de una serie de garantías institucionales, sobre todo, estabilidad, regulatoria y fiscal, cumplimiento de las leyes y los contratos, respeto de los derechos adquiridos y una justicia independiente, en fin, todo lo que llamamos seguridad jurídica. Más allá de las posiciones políticas o ideológicas, aquello sobre lo que todos están de acuerdo, es que se necesita reconstruir la industria petrolera venezolana y es sobre ese consenso básico que se debe encarar la construcción institucional. También desde el punto de vista empresario, esa construcción basada en un amplio consenso de toda la sociedad es imprescindible para afrontar lo que se conoce como riesgos de superficie. Se han dado pasos en la dirección correcta, pero sin la confianza generada por esa construcción, que necesariamente requerirá mucho tiempo, los problemas se agudizarán. Evidentemente, pase lo que pase, la historia cambió. Ojalá cambie para mejor.
Asesor de empresas internacionales de energía, socio del estudio PAGBAM y director de posgrado en Universidad Austral
Áreas de práctica
Artículo publicado en:
