Modificaciones al Código Alimentario Argentino para facilitar las importaciones y las exportaciones
El 21 de enero de 2025 entró en vigencia el Decreto Nº 35/2025 (el “Decreto”) que pretende agilizar los plazos para los importadores y desburocratizar los trámites de importación y exportación de productos alimenticios, incentivando el comercio y la industria.
Es de recordar que por medio del Decreto Nº 2126/1971 se estipuló, entre otros aspectos, que los alimentos que se importen o exporten debían satisfacer las normas del Código Alimentario Argentino (el “CAA”) y que la Autoridad Sanitaria Nacional podría verificar las condiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial de los productos que entraran o salieran del país.
En particular, el Decreto modifica el artículo 2 del Anexo I del Decreto Nº 2126/1971, estableciendo que los productos importados con certificaciones de países con parámetros de vigilancia similares o superiores a nuestra legislación, o que utilizan las normas Codex Alimentarius (FAO/OMS) están eximidos de ciertos procedimientos del CAA, debiendo solo presentar una declaración jurada de importación. Se tratan de países como Australia, Canadá, Confederación Suiza, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Estado de Israel, Japón, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y los integrantes de la Unión Europea (incluidos por el Decreto como Anexo III al Decreto N° 2126/1971).
El Decreto establece que las exportaciones de estos productos alimenticios deberán ajustarse únicamente a los requisitos y restricciones impuestos por el país de destino, quedando la Autoridad Sanitaria Nacional impedida de establecer exigencias adicionales. No obstante, en caso de que el país importador requiera certificaciones particulares, el exportador tendrá la facultad de solicitarlas a la Autoridad Sanitaria Nacional.
Por último, el artículo 4 del Anexo II del Decreto Nº 2126/1971 también ha sido objeto de modificaciones. En él se especifican los requisitos documentales que deben satisfacer los importadores que introduzcan productos alimenticios provenientes de los países antes mencionados y, se limita la facultad de la Autoridad Sanitaria Nacional para exigir certificaciones a los exportadores, únicamente en aquellos casos en los que el país de destino las demande expresamente.
Se introducen reformas en el sistema de antidumping
El 16 de enero de 2025 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto Nº 33/2025 (el “Decreto”) a través del cual se reforma el sistema antidumping para promover la baja de precios para los consumidores y la industria.
Resulta preciso recordar que el dumping es una práctica en la que los operadores del comercio internacional introducen sus productos en mercados extranjeros a precios inferiores a su valor normal. Esto genera un impacto negativo en los países importadores, ya que dificulta que las empresas locales puedan competir en igualdad de condiciones. A raíz de ello es que se imponen los derechos antidumping con el propósito de proteger a los productores nacionales y, al mismo tiempo, mitigar las prácticas desleales que alteran las condiciones de competencia justa en el mercado.
La aplicación de derechos antidumping no responde al sólo hecho de exportar a precios más económicos que lo normal, sino que como consecuencia de ello, se genere un daño o se amenace causar un daño, a la rama de producción nacional. El presente régimen está destinado a proteger los intereses de los productores locales a los que el Acuerdo de Antidumping denomina como “rama de la producción nacional” o “mercado doméstico del país importador”, que eventualmente se ven afectados por una práctica considerada anticompetitiva.
Entre los cambios más significativos introducidos por el Decreto, se destacan:
- La reducción de los plazos de duración de las futuras medidas antidumping, que pasan de una vigencia máxima de 5 años con renovaciones ilimitadas, a una vigencia máxima de 3 años, con una única posibilidad de extensión por 2 años más.
- El examen por expiración del plazo de vigencia del derecho antidumping o compensatorio definitivo sólo podrá ser solicitado por única vez. Antes no había un máximo de veces.
- Las investigaciones previas a la aplicación de medidas antidumping, que antes podían extenderse hasta 12 meses, ahora tendrán un plazo máximo de 8 meses.
- El trámite se gestionará ante la Comisión Nacional de Comercio Exterior (“CNCE”), en lugar de en dos dependencias distintas.
- La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía participarán en los análisis de casos para garantizar que las decisiones consideren tanto el interés público como el de los consumidores.
- Se establece que el Ministerio de Economía podrá suspender excepcionalmente y de forma transitoria la aplicación de un derecho definitivo antidumping o compensatorio o una medida de salvaguardia vigente o un compromiso de precios por razones atinentes a la política general de comercio exterior y al interés público. Dicha suspensión no afectará el plazo de duración de la medida.
