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ALERTA DE NOVEDADES LEGALES
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LEGAL NEWS ALERT
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Derecho a la Salud y Farmacéutico
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Health Law and Pharmaceutical
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Nuevo Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas de la República Argentina
En el día de hoy fue publicada en el Boletín Oficial la Ley N° 27.706 (Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas de la República Argentina).
Se trata de una ley que se inscribe en el ya iniciado proceso de digitalización e innovación de la salud en nuestro país (actualmente ya existe una Estrategia Nacional de Salud Digital 2018-2024) y que tiene como principal objetivo la interoperabilidad y mejora en los sistemas de salud.
Los datos salientes de esta norma son:
(i) Se crea el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas de la República Argentina (el “Programa”) con la finalidad de instaurar, en forma progresiva, el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas (el “Sistema Único”).
(ii) En el Sistema Único se dejará constancia de toda intervención médico-sanitaria a cargo de profesionales y auxiliares de la salud que se brinde en el país, ya sea en instituciones públicas en las jurisdicciones nacional, provincial, municipal, y CABA, y en establecimientos privados y de la seguridad social.
(iii) El Sistema Único debe contener los datos clínicos del paciente, de forma clara y de fácil entendimiento, desde el nacimiento hasta su fallecimiento. La información suministrada no puede ser alterada, sin que quede registrada cada modificación.
(iv) El Sistema Único garantiza a los pacientes y profesionales de la salud el acceso a una base de datos de información clínica relevante para atención sanitaria de cada paciente desde cualquier lugar del territorio nacional, asegurando a éste que la consulta de sus datos quedará restringida a quien esté autorizado.
(v) La norma se complementa con la Ley N° 26.529.
(vi) El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley, determinando quién será la autoridad de aplicación, que tendrá diversas atribuciones para lograr el funcionamiento del Programa y del Sistema Único.
Para mayor información, por favor contactar a Nicolás Emanuel del Hoyo y Guillermo Quiñoa.
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New Single Federal Program for the Computerization and Digitization of Medical Records of the Argentine Republic
Law No. 27,706 (Single Federal Program for the Computerization and Digitization of Medical Records of the Argentine Republic) was published today in the Official Gazette.
This law is part of the already initiated process of digitalization and innovation in healthcare in our country (there is already a National Digital Health Strategy in place for the 2018-2024 period) and its main objective is to achieve interoperability and improvement in healthcare systems.
The highlights of this law are:
(i) The Single Federal Program for the Computerization and Digitization of Medical Records of the Argentine Republic (the “Program”) is created to progressively establish the Single System for the Registration of Electronic Medical Records (the “Single System”).
(ii) The Single System shall record every medical-health intervention performed by health professionals and assistants in the country, whether in public institutions in the national, provincial, municipal and CABA jurisdictions, and in private and social security establishments.
(iii) The Unified System must contain the patient's clinical data, in a clear and easy-to-understand manner, from birth to death. The information provided can not be altered, without each modification being recorded.
(iv) The Unified System guarantees patients and health professionals access to a database of clinical information relevant to the health care of each patient from anywhere in the national territory, assuring them that consultation of their data will be restricted to those who are authorized.
(v) The regulation complements Law No. 26,529.
(vi) The Executive Branch will have to regulate the law, determining who will be the enforcement authority, which will have various powers to ensure the operation of the Program and the Unified System.
For further information, please refer to Nicolás Emanuel del Hoyo and Guillermo Quiñoa.
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Derecho Tributario
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Tax Law
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La AFIP crea un nuevo Registro Fiscal de Actividades Mineras e impone nuevos regímenes de retención y de información para el sector minero
El 14 de marzo de 2023 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución General de la AFIP N° 5333/2023 (“RG 5333”) por medio de la cual se implementó:
1) el “Registro Fiscal de Actividades Mineras” (el “Registro”);
2) un régimen de retención de IVA, por pagos configurados a partir del 16 de mayo de 2023, inclusive;
3) un régimen de retención del Impuesto a las Ganancias por pagos configurados a partir del 16 de mayo de 2023, inclusive;
4) un régimen de información para los titulares de derechos de exploración o cateo otorgados por las autoridades mineras; y
5) se crea un régimen de retención de impuesto a las ganancias aplicable a la adquisición de derechos de exploración o cateo a sus titulares.
