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ALERTA DE NOVEDADES LEGALES
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LEGAL NEWS ALERT
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La Secretaría de Energía de la Nación redefine el régimen de generación distribuida
La Secretaría de Energía de la Nación (la “Secretaría”), a través de la Resolución N° 287/2025 (la “Resolución”) derogó la Resolución N° 235/2024 y modificó el régimen de fomento a la generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica pública, establecido por la Ley N° 27.424.
La Resolución busca simplificar los procesos administrativos conforme los lineamientos establecidos por la Ley N° 27.742, eliminando trámites burocráticos que no contribuyen al bienestar común.
Entre sus medidas, se redefinen las categorías de usuarios-generadores, que ahora pueden ser individuales, comunitarios o comunitarios virtuales. Además, se establece una clasificación por potencia instalada: pequeños (hasta 3 kW), medianos (más de 3 kW y hasta 300 kW) y mayores (más de 300 kW y hasta 12 MW). La potencia máxima de acople a la red no podrá superar los 12 MW en un mismo punto de suministro, y solo podrá ser objetada por la empresa distribuidora si existen estudios técnicos fundados que evidencien riesgos para la seguridad operacional de la red.
Asimismo, la Resolución elimina la obligación de que los agentes distribuidores informen a la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético sobre cada nuevo proyecto de generación distribuida.
Por otro lado, se refuerza la prohibición de que las distribuidoras apliquen cargos adicionales relacionados con estudios técnicos, mantenimiento de red, peajes de acceso u otros conceptos asociados a la instalación y conexión de equipos de generación distribuida. La energía inyectada por el usuario deberá reflejarse en la factura junto con su precio, y el importe a pagar será el resultante neto entre el valor de la energía demandada y el de la energía inyectada, sin incluir impuestos sobre los excedentes.
Reforma del Mercado Eléctrico Argentino: adecuaciones a las leyes 15.336 y 24.065
A través del Decreto N° 450/2025, el Poder Ejecutivo Nacional introdujo adecuaciones a las Leyes N° 15.336 y N° 24.065 con el objetivo de modernizar y desregular el mercado eléctrico argentino.
Se establece un período de transición de 24 meses para implementar medidas orientadas a promover la competencia, optimizar la eficiencia en la generación eléctrica y facilitar la libre elección de proveedores.
Durante ese plazo, la Secretaría de Energía deberá dictar normas necesarias para, entre otros:
(i) procurar la desconcentración y un mercado de competencia de hidrocarburos en orden a la libre contratación de combustible para generadores eléctricos, evitando situaciones que generen posiciones dominantes de mercado; (ii) asegurar la regularización de la cadena de pagos entre generadores y distribuidores; (iii) la definición de nuevos criterios de remuneración para la generación térmica con foco en la eficiencia en la compra de gas natural, gasoil y fuel oil; (iv) avanzar con la transferencia progresiva de contratos de compraventa de energía y compraventa de combustible desde CAMMESA hacia los actores privados del mercado, tanto para la Oferta como la Demanda del MEM (Mercado Eléctrico Mayorista); y (v) revisar “Los Procedimientos del MEM” a efectos de definir su derogación o reemplazo durante el período de transición.
Asimismo, destacamos que dentro de las modificaciones de la Ley N° 15.336, se incorpora un nuevo artículo 12 bis, que determina que interfiere con los objetivos de la legislación federal en la materia, y con la libre circulación de energía eléctrica:
(a) cualquier tributo de orden local (provincial, municipal, comunal o equivalente) -aunque se establezca bajo la denominación de tasa retributiva de servicio-, en tanto no retribuya servicios prestados de manera efectiva, concreta e individualizada o que exceda el costo específico del servicio efectivamente prestado; y
(b) cualquier acto o norma de la autoridad concedente local, que impida o restrinja: (i) el traslado del costo de adquisición de la energía eléctrica en el MEM a la tarifa de los usuarios finales de los distribuidores, en tanto tal costo sea trasladable a la tarifa según la normativa federal; (ii) el pago de las deudas de tales distribuidores cancelables a través del Organismo Encargado del Despacho; o (iii) la autosuficiencia económica financiera del mercado eléctrico conforme lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 24.065.
En virtud del nuevo art. 14 de la Ley N° 15.336, se mantiene el criterio que las siguientes actividades requieren de una concesión pública otorgada por el Poder Ejecutivo Nacional, a saber:
(a) para el aprovechamiento de las fuentes de energía hidroeléctrica de los cursos de agua pública cuando la potencia normal que se conceda exceda de 500 kilovatios; y
(b) para el ejercicio de actividades destinadas al servicio público de transporte y/o distribución de electricidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley Nº 24.065.
Nuevo ente regulador para gas y electricidad
El Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto N° 452/2025, dispuso la constitución formal del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (el “Ente”), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 161 de la Ley N° 27.742. Este nuevo organismo unificará las funciones que hasta ahora ejercían el ENARGAS y el ENRE, pasando a funcionar bajo la órbita de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.
La medida tiene por objeto simplificar la estructura administrativa, optimizar el uso de recursos y modernizar la regulación en materia de transporte y distribución de gas natural y electricidad.
El Ente asumirá las competencias previstas en las Leyes N° 24.076 y N° 24.065, manteniendo inicialmente las unidades organizativas de los entes preexistentes hasta tanto se defina su estructura definitiva.
Se establece que el Ente contará con autarquía e independencia funcional y presupuestaria, y plena capacidad jurídica para actuar tanto en el ámbito del derecho público como privado.
El Directorio del organismo deberá encontrarse conformado y en funciones dentro de los próximos 180 días. Hasta entonces, el ENARGAS y el ENRE continuarán operando con normalidad.
Nuevo marco regulatorio para la industria del gas licuado de petróleo
El Poder Ejecutivo de la Nación, mediante el Decreto N° 446/2025 (el “Decreto”), introdujo modificaciones sustanciales a la Ley N° 26.020, que regula la industria del gas licuado de petróleo (“GLP”). La reforma tiene como objetivos principales reducir la intervención estatal, simplificar los procedimientos administrativos y promover una mayor participación del sector privado en toda la cadena de valor.
En este marco, se redefine el rol de la Secretaría de Energía de la Nación, que se mantiene como autoridad de aplicación (la “Autoridad de Aplicación”), aunque con competencias acotadas exclusivamente al control y fiscalización en materia de seguridad.
Asimismo, se reemplaza el régimen de autorizaciones previas por un sistema de registración más ágil. Bajo este nuevo esquema, la presentación de la documentación exigida habilita a los interesados a iniciar sus actividades si la Autoridad de Aplicación no se expide dentro del plazo previsto. Este mecanismo se rige por el principio de silencio positivo, en virtud del cual la falta de respuesta dentro del término legal implica la aprobación tácita de la solicitud.
Por otra parte, se garantiza el acceso abierto a la actividad para todos los actores debidamente inscriptos como fraccionadores, distribuidores, comercializadores o grandes consumidores. Además, se liberalizan plenamente las operaciones de comercio exterior: la importación de GLP no requerirá autorización previa y la exportación será libre, en tanto se asegure el abastecimiento interno.
Para mayor información, por favor contactar a Francisco J. Romano.
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The Federal Secretariat of Energy redefines the distributed generation regime
The Federal Secretariat of Energy (the “Secretariat”), through Resolution No. 287/2025 (the “Resolution”) repealed Resolution No. 235/2024 and modified the regime for the promotion of distributed generation of renewable energy integrated to the public power grid, established by Law No. 27,424.
The Resolution seeks to simplify administrative processes in accordance with the guidelines established by Law No. 27,742, eliminating bureaucratic procedures that are not conducive to the common welfare.
The Resolution reclassifies user-generators into individual, community or virtual community categories and introduces a new classification by installed power into small (up to 3 kW), medium (over 3 kW and up to 300 kW) and larger (over 300 kW and up to 12 MW). The maximum grid connection power may not exceed 12 MW at a single supply point, and may only be objected to by the distribution company based on well-founded technical studies that demonstrate risks to the operational safety of the grid.
The Resolution also eliminates the obligation for distribution agents to inform each new distributed generation project to the Undersecretariat of Energy Transition and Planning.
On the other hand, the Resolution reinforces the prohibition for distributors to apply additional charges related to technical studies, network maintenance, access tolls or other concepts associated to the installation and connection of distributed generation equipment. The energy volume injected by the user must be reflected in the bill together with its price, and the amount to be paid will be the net result between the value of the energy demanded and that of the energy injected, without including taxes on the surplus.
Argentinean Electricity Market Reform: Adjustments to Laws 15,336 and 24,065
Through Decree No. 450/2025, the National Executive Branch introduced adjustments to Laws No. 15,336 and No. 24,065 with the aim of modernizing and deregulating the Argentine electricity market.
A 24-month transition period is established to implement measures aimed at promoting competition, enhancing efficiency in power generation, and facilitating users’ freedom to choose their energy suppliers.
During such period, the Secretariat of Energy must issue the necessary regulations to, among other things:
(i) promote the deconcentration and a competitive hydrocarbons market aimed at enabling the free contracting of fuel for power generators, avoiding situations that lead to market dominance; (ii) ensure the regularization of the payment chain between generators and distributors; (iii) define the new remuneration criteria for thermal power generation with a focus on efficiency in the procurement of natural gas, gasoil and fuel oil; (iv) move forward with the gradual transfer of energy purchase agreements and fuel purchase agreements from CAMMESA to private market participants, both on the supply and demand sides of the “MEM” (Mercado Eléctrico Mayorista, after its Spanish acronym); and (v) revise MEM Procedures in order to determine their repeal or replacement during the transition period.
Furthermore, it is worth noting that among the amendments to Law No. 15,336, a new Article 12 bis is introduced, which establishes that the following shall be considered as interfering with the objectives of federal legislation and with the free circulation of electric power:
(a) any local tax (provincial, municipal, communal, or equivalent) -even if established under the name of a service fee- insofar as it does not remunerate services that are effectively, concretely, and individually provided, or exceeds the specific cost of the service actually rendered; and
(b) any act or regulation issued by the local granting authority that hinders or restricts: (i) the pass-through of the cost of acquiring electric power in the MEM to the tariff paid by the distributors’ end-user clients, provided such cost is transferable to the tariff pursuant to federal regulations; (ii) the payment of debts by such distributors payable through the Dispatch Authority; or (iii) the financial and economic self-sufficiency of the electricity market, as established in Article 2 of Law No. 24,065.
The new Article 14 of Law No. 15,336, upholds the principle that the following activities require a public concession granted by the National Executive Branch:
(a) for the use of hydroelectric energy sources from public watercourses when the authorized normal capacity exceeds 500 kilowatts; and
(b) for carrying out activities related to the public service of electricity transmission and/or distribution, in accordance with the provisions of Article 3 of Law No. 24,065.
New Regulatory Entity for Gas and Electricity
The Federal Executive Power, by means of Decree No. 452/2025 (the “Decree”), formally created the National Gas and Electricity Regulatory Entity (the “Regulator”), in compliance with the provisions of Section 161 of Law No. 27,742. This new agency will unify the functions that until now were exercised by ENARGAS and ENRE, and will now operate under the orbit of the Energy Department of the Ministry of Economy.
The purpose of the measure is to simplify the administrative structure, optimize the use of resources and modernize the regulation of the transportation and distribution of natural gas and electricity.
The Regulator will assume the competences set forth in Laws No. 24,076 and No. 24,065, initially maintaining the organizational units of the pre-existing entities until its definitive structure is defined.
The Decree established that the Regulator shall have autonomy and functional and budgetary independence, and full legal capacity to act both in the field of public and private law.
The Board of Directors of the agency must be formed and in office within the next 180 days. Until then, ENARGAS and ENRE will continue to operate normally.
New regulatory framework for the liquefied petroleum gas industry
The Federal Executive Power, by means of Decree No. 446/2025 (the “Decree”), introduced substantial amendments to the liquefied petroleum gas (“LPG”) Law No. 26,020 to reduce state intervention, simplify administrative procedures and promote a greater participation of the private sector in the whole value chain.
Within this framework, the Decree redefines the role of the Federal Secretariat of Energy, which is maintained as the enforcement authority (the “Authority of Application”), although with competences limited exclusively to the control and supervision of safety matters.
Likewise, the Decree replaces the previous authorization system with a more agile registration system. Under this new scheme, the presentation of the required documentation enables the interested parties to start their activities if the Authority of Application does not issue a decision within the established term. This mechanism is governed by the principle of positive silence, by virtue of which the lack of response within the legal term implies the tacit approval of the application.
On the other hand, the Decree guarantees open access to the activity for all duly registered actors such as fractionators, distributors, marketers or large consumers. In addition, it fully liberalizes foreign trade operations: LPG imports will not require prior authorization and exports will be free, as long as the domestic supply is ensured.