El Decreto unifica los procedimientos relacionados con prácticas desleales de comercio internacional bajo la competencia de la CNCE y establece un capítulo específico sobre Salvaguardias. Este capítulo define las salvaguardias como medidas de emergencia para proteger a la industria nacional frente a un aumento imprevisto y significativo de las importaciones que cause o amenace causar un daño grave a la producción nacional. En este escenario, si se comprueba la existencia de lo anteriormente indicado, el Ministerio de Economía podrá aplicar medidas de salvaguardia, como aumento de aranceles, contingentes arancelarios o restricciones cuantitativas a la importación. Estas medidas tendrán una duración limitada, no mayor a 4 años, prorrogables por un período igual si se justifica su necesidad.
La aplicación de las disposiciones aquí establecidas se supedita a la entrada en vigor de la normativa complementaria que emane de la Secretaría de Industria y Comercio. Su ámbito de aplicación se circunscribe a las solicitudes, investigaciones y/o exámenes que se presenten con posterioridad a dicha entrada en vigor.
Aquellas solicitudes que, al momento de la entrada en vigor, se encuentren en etapa de asesoramiento, serán reencauzadas conforme a las prescripciones del Decreto. No obstante, las solicitudes, investigaciones y/o exámenes que ya se encuentren iniciadas al momento de la entrada en vigor del Decreto, continuarán su tramitación bajo el régimen establecido por el Decreto N° 1393/2008.
Se modifica el Régimen de Garantías Aduaneras
El 13 de enero de 2025 se publicó en el Boletín Oficial y entró en vigencia la Resolución General Nro. 5633/2025 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (la “Resolución” y la “ARCA”, respectivamente) que modifica el régimen de garantías aplicable a las operaciones aduaneras y a los auxiliares del comercio exterior.
La Resolución deriva de la necesidad de adecuar las normativas vigentes a las reformas introducidas por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023, cuyo objetivo es simplificar las regulaciones económicas y facilitar la inserción en el comercio internacional. En este contexto, la Resolución detalla varias modificaciones normativas:
- Se ajustan las disposiciones sobre las garantías que deben constituir los agentes de transporte aduanero y auxiliares del comercio exterior. Los cambios se relacionan con la gestión de fondos comunes solidarios, incluyendo nuevos requisitos de organización, antigüedad, número mínimo de adherentes, y depósitos mínimos en pesos o títulos públicos. Además, se regula la habilitación de organizaciones administradoras para emitir garantías.
- Se actualizan las condiciones para la determinación de la solvencia económica de los agentes de transporte, quienes deberán acreditar su patrimonio a través de datos fiscales recientes, incorporando también el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP).
- Se eliminan los términos “Importadores”, “Exportadores” y “Despachantes” de los anexos relacionados con garantías aduaneras. También se redefine la figura de los agentes de transporte aduanero y operadores de contenedores para la liberación de garantías bajo nuevas condiciones de sustitución, vencimiento y baja de registro.
- Se modifican modelos de pólizas de seguros de caución aplicables a garantías de inscripción en registros aduaneros. Asimismo, se ajusta la descripción de los sistemas informáticos para la emisión y gestión de garantías.
- Se establece la liberación de garantías de actuación previamente constituidas por despachantes de aduanas, siempre que no estén observadas o bloqueadas por causas pendientes de resolución.
Finalmente, se deroga la Resolución General N° 5371, y se aprueban nuevos cuadros y modelos anexos para la actualización integral de la normativa.
Para mayor información, por favor contactar a Andrés M. Galíndez y Germán A. Martín Quirán.
|
|
Modifications to the Argentine Food Code to Facilitate Imports and Exports
Decree No. 35/2025 (the “Decree”), effective as of January 21, 2025, aims to expedite timelines for importers and streamline the import and export procedures for food products, thereby encouraging trade and industry.
It is important to recall that Decree No. 2126/1971 stipulated, among other aspects, that food products imported or exported must meet the standards of the Argentine Food Code (“CAA”, after its Spanish acronym), and that the National Health Authority could verify the hygienic-sanitary, bromatological, and commercial identification conditions of products entering or leaving the country.
Specifically, the Decree modifies Section 2 of Annex I of Decree No. 2126/1971, establishing that imported products certified by countries with surveillance parameters similar to or higher than our legislation, or that use the Codex Alimentarius standards (FAO/WHO), are exempt from certain procedures of the CAA, only having to submit an import sworn statement. These countries include Australia, Canada, Switzerland, the United States, New Zealand, Israel, Japan, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and members of the European Union (included by the Decree as Annex III to Decree No. 2126/1971).
The Decree states that exports of these food products must comply solely with the requirements and restrictions imposed by the destination country, and the National Health Authority is prevented from establishing additional requirements. However, if the importing country requires specific certifications, the exporter will have the authority to request them from the National Health Authority.
Finally, Section 4 of Annex II of Decree No. 2126/1971 has also been amended. It specifies the documentary requirements that importers must meet when introducing food products from the above mentioned countries and limits the power of the National Health Authority to require certifications from exporters only in those cases in which the country of destination expressly demands them.