Por su parte, la RG 5333 establece que estarán obligados a inscribirse en el Registro quienes:
(a) desarrollen actividades mineras (prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación y extracción de sustancias minerales);
(b) proveedores de las empresas mineras mencionadas en el punto (a) anterior;
(c) empresas de servicios inscriptas en el “Registro de Beneficiarios de la Ley N° 24.196”;
(d) productores mineros que presten servicios a terceros utilizando bienes de capital destinados a su propia actividad minera;
(e) proveedores de empresas que realicen la provisión de gerenciamiento de proyectos para el sector minero; y
(f) titulares de permisos exclusivos para explorar o catear un área determinada, otorgados por la autoridad minera.
Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos inscriptos en el “Registro Fiscal de Empresas Mineras” establecido en la Resolución General de la AFIP N° 3692, quedarán automáticamente incluidos en la sección “Empresas Mineras” del Registro.
La inscripción en el Registro se debe hacer hasta el 10 de mayo de 2023, inclusive, y se hace a través del sitio web de la AFIP. Cuando la obligación de inscripción surja con posterioridad a esa fecha, la inscripción debe hacerse dentro de los 15 días consecutivos posteriores de configurada la obligación de inscribirse.
La inscripción en el Registro es requisito para tramitar ante la AFIP los beneficios impositivos establecidos en la Ley N° 24.196 y para efectuar el cómputo en las respectivas declaraciones juradas. También es necesaria la inscripción para la aplicación de los beneficios aduaneros establecidos en el artículo 21 de la Ley N° 24.196.
Las disposiciones de la RG 5333 entrarán en vigencia el 3 de abril de 2023, y reemplazan a las Resoluciones Generales N° 3692 y 4442.
El plazo de prescripción de las infracciones tributarias locales es de 2 años
El 13 de marzo de 2023 la Corte Suprema de Justicia de la Nación (la “CSJN”) resolvió en el caso “Alpha Shipping” que el plazo de prescripción de las infracciones tributarias provinciales se rige por lo dispuesto en el artículo 65, inciso 4) del Código Penal de la Nación y, por lo tanto, el plazo es de 2 años.
La Corte hizo foco en la naturaleza punitiva de las multas previstas en los código fiscales locales, y resaltó las conclusiones a las que el propio Tribunal arribó en las causas “Filcrosa” y “Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados SA”, en las que explicó que la prescripción forma parte de la llamada “legislación común” o “de fondo” a la que hace referencia el artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional, lo que ha justificado que el Congreso Nacional la legislara y, a su vez, se impidiera su regulación por parte de las legislaturas locales.
Por lo tanto, así como en materia de obligaciones impositivas locales resulta de aplicación el plazo de prescripción previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación, en materia infraccional local, debe aplicarse el plazo de prescripción previsto en el Código Penal de la Nación (2 años).
Se deroga el impuesto de sellos sobre los resúmenes de tarjetas de crédito en la Ciudad de Buenos Aires
El 13 de marzo de 2023 se publicó en el Boletín Oficial la Ley N° 6618, por medio de la cual la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires derogó el impuesto de sellos a las liquidaciones o resúmenes periódicos que las entidades emisoras de tarjetas de crédito o compra generen para su remisión a los titulares de las mismas. La derogación del impuesto resulta de aplicación para las liquidaciones que las mencionadas entidades generen para su envío a partir del 10/03/2023.
La AFIP crea un nuevo procedimiento de elaboración participativa de normas
El 6 de marzo de 2023 se publicó en el Boletín Oficial la Disposición N° 42/2023 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (“AFIP”) que propone sustituir la Disposición (AFIP) N° 388/2019 por un nuevo régimen de elaboración participativa de normas.
La Disposición N° 42/2023 creó un nuevo procedimiento de consulta y elaboración participativa de normas con el objeto de difundir determinados proyectos normativos, habilitando un espacio de recepción de propuestas, sugerencias, inquietudes y opiniones relacionadas con los mismos.
Asimismo, se fijan los siguientes canales para el intercambio de sugerencias: por un lado, los Espacios de Diálogo Institucional, y, por el otro, un micrositio gestionado por la AFIP, dentro del sitio web institucional.
Se destaca que solo las las resoluciones generales, las circulares y las disposiciones quedarán bajo el alcance del presente régimen.
Para mayor información, por favor contactar a Manuel M. Benites, L. Marcelo Núñez y Facundo Fernández Santos.
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AFIP creates a new Fiscal Registry of Mining Activities and imposes new withholding and reporting regimes for the mining sector
On March 14, 2023, General Resolution No. 5333/2023 of the AFIP (“GR 5333”) was published in the Official Gazette implementing:
1) the “Fiscal Registry of Mining Activities” (the “Registry”);
2) a VAT withholding regime, for payments made as from May 16, 2023;
3) an income tax withholding regime, for payments made as from May 16, 2023;
4) an information regime for holders of exploration or prospecting rights granted by the mining authorities; and
5) an income tax withholding regime applicable to the acquisition of exploration or prospecting rights.
In addition, GR 5333 establishes that the following shall be obliged to enroll in the Registry:
(a) carry out mining activities (prospecting, exploration, exploitation, development, preparation and extraction of mineral substances);
(b) suppliers of the mining companies mentioned in itempoint (a) above;
(c) service companies enrolled in the “Registry of Beneficiaries of Law No. 24.196”;
(d) mining producers providing services to third parties using capital goods intended for their own mining activity;
(e) suppliers of companies that provide project management services for the mining sector; and
(f) holders of exclusive permits to explore or prospect in a given area, granted by the mining authority.
Notwithstanding the foregoing, parties registered in the “Fiscal Registry of Mining Companies” established in General Resolution No. 3692 will be automatically included in the “Mining Companies” section of the new Registry.
Enrolment in the Registry must be made until May 10, 2023, inclusive. When the obligation to register arises after that date, registration must be made within 15 consecutive days after the obligation to register has arisen.
Registration is a requirement to apply to the AFIP for the tax benefits established in Law No. 24,196. Registration is also required for the application of the customs benefits established in Article 21 of Law No. 24,196.
The provisions of GR 5333 will come into force on April 3, 2023, and will replace General Resolutions No. 3692 and 4442.
The statute of limitations for local tax offenses is 2 years
On March 13, 2023, the Supreme Court ruled in the “Alpha Shipping” case that the statute of limitations for provincial tax offenses is governed by the provisions of article 65, paragraph 4) of the Criminal Code of the Nation and, therefore, the period is 2 years.
The Supreme Court focused on the punitive nature of the tax offenses provided for in the local tax codes, and highlighted the conclusions reached by the Supreme Court itself in the cases of “Filcrosa” and “Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados SA”, in which it explained that the statute of limitations forms part of the so-called “common” or “substantive legislation” referred to in article 75, paragraph 12 of the National Constitution, which has justified the National Congress legislating it and, in turn, preventing its regulation by local legislatures.
Therefore, just as the statute of limitations provided for in the National Civil and Commercial Code applies to local tax obligations, the statute of limitations provided for in the National Criminal Code (2 years) should apply to local offenses.
Stamp tax on credit card statements is repealed in the City of Buenos Aires
On March 13, 2023, Law No. 6,618 was published in the Official Gazette, by means of which the legislature of the City of Buenos Aires repealed the stamp tax on the periodic statements or summaries that credit or purchase card issuers generate for remittance to cardholders. The repeal of the tax is applicable to the statements that the aforementioned entities generate for their remittance as of 10/03/2023.
The AFIP creates a new participatory rule-making procedure
On March 6, 2023, Provision No. 42/2023 of the Federal Administration of Public Revenues was published in the Official Gazette (“AFIP” after its Spanish acronym), which replaced Provision (AFIP) No. 388/2019 with a new participatory rule-making procedure.
Provision No. 42/2023 created a new procedure for consultation and participatory drafting of rules in order to spread certain regulatory projects, providing a space for receiving proposals, suggestions, concerns and opinions related to them.
Likewise, the following channels for the exchange of suggestions are established: on the one hand, the Institutional Dialogue Spaces (Espacios de Diálogo Institucional), and, on the other hand, a microsite managed by the AFIP, within the institutional website.
It should be noted that only general resolutions, circulars and provisions will fall under the scope of this regime.
For further information, please refer to Manuel M. Benites, L. Marcelo Núñez and Facundo Fernández Santos.
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Tecnología y Datos Personales
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Technology and Personal Data
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Proyecto de Ley que regula la Protección y el Tratamiento de Datos Personales avanza en su tramitación en el Congreso
En marzo de 2017 ingresó al Senado el proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de datos personales.