For further information, please refer to Francisco J. Romano.
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Derecho Minero
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Mining Law
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Modificaciones en el Régimen de Inversiones Mineras
Mediante el Decreto N° 449/2025, el Poder Ejecutivo introdujo cambios sustanciales en la Ley 24.196 (Régimen de Inversiones para la Actividad Minera) y en la Ley 24.466 (Banco Nacional de Información Geológica).
Aspectos principales de las modificaciones:
- Artículo 10 – Certificado de Estabilidad Fiscal: Se simplifica el contenido del certificado que emite la Autoridad de Aplicación. Ahora solo debe indicar la fecha de presentación del estudio de factibilidad, que será la referencia para determinar la carga tributaria total aplicable al proyecto minero. Ya no se exige detallar los tributos nacionales, provinciales, municipales, ni de CABA.
- Artículo 18 – Declaración Jurada Anual: Los beneficiarios deberán presentar anualmente una declaración jurada con el detalle de las inversiones realizadas, acompañada de un informe técnico independiente, para mejorar la calidad del control y reducir demoras administrativas.
- Artículo 26 – Verificación de compromisos: La Autoridad de Aplicación verificará el cumplimiento de los compromisos asumidos por el beneficiario basándose en la declaración jurada anual y el informe técnico independiente correspondiente.
- Artículo 27 – Información geológica: La información geológica de superficie que los inscriptos deben aportar se incorporará al Banco de Datos administrado por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), en reemplazo del Banco de Datos de la Secretaría de Minería.
- Artículo 1° de la Ley N° 24.466 – Banco Nacional de Información Geológica: Se establece que el Banco funcionará bajo la dependencia orgánica del SEGEMAR, evitando superposición de funciones con la Secretaría de Minería y consolidando la gestión técnica del sector.
- Vigencia: 7 de julio de 2025. Aplica también a los trámites que se encontraban en curso a esa fecha.
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Modifications to the Mining Investment Regime
Through Decree No. 449/2025, the Executive Branch introduced substantial changes to Law No. 24,196 (Mining Investment Regime) and Law No. 24,466 (National Geological Information Bank).
Key aspects of the modifications:
- Article 10 – Fiscal Stability Certificate: The content of the certificate issued by the Enforcement Authority is simplified. It now only needs to indicate the date of submission of the feasibility study, which will serve as the reference point for determining the total tax burden applicable to the mining project. It is no longer required to list national, provincial, municipal, or CABA taxes.
- Article 18 – Annual Affidavit: Beneficiaries must annually submit an affidavit detailing the investments made, accompanied by an independent technical report, to improve oversight quality and reduce administrative delays.
- Article 26 – Verification of Commitments: The Enforcement Authority will verify the beneficiary's compliance with its commitments based on the annual affidavit and the corresponding independent technical report.
- Article 27 – Geological Information: Registered Surface geological information submitted will be incorporated into the Data Bank managed by the Argentine Geological Mining Service (SEGEMAR), replacing the Data Bank of the Department of Mining.
- Article 1 of Law No. 24,466 – National Geological Information Bank: It established that the Bank will operate under the organizational authority of SEGEMAR, avoiding functional overlap with the Department of Mining and consolidating the sector’s technical management.
- Effective date: July 7, 2025. The changes also apply to proceedings that were in progress as of that date.
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Mercado de Capitales
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Capital Markets
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Reducción del plazo de permanencia para la liquidación de títulos públicos
Por medio de la Resolución General N° 1073/2025 de la Comisión Nacional de Valores (la “Resolución” y la “CNV”, respectivamente), vigente desde el 4 de julio de 2025, la CNV introdujo modificaciones al el procedimiento de actualización de prospecto y programas globales y al régimen de emisor frecuente.
La Resolución elimina la obligatoriedad de actualización del Prospecto por el mero hecho de la aprobación de los estados financieros del nuevo ejercicio económico por parte del Emisor.
Así, la información que previamente debía ser actualizada obligatoriamente en el Prospecto, deberá incorporarse, en adelante, en el Suplemento de Prospecto para cada emisión dentro de un Programa Global, a la vez que el emisor deberá mantener actualizada su información financiera en la Autopista de la Información Financiera de la CNV.
Dicha modificación, es aplicable a los trámites de Programa Global del Régimen General, del régimen PyMEs, y del régimen de emisor frecuente, ante la aprobación de nuevos estados financieros.
A su vez, respecto a los Emisores Frecuentes se elimina la necesidad de ratificación de su condición.
Simplificación de la regulación para Fideicomisos Financieros con Autorización Automática de Emisiones Frecuentes
Por medio de la Resolución General N° 1074/2025 de la Comisión Nacional de Valores (la “Resolución” y la “CNV”, respectivamente), vigente desde el 11 de julio de 2025, la CNV introdujo modificaciones a su Resolución General N° 1063/2025 respecto al régimen de autorización automática para emisiones frecuentes de fideicomisos financieros, informada mediante el Alerta de Novedades Legales de fecha 25 de abril de 2025.
La Resolución simplifica los requisitos aplicables para los fideicomisos financieros que cuenten con autorización automática de emisiones frecuentes.
En particular, la misma dispone que la actualización Suplemento de Prospecto Anual para Emisiones Frecuentes será optativa.
En caso de que se decida no presentar dicho suplemento actualizado, la información correspondiente deberá incorporarse en el Suplemento Abreviado de cada Serie, el cual adoptará la estructura utilizada en el Suplemento de Términos Particulares y continuará sin requerir aprobación ni revisión por parte de la CNV. A su vez, se deberá asegurar que toda la información relevante se mantenga debidamente actualizada en la Autopista de Información Financiera de la CNV.
Por otro lado, la Resolución contempla la posibilidad de diferir la determinación del monto máximo de cada emisión, a cada Serie en particular, a diferencia de la regulación anterior que exigía que el mismo fuera determinado en un misma Acta de Directorio del fiduciante a presentar junto con cada Suplemento de Prospecto Anual.
Modificación al Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática de Acciones
Por medio de la Resolución General N° 1075/2025 de la Comisión Nacional de Valores (la “Resolución” y la “CNV”, respectivamente), vigente desde el 12 de julio de 2025, la CNV introdujo una modificación a su Resolución General N° 1072/2025 respecto al régimen de oferta pública para autorización automática de acciones, informada mediante el Alerta de Novedades Legales de fecha 27 de junio de 2025.
En particular, para aquellas emisoras que se encuentran en la oferta pública, la Resolución elimina el requisito de unanimidad en la renuncia de los accionistas a su derecho de preferencia, estableciendo, condiciones específicas para los aumentos de capital social mediante un régimen basado en la renuncia mayoritaria calificada y en el cumplimiento de ciertos requisitos procedimentales y temporales.
Así, cuando la emisora ya se encuentra admitida en el régimen de oferta pública de acciones, el aumento de capital por suscripción deberá ser aprobado por asamblea ordinaria o extraordinaria, conforme lo establezca el estatuto social, y podrá encuadrarse en este régimen siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
(i) Que los accionistas que representen al menos el 51% del capital social hayan renunciado expresamente al derecho de preferencia respecto de las acciones cuya emisión haya sido aprobada en la asamblea;
(ii) Que la emisión se concrete dentro de los 60 días corridos desde la asamblea que la apruebe (prorrogables hasta 120);
(iii) Que las tenencias de los accionistas renunciantes queden bloqueadas ante el Agente de Registro desde la asamblea hasta su efectiva colocación; y
(iv) Que los accionistas que no hayan renunciado al derecho de preferencia, ejerzan el mismo conforme al procedimiento previsto en el artículo 62 bis de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831.
Para mayor información, por favor contactar a Diego Serrano Redonnet y María Gabriela Grigioni.
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Determination of the time period for the settlement of government securities
By means of General Resolution No. 1073/2025 of the National Securities Commission (the “Resolution” and the “CNV”, after its Spanish acronym), effective as of July 4th, 2025, the CNV introduced amendments to the procedure for updating the prospectus and global programs and to the frequent issuer regime.
The Resolution eliminates the obligation to update the Prospectus by the mere fact of the approval of the financial statements of the new fiscal year by the Issuer.
Thus, the information that previously had to be compulsorily updated in the Prospectus must be incorporated, from now on, in the Prospectus Supplement for each issue within a Global Program, while the issuer must keep its financial information updated in CNV’s platform.
Such amendment is applicable to the Global Program procedures of the General Regime, the PyMEs Regime and the Frequent Issuer Regime, upon approval of new financial statements.
The need to ratify the status of the Frequent Issuers is eliminated.
Simplification of regulation for Financial Trusts with Automatic Authorization of Frequent Issuances
By means of General Resolution No. 1074/2025 of the National Securities Commission (the “Resolution” and the “CNV”, after its Spanish acronym), effective as of the 11th of July 2025, the CNV introduced amendments to General Resolution No. 1063/2025 with respect to the automatic authorization regime for frequent issuance of financial trusts informed in the Legal News Alert dated 25th April 2025.
The Resolution simplifies the requirements applicable to financial trusts with automatic authorization for frequent issuances. In particular, the Resolution provides that the updating of the Annual Prospectus Supplement for Frequent Issues will be optional.
In the event that it is decided not to file such an updated supplement, the corresponding information must be included in the Abbreviated Supplement of each Series, which will adopt the structure used in the Supplement of Particular Terms and will continue without requiring approval or review by the CNV. At the same time, it must be ensured that all relevant information is duly updated in the CNV's website.
On the other hand, the Resolution allows for the determination of the maximum amount of each issuance to be deferred to each particular Series, as opposed to the previous regulation that required the same to be determined in the same Trustee's Board of Directors Minutes to be submitted together with each Annual Prospectus Supplement.
Modification to the Public Offering Regime with Automatic Authorization of Shares
By means of General Resolution No. 1075/2025 of the National Securities Commission (the “Resolution” and the “CNV”, after its Spanish acronym), effective as of the 12th of July 2025, the CNV introduced amendments to its General Resolution No. 1072/2025 regarding the public offering regime for automatic authorization of shares, informed by means of the Legal News Alert dated June 27, 2025.
In particular, for those issuers that are in the public offering, the Resolution eliminates the requirement of unanimity in the shareholders' waiver of their preemptive rights, establishing specific conditions for capital stock increases through a regime based on the qualified majority waiver and compliance with certain procedural and temporary requirements.
Thus, when the issuer is already admitted to the public offering of shares, a capital increase by subscription must be approved by an ordinary or extraordinary shareholders' meeting, as established in the corporate bylaws, and may be included in this regime provided that certain specific conditions are met:
(i) That the shareholders representing at least 51% of the capital stock have expressly waived their preemptive rights with respect to the shares whose issuance has been approved at the meeting;
(ii) The issuance must be completed within 60 days from the date of the meeting that approves it (extendable up to 120 days);
(iii) That the holdings of the renouncing shareholders be blocked before the Registration Agent from the meeting until the effective placement; and
(iv) That the shareholders who have not waived their preemptive rights exercise the same in accordance with the procedure set forth in Article 62 bis of the Capital Market Law No. 26,831.
For further information, please contact Diego Serrano Redonnet y María Gabriela Grigioni.
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Derecho Aduanero
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Customs Law
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Cambio en el cómputo de plazos de permanencia para Contenedores Temporales de origen extranjero
La Resolución General N° 5719/2025 (la "Resolución”), que entrará en vigencia el 25 de julio de 2025, introduce una modificación en el régimen de admisión temporal de contenedores de origen extranjero en el territorio aduanero.
Esta norma modifica el punto 6 del Anexo I de la Resolución N° 869/93 (ANA) estableciendo que, a partir del 25 de junio de 2025, el plazo improrrogable de permanencia en el territorio aduanero de los contenedores de origen extranjero ingresados bajo el régimen de admisión temporal será de 480 días corridos, computándose el mismo desde la fecha del libramiento del contenedor que fuera objeto de la importación temporaria. Esta adecuación se realiza en línea con lo establecido en el Decreto N° 1.001/1982, sus modificatorios y complementarios, el cual ya indicaba que los plazos de permanencia de los contenedores se acordarían con arreglo a lo establecido en el Código Aduanero y serían computados a partir del libramiento.
Cabe recordar que la Resolución N° 869/93 (ANA) había determinado previamente que el plazo de permanencia de estos contenedores se computaría desde la fecha de arribo del medio de transporte, un criterio que ahora se actualiza. Además, la Ley N° 24.921 y su modificatoria ya habían sustituido los artículos 485 a 487 del Código Aduanero, estableciendo el plazo límite de 480 días para los contenedores de matrícula extranjera importados temporalmente, pero sin determinar el momento preciso del cómputo.
El objetivo de esta medida es el perfeccionamiento de los procedimientos y controles aduaneros por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), buscando combatir el tráfico ilegal de mercaderías y la comisión de transgresiones.
Nuevos Requisitos y Procedimientos para Cargas de Exportación en Planta
A través de la Resolución General N° 5721/2025 (la “Resolución”), vigente desde el 8 de julio de 2025, se establece los nuevos requisitos y procedimientos para el régimen de cargas de exportación en planta, reemplazando así a la Resolución General N° 2.977 y sus modificatorias, las Resoluciones Generales Nros. 3.125 y 3.184.
El propósito central de esta medida es actualizar y simplificar las pautas administrativas del régimen, con el fin de agilizar los procesos y facilitar el comercio exterior.
Los requisitos y procedimientos específicos se detallan en los Anexos I y II de la Resolución. En ellos se establece que las "plantas" deben ser predios con derecho de uso por el exportador, ubicados en la misma jurisdicción aduanera de su actividad económica, y cumplir con ciertas condiciones.
Para adherir, los exportadores deben inscribirse como "Exportador habilitado para operar desde planta” (EXPL) y no tener deudas fiscales. La solicitud se formaliza vía el Sistema Informático de Trámites Aduaneros (SITA), a través del trámite “Multinota Electrónica Aduanera” (MUELA), adjuntando documentación como acreditación del uso del predio, habilitaciones municipales o de terceros organismos, plano del sector de carga, el Formulario OM 2264 y el esquema tecnológico de interacción con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (“ARCA”). Los predios deben contar con dimensiones adecuadas, accesos aptos, un área de carga delimitada donde la mercadería esté individualizada, y una oficina exclusiva para el servicio aduanero. Si aplica, se requieren instrumentos de pesaje habilitados o cámaras de frío/antecámaras para productos perecederos. Mercaderías con requisitos especiales (cadena de frío, peligrosas) o a granel deben ser cargadas en la planta habilitada con infraestructura adecuada o en depósitos fiscales que cumplan las condiciones.
Asimismo, la normativa establece que las autoridades aduaneras competentes se deberán expedir dentro de los 60 días hábiles, y la habilitación será por 5 años, aunque su vigencia en el Sistema Informativo Malvina (S.I.M.) se basará en la fecha de vencimiento de los contratos o habilitaciones, tomándose a este efecto la fecha de vencimiento que resultare anterior.
Se permite la adhesión de terceros exportadores a una planta ya habilitada, indicando vinculación económica, siempre que no tengan deudas.
Por su parte, se excluyen los predios ya habilitados bajo las Resoluciones Generales Nros. 596 y 4.352, y la Resolución Conjunta N° 1.424. El incumplimiento de la norma puede llevar a la suspensión o inhabilitación del exportador, además de sanciones aduaneras.
Finalmente, la aplicación de la presente medida será según un cronograma a publicar en el micrositio de ARCA.
Para mayor información, contactar a Andrés M. Galíndez y Germán A. Martín Quirán.
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Regulatory update on Temporary Admission Terms for Foreign Containers
By means of General Resolution No. 5719/2025 (the "Resolution”), which will enter into force on July 25, 2025, introduces a modification to the temporary admission regime for foreign-origin containers within the customs territory.
This regulation amends point 6 of Annex I of Resolution No. 869/93 (ANA), establishing that, as of June 25, 2025, the non-extendable period of stay in the customs territory for foreign containers admitted under the temporary importation regime shall be 480 calendar days, as from the date of release of the container subject to temporary importation. This adjustment aligns with the provisions of Decree No. 1,001/1982 and its amendments and supplementary regulations, which already provided that the period of stay for containers would be determined in accordance with the Customs Code and calculated from the date of release.
It is worth noting that Resolution No. 869/93 had previously established that the period of stay for such containers would be calculated from the arrival date of the means of transport, a criterion that is now being updated. Moreover, Law No. 24,921 and its amendment had already replaced Articles 485 to 487 of the Customs Code, setting a maximum period of 480 days for temporarily imported containers bearing foreign registration, although without specifying the exact starting point for the calculation.
The aim of this measure is to improve customs procedures and controls by the Tax Collection and Customs Control Agency (ARCA, after its Spanish acronym), with a view to combating the illegal trafficking of goods and the commission of customs offenses.