The antidumping system is amended
On January 16, 2025, Decree No. 33/2025 (the “Decree”) was published in the Official Gazette, through which the antidumping system was amended to promote price reductions for consumers and the industry.
It is important to highlight that dumping is a practice where international trade operators introduce their products into foreign markets at prices lower than their normal value. This has a negative impact on importing countries, as it makes it difficult for local companies to compete on equal terms. As a result, anti-dumping duties are imposed to protect domestic producers while mitigating unfair practices that distort fair competition conditions in the market.
The application of antidumping duties does not solely respond to the fact of exporting at prices lower than normal; rather, it must result in actual damage or threaten to cause damage to a domestic production branch. This regime is intended to protect the interests of local producers that the Antidumping Agreement refers to as the “domestic production branch” or “market of the importing country”, which may be affected by a practice deemed anticompetitive.
Among the most significant changes introduced by the Decree, the following stand out:
- The reduction of the duration of future antidumping measures, which will change from a maximum of 5 years with unlimited renewals, to a maximum of 3 years, with a single possibility of extension for an additional 2 years.
- The examination for the expiration of the validity of the antidumping or definitive countervailing duty may only be requested once. Previously, there was no maximum limit on the number of times this could be requested.
- Investigations prior to the application of antidumping measures, which previously could last up to 12 months, will now have a maximum term of 8 months.
- Procedures will be managed by the National Commission of Foreign Trade (“CNCE”, after its Spanish acronym), instead of through two separate agencies.
- The National Antitrust Commission and the Undersecretariat of Consumer Protection of the Ministry of Economy will participate in case analyses to ensure that decisions consider both public interest and that of consumers.
- It is established that the Ministry of Economy may exceptionally and temporarily suspend the application of a definitive antidumping or countervailing duty, or a current safeguard measure or price commitment for reasons relating to general foreign trade policy and public interest. Such suspension will not affect the duration of the measure.
The Decree unifies the procedures related to unfair international trade practices under the jurisdiction of the CNCE and establishes a specific chapter on Safeguards. This chapter defines Safeguards as emergency measures to protect the national industry against an unforeseen and significant increase in imports that causes or threatens to cause serious harm to national production. In this scenario, if the existence of the aforementioned is confirmed, the Ministry of Economy may apply safeguard measures, such as tariff increases, tariff quotas, or quantitative restrictions on imports. These measures will have a limited duration, not exceeding 4 years, extendable for an equal period if their necessity is justified.
The application of the provisions established herein is subject to the entry into force of the complementary regulations issued by the Secretariat of Industry and Commerce. Its scope is limited to applications, investigations, and/or examinations submitted after that entry into force.
Those applications that are in the advisory stage at the time of entry into force will be redirected in accordance with the provisions of the Decree. However, applications, investigations, and/or examinations that have already been initiated at the time of the entry into force of the Decree will continue their processing under the regime established by Decree No. 1393/2008.
The Customs Guarantee Regime is amended
On January 13, 2025 General Resolution No. 5633/2025 issued by the Federal Tax Authority (the “Resolution” and “ARCA”, after its Spanish acronym, respectively) was published in the Official Gazette and came into force, introducing changes to the guarantee regime applicable to customs operations and foreign trade auxiliaries.
The Resolution results from the need to align current regulations with the reforms implemented by Decree No. 70/2023, aimed at simplifying economic regulations and facilitating international trade integration. In this context, the Resolution outlines several regulatory amendments:
- Provisions concerning guarantees required from customs transport agents and foreign trade auxiliaries are adjusted. The changes pertain to the management of mutual guarantee funds, introducing new requirements related to organizational structure, operational history, minimum number of members, and minimum deposits in local currency or public bonds. Additionally, regulations are established for the authorization of administering organizations to issue guarantees.
- The conditions for determining the financial solvency of transport agents are updated. Agents must now demonstrate their net worth using recent fiscal data, incorporating the Special Regime for the Payment of the Personal Property Tax (REIBP, for its acronym in Spanish).
- The terms “Importers,” “Exporters,” and “Customs Brokers” are removed from the annexes related to customs guarantees. Furthermore, the definition of customs transport agents and container operators is revised, detailing new conditions for guarantee replacement, expiration, and registry removal.
- Bond insurance models applicable to guarantees for customs registry enrollment are modified. The description of IT systems for guarantee issuance and management is also updated.
- A provision is introduced for releasing guarantees previously constituted by customs brokers, provided they are not subject to observations or blocked due to pending resolutions.
Lastly, General Resolution No. 5.371 is repealed, and new tables and annexed models are approved for a comprehensive regulatory update.
For further information, please refer to Andrés M. Galíndez and Germán A. Martín Quirán.
|