Este proyecto de ley tiene como objetivo principal actualizar y modernizar el marco normativo e institucional en la materia, con el propósito de establecer que el tratamiento de los datos personales de personas naturales se realice con el consentimiento del titular de dichos datos.
De esta forma, el principal desafío regulatorio consiste en equilibrar la protección de los derechos de las personas, especialmente el respeto y protección a la vida privada e intimidad, con la libre circulación de la información, asegurando que las reglas de autorización y uso que se establezcan no entraben ni entorpezcan el tratamiento lícito de los datos por parte de las personas, organismos y empresas.
Entre otros aspectos, el proyecto del ley se ha caracterizado por fortalecer la transferencia internacional de datos en un marco de seguridad, protección y reciprocidad, en consonancia con los compromisos internacionales adquiridos con la incorporación de Chile a la OCDE; y por la creación de una autoridad de control denominada “Agencia de Protección de Datos Personales”, encargada de velar por la protección de los derechos y libertades de los titulares de datos y de regular y fiscalizar el tratamiento que se efectúe con esos datos.
El proyecto se encuentra actualmente en su segundo trámite constitucional ante la Cámara de Diputados, y fue recientemente despachado con suma urgencia por la Comisión de Constitución de la Cámara a la Comisión de Hacienda.
Para mayor información, por favor contactar a Juan Pablo Schwencke y Francisco Prado.
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Bill Regulating the Protection and Treatment of Personal Data advances in its processing in Congress
In March, 2017, a bill that regulates the protection and processing of personal data was introduced in the Senate Chamber.
The main objective of the bill is updating and modernizing the regulatory and institutional framework with the purpose of establishing that the processing of personal data, of natural persons, is carried out with the consent of the data owner.
Therefore, the main regulatory challenge is to balance the protection of the rights of individuals, especially the respect and protection of privacy and intimacy, with the free circulation of information, ensuring that the rules of authorization and use that are established do not interfere or hinder the lawful processing of data by individuals, organizations and companies.
Among other aspects, the bill has been characterized by strengthening the international transfer of data within a framework of security, protection and reciprocity, in line with the international commitments acquired with the incorporation of Chile to the OECD; and by the creation of a control authority called “Personal Data Protection Agency”, in charge of ensuring the protection of the rights and freedoms of data owners and of regulating and supervising the processing of such data.
The bill is currently in its second constitutional process, before the Chamber of Deputies, and was recently dispatched with great urgency by the Constitution Commission of the Chamber to the Treasury Commission.
For further information, please refer to Juan Pablo Schwencke and Francisco Prado.
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Derecho Tributario
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Tax Law
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Cámara de Diputados rechaza proyecto de reforma tributaria
El 8 de marzo de 2023, la Cámara de Diputados rechazó la “idea de legislar” del proyecto de reforma tributaria (la “Reforma”) presentado por el actual Gobierno.
Lo anterior trae consigo varios efectos, siendo los principales:
1. El Impuesto a las Pymes volverá a la tasa de 25% este año.
En razón de la pandemia del COVID-19, se aprobó una ley que redujo temporalmente el impuesto de primera categoría para las sociedades sujetas al régimen pro-pyme, desde 25% a 10%, hasta el 2023.
La Reforma proponía una gradualidad al incremento de la tasa hasta volver a un 25% en 2025 pero, tras su rechazo, la tasa aumentará directamente al 25% y será aplicable en la declaración de renta del 2024 que afecta a las ganancias registradas este año.
2. Los ingresos del trabajo mantendrán su estructura progresiva y no se crearán nuevos tramos y tasas del Impuesto Global Complementario e Impuesto Único de Segunda Categoría.
La Reforma buscaba modificar los tramos medios y altos del impuesto personal, incrementando la tasa para el sexto tramo de 30% a 35% (respecto de quienes perciben más de 90 y hasta 110 Unidades Tributarias Anuales o “UTA”), para el séptimo tramo de 35% a 40% (respecto de quienes perciben más de 110 y hasta 140 UTA) y creaba un nuevo tramo con tasa de 43% (respecto de quienes perciben más de 140 UTA).
Tras el rechazo a la Reforma, la tasa máxima para las personas continuará en 40%.
3. La calificación de la evasión o elusión fiscal seguirá siendo facultad de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.
La Reforma buscaba radicar en el Servicio de Impuestos Internos (“SII”) la potestad de calificar administrativamente los actos de evasión o elusión. Tras el rechazo a la Reforma, esta potestad seguirá siendo de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.
4. Arriendos por viviendas DFL-2 (que establece ciertos beneficios tributarios asociados a “viviendas económicas”) seguirán estando exentos de impuesto a la renta.
La Reforma buscaba que los propietarios de viviendas económicas que cuenten con 140 m2 o menos de construcción consideraran dichos ingresos dentro de su base imponible para efectos del pago de impuesto a la renta. Sin embargo, con el rechazo de la Reforma, se mantiene vigente la exención, pero manteniendo el tope de dos propiedades por persona.
5. Se rechaza la creación del impuesto a las utilidades retenidas.
El texto de la reforma tributaria proponía un gravamen de 1,8% aplicable a la postergación del pago de impuestos personales de parte de socios de sociedades de inversiones no operativas (aquellas que perciban más de un 50% de sus ingresos por rentas pasivas, por ejemplo, dividendos, arriendos e intereses).
El rechazo de la Reforma implica que las utilidades acumuladas y pendientes de tributación en las sociedades de inversión mantienen su régimen actual, pagando impuestos en la medida que se retiren dichas ganancias.
De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Política de la República, la Reforma no podrá discutirse nuevamente sino hasta después de transcurrido 1 año desde su rechazo.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo podría, eventualmente, solicitar al Senado su aprobación mediante el voto favorable de 2/3 de los Senadores presentes en la Sala.
De aprobarse en esa instancia, el proyecto de reforma volvería a la Cámara de Diputados sometiéndose nuevamente a votación y, para rechazarlo, la Cámara requeriría también 2/3.
Para mayor información, por favor contactar a Bárbara Neyra Avilés.
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Chamber of Deputies rejects tax reform bill
On March 8, 2023, the Chamber of Deputies rejected the “idea of legislating” the tax reform bill presented by the current Government (the “Reform”).
This entails several effects, being the main ones:
1. Tax on SMEs will return to a 25% rate this year.
Due to the COVID-19 pandemic, a law temporarily reduced the first category tax for companies subject to the pro-SMEs regime, from 25% to 10%, until 2023.
The Reform proposed a gradual increase in the rate until it returned to 25% in 2025 but, after its rejection, the rate will increase directly to 25% and will be applicable in the 2024 income statement that affects the profits registered this year.
2. Labor income will maintain its progressive structure and no new brackets and rates of the Global Complementary Tax and Single Second Category Tax will be created.
The Reform sought to modify the medium and high brackets of the personal tax, increasing the rate for the sixth bracket from 30% to 35% (regarding those who receive more than 90 and up to 110 Annual Tax Units or “UTA” after its Spanish acronym), for the seventh bracket from 35% to 40% (with respect to those who receive more than 110 and up to 140 UTA) and created a new tranche with a rate of 43% (with respect to those who receive more than 140 UTA).
After the rejection of the Reform, the maximum rate for individuals will continue at 40%.
3. The declaration of tax evasion or avoidance will continue to be the power of the Tax and Customs Courts.
The Reform sought to establish in the Internal Revenue Service (“IRS”) the power to administratively qualify acts of evasion or avoidance. After the rejection of the Reform, this power will continue to belong to the Tax and Customs Courts.
4. Income arising from lease of properties under DFL-2 (which establishes certain tax benefits associated with “affordable housing”) will continue to be exempt from income tax.
The Reform sought that owners of affordable housing with 140 m2 or less of construction (“DFL-2”) would include such income in their taxable income for income tax purposes. However, with the rejection of the reform, the exemption remains in force, but maintaining a cap of two properties per person.
5. The tax on retained earnings is rejected.
The text of the tax reform proposed a 1.8% tax applicable to the deferral of the payment of personal taxes by partners of non-operating investment companies (those that receive more than 50% of their income from passive income, for example, dividends, leases and interest).
The rejection of the Reform implies that accumulated profits pending taxation in investment companies maintain their current regime, paying taxes to the extent that such profits are withdrawn.
In accordance with article 68 of the Political Constitution of the Republic, the Reform may not be discussed again until after 1 year has elapsed since its rejection.
However, the Executive Branch could, eventually, request the Senate's approval through the favorable vote of 2/3 of the voting Senators.
If approved in that instance, the reform bill would return to the Chamber of Deputies, proceeding to a new vote. In order to reject it, the Chamber would also require 2/3.
For further information, please refer to Bárbara Neyra Avilés.
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