New Requirements and Procedures for On-Site Export Cargo Operations
By means of Resolution No. 5721/2025 (the “Resolution”), effective as of July 8, 2025, establishes new requirements and procedures for the on-site export cargo regime, thereby replacing General Resolution No. 2,977 and its amendments, General Resolutions Nos. 3,125 and 3,184.
The main objective of this measure is to update and simplify the administrative guidelines of the regime in order to streamline processes and facilitate foreign trade operations.
The specific requirements and procedures are detailed in Annexes I and II of the Resolution. These establish that “plants” must be premises over which the exporter holds usage rights, located within the same customs jurisdiction where their economic activity is carried out, and must meet certain conditions.
To join the regime, exporters must register as an "Authorized Exporter for On-Site Operations“ (EXPL, according to its Spanish acronym) and have no outstanding tax debts. The application is submitted through the Customs Procedures Information System (SITA, according to its Spanish acronym), through the procedure "Multinota Electrónica Aduanera" (MUELA. according to its Spanish acronym), including supporting documentation such as proof of usage rights over the premises, municipal or third-party authorizations, a layout of the loading area, Form OM 2264, and a technology interaction scheme with the Tax Collection and Customs Control Agency (“ARCA” after its Spanish acronym). The premises must have appropriate dimensions, suitable access, a designated loading area where goods are clearly identified, and a dedicated office for customs officials. Where applicable, authorized weighing equipment or cold storage chambers/anterooms for perishable goods are required. Goods with special handling requirements (cold chain, hazardous materials) or bulk cargo must be loaded either at properly equipped authorized plants or at bonded warehouses meeting the necessary conditions.
The regulation further provides that the customs authorities in charge must rule on applications within 60 business days. Authorizations will be valid for 5 years, although their effective validity in the Malvina Information System (SIM, according to its Spanish acronym) will depend on the expiration dates of relevant contracts or licenses, with the earliest expiration date being taken into account for this purpose.
Third-party exporters may also operate from an already authorized plant, provided they declare an economic relationship and have no outstanding debts.
Premises already authorized under General Resolutions No. 596 and 4,352, and Joint Resolution No. 1,424 are expressly excluded from this regime.
Non-compliance with this regulation may result in the suspension or disqualification of the exporter, in addition to customs penalties.
Lastly, the implementation of this measure will follow a schedule to be published on ARCA’s microsite.
For further information, please contact Andrés M. Galíndez and Germán A. Martín Quirán.
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Derecho del Consumidor
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Consumer Protection
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Derogación de cláusulas consideradas abusivas en ciertos contratos de consumo
Mediante la Disposición N° 753/2025 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, se derogó la Resolución N° 9/2004 de la ex Secretaría de Coordinación Técnica que trataba cláusulas abusivas especiales para los contratos de consumo de servicios de medicina prepaga, servicios de comunicaciones móviles y servicios financieros y/o bancarios.
La derogación se explica obedece a que se han emitido normativas específicas para estos sectores. Por ejemplo, la Ley N° 26.682 y la Resolución N° 2.400/2023 de la Superintendencia de Servicios de Salud regulan la medicina prepaga , la Resolución N° 733/2017 del ex Ministerio de Modernización cubre los servicios de comunicaciones móviles, y el Banco Central de la República Argentina ha emitido diversas normas para la protección de los usuarios de servicios financieros.
Para mayor información, por favor contactar a Luis D. Barry, M. Carolina Abdelnabe Vila y Clara Rodríguez Llanos.
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Repeal of clauses considered abusive in certain consumer contracts
Through Disposition No. 753/2025 of the Consumer Protection and Fair Trade Agency, Resolution No. 9/2004 of the former Technical Coordination Agency, which dealt with special abusive clauses for consumer contracts for prepaid medicine services, mobile communication services, and financial and/or banking services, was repealed.
The repeal is explained by the fact that specific regulations have been issued for these sectors. For example, Law No. 26.682 and Resolution No. 2.400/2023 of the Superintendence of Health Services regulate prepaid medicine , Resolution No. 733/2017 of the former Ministry of Modernization covers mobile communication services, and the Central Bank of the Argentine Republic has issued communications for the protection of users of financial services.
For further information, please refer to Luis D. Barry, M. Carolina Abdelnabe Vila and Clara Rodríguez Llanos.
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