El 20 de diciembre de 2023 el Presidente de la Nación Javier Milei dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 denominado “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, que fue publicado el 21 de diciembre de 2023 en el Boletín Oficial.
i. Puntos claves del DNU 70/2023
- Se declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
- Se fija la necesidad de la inserción de Argentina en el comercio mundial, fijando estándares internacionales en materia de comercio de bienes y servicios, con los demás países del Mercosur u otras organizaciones internacionales y, en particular, se deberá procurar cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial del Comercio (O.M.C.) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
- Desregulación económica: Derogación total o parcial de las siguientes leyes:
- Derogación total de la Ley N° 18.425 de “Promoción comercial”.
- Derogación total de la Ley N° 26.992 de “Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios. Creación”.
- Derogación total de la Ley N° 27.221 de “Locación de Inmuebles con Fines Turísticos”.
- Derogación total de la Ley N° 27.545 “Ley de Góndolas”.
- Derogación total de la Ley N° 19.227 de “Mercados de Interés Nacional” (Régimen para promover y perfeccionar una red de mercados mayoristas de gravitación regional o nacional).
- Derogación total de la Ley N° 20.680 “Ley de Abastecimiento”.
- Derogación total de la Ley N° 26.736 de “Pasta Celulosa y Papel para Diarios” (control parlamentario y marco regulatorio).
- Derogación total de la Ley N° 20.657 de “Promoción Comercial” (horarios obligatorios para la actividad de los supermercados).
- Derogación parcial de la Ley N° 27.437 “Ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores”.
- Banco de la Nación Argentina: Derogación del artículo 2° de la Ley N° 21.799 que dispone que “Los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales en todo el país deberán hacerse en el Banco de la Nación Argentina. También deberán depositarse en el Banco de la Nación Argentina los fondos en moneda extranjera de los organismos del Estado nacional, así como de las entidades o empresas que pertenezcan total o mayoritariamente al mismo, que transfieran al exterior o los mantengan depositados en él, cuando las casas del banco ya instaladas o que se instalen fuera del país puedan prestar el respectivo servicio”.
- Ley de Tarjeta de Crédito (Ley N° 25.065): Derogación parcial de la norma con modificaciones que implican el cambio de la definición del contrato de tarjeta de crédito, cambios en la definición de tarjeta de crédito (la cual puede ser física o virtual), fijación de obligación de brindar información sobre tasas de interés y su imposibilidad de capitalización en algunos supuestos, entre otras modificaciones.
- Ley de Certificados de Depósito (Warrants) (Ley N° 9643): Derogación parcial que impacta en las operaciones de crédito mobiliario sobre frutos o productos agrícolas.
- Reforma del Estado: Amplia derogación de normativa que impide la privatización de las empresas públicas, derogación del régimen de sociedades del Estado, transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización. Esto es, las sociedades o empresas con participación estatal se transformarán en Sociedades Anónimas quedando sujetas a la Ley 19.550 (Ley General de Sociedades). Contemplaría empresas como: YCRT, Energía Argentina (ex- IEASA), Nucleoeléctrica Argentina y más.
- Modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino, su blanqueamiento, derogación del Régimen del Viajante de Comercio (Ley N° 14.546), modificación del contrato de teletrabajo.
- Comercio Exterior: se reforma el Código Aduanero para facilitar el comercio internacional, con derogación de la Ley 25.636 que prohibía la importación de determinadas mercaderías.
- Bioeconomía: Derogación de la Ley de Tierras Rurales para promover las inversiones, modificación de la Ley de Manejo del Fuego, derogación de las obligaciones que los ingenios azucareros tienen en materia de producción azucarera, liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola.
- Minería y Energía: Derogación del Sistema Nacional del Comercio Minero y del Banco de Información Minera, liberación de precios.
- Aerocomercial: Autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas e implementación de la política de cielos abiertos.
- Derogación total de la Ley de Alquileres 27.551 reforzando el principio de libertad contractual en la materia.
- Modificación del Código Civil y Comercial de la Nación a fin de otorgar preeminencia al principio de autonomía de la voluntad y garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada.
- Modificación al marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales, eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga, incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales, establecimiento de la receta electrónica para agilizar el servicio y minimizar costos.
- Modificaciones al régimen de empresas farmacéuticas para fomentar la competencia y reducir costos.
- Modificación de la Ley General de Sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo quisieran.
- Desregulación de los servicios de internet satelital para fomentar la competencia y reducir los costos.
- Desregulación del sector turístico eliminando el monopolio de las agencias de turismo.
- Incorporación de herramientas digitales para trámites de los registros automotores.
ii. Naturaleza jurídica de los Decretos de Necesidad y Urgencia
De acuerdo a la Constitución de la Nación Argentina (“CN”), el Presidente de la Nación “no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. Esto con el fin de respetar el sistema repúblicano de gobierno (con división de poderes -Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo-) que establece el artículo 1° de la Constitución Nacional.
No obstante, el artículo 99, inciso 3 de la CN indica que “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, [el Presidente de la Nación] podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”.
A fin de justificar la existencia de dichas circunstancias excepcionales, el DNU 70/2023 señala, entre otras consideraciones, “[que] la REPÚBLICA ARGENTINA se encuentra atravesando una situación de inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico”.
La Ley Nº 26.122 (sancionada en el año 2006) regula el trámite y los alcances de la intervención del Congreso de la Nación respecto de los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo Nacional, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3 de la CN. En tal sentido, la citada ley determina que la Comisión Bicameral Permanente del Congreso debe pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia, y elevar su dictamen al plenario de cada Cámara del Congreso (Diputados y Senado de la Nación) para su expreso tratamiento, en el plazo de diez (10) días hábiles. Posteriormente, las Cámaras deben pronunciarse mediante sendas resoluciones y el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la CN. Mientras el DNU 70/2023 no sea rechazado por ambas Cámaras del Congreso (Diputados y Senado de la Nación) va estar en vigencia.
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On December 20, 2023 President Javier Milei issued the Decree of Necessity and Urgency No. 70/2023 entitled "Bases for the Reconstruction of the Argentine Economy", which was published on December 21, 2023 in the Official Gazette.
i. Key points of DNU 70/2023
- Declaration of a public emergency in economic, financial, fiscal, administrative, social security, tariff, health and social matters until December 31, 2025.
- Establishment of the need for Argentina's insertion in world trade, setting international standards for trade of goods and services with the other Mercosur countries or other international organizations and, in particular, compliance with the recommendations of the World Trade Organization (W.T.O.) and the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) should be sought.
- Economic deregulation: Partial or total repeal of the following laws:
- Total repeal of Law No. 18,425 on "Trade Promotion".
- Total repeal of Law No. 26,992 on the “Observatory of Prices and Availability of Supplies, Goods and Services. Creation”.
- Total repeal of Law No. 27,221 on “Leasing of Real Estate for Tourist Purposes”.
- Total repeal of Law No. 27,545 “Supermarket Shelves Law”.
- Total repeal of Law No. 19,227 on “Markets of National Interest” (Regime to promote and develop a network of wholesale markets of regional or national importance.).
- Total repeal of Law No. 20,680 “Supply Law”.
- Total repeal of Law No. 26,736 on “Cellulose pulp and Newspaper Paper” (parliamentary control and regulatory framework).
- Total repeal of Law No. 20,657 on “Trade Promotion” (mandatory hours of operation for supermarkets).
- Partial repeal of Law No. 27,437 “Argentine Purchase and Supplier Development Law”.
- National Bank of Argentina: Repeal of Section 2 of Law No. 21,799 which provides that “Judicial deposits of national and federal courts throughout the country shall be made at the National Bank of Argentina. Funds in foreign currency of national State agencies, as well as of entities or companies wholly or majority owned by the State, which transfer abroad or keep them deposited therein, when the bank branches already installed or to be installed outside the country are able to provide the respective service, shall also be deposited at the National Bank of Argentina”.
- Credit Card Law (Law No. 25,065): Partial repeal of the regulation, amending the definition of credit card agreement, modifying the definition of credit card (which may be physical or virtual), establishing the obligation to provide information on interest rates and the impossibility of capitalization in some cases, among other modifications.
- Warrants Law (Law No. 9,643): Partial repeal impacting credit operations on fruits or agricultural products.
- State Reform: Broad repeal of regulations that prevented the privatization of public companies, repeal of the state-owned companies regime, transformation of all state-owned companies into corporations for their subsequent privatization. This is, companies or enterprises with state participation will be transformed into Corporations and will be subject to Law No. 19,550 (General Corporations Law). It would include companies such as: YCRT, Energía Argentina (ex- IEASA), Nucleoeléctrica Argentina and others.
- Modernization of the labor regime to facilitate the process of generation of genuine employment, its legalization, repeal of the Commercial Traveler Regime (Law No. 14,546), modification of the remote work contract.
- Foreign Trade: the Customs Code is amended to facilitate international trade, repealing Law No. 25,636, which prohibited the importation of certain goods.
- Bioeconomy: Repeal of the Rural Land Law to promote investments, amendment of the Fire Management Law, repeal of the obligations that sugar mills have regarding sugar production, liberalization of the legal regime applicable to the wine sector.
- Mining and Energy: Repeal of the National Mining Trade System and the Mining Information Bank, price liberalization.
- Aviation: Authorization for the sale of all or part of the shares of Aerolíneas Argentinas and implementation of the open skies policy.
- Total repeal of Lease Law No. 27,551 strengthening the principle of contractual freedom in this area.
- Amendment of the Argentine Civil and Commercial Code in order to grant preeminence to the principle of freedom of contract and to guarantee that obligations contracted in foreign currency must be paid in the agreed currency.
- Reform of the regulatory framework for prepaid medicine and social security, elimination of price restrictions on the prepaid industry, incorporation of prepaid medicine companies into the social security system, establishment of electronic prescriptions to speed up service and minimize costs.
- Modifications to the pharmaceutical companies regime to promote competition and reduce costs.
- Amendment of the General Corporations Law enabling football clubs to become corporations if they so desire.
- Deregulation of satellite internet services to promote competition and reduce costs.
- Deregulation of the tourism sector by eliminating the monopoly of tourism agencies.
- Incorporation of digital tools for automotive registry procedures.
ii. Legal nature of Decrees of Necessity and Urgency
According to the Argentine Constitution ("CN", after its Spanish acronym), the President of the Nation “may not in any case, under penalty of absolute and irrevocable nullity, issue provisions of a legislative nature”. The above is intended to respect the republican system of government (with division of powers -Executive, Judicial and Legislative) established in Section 1 of the National Constitution.
However, Section 99, Subsection 3 of the National Constitution states that “when exceptional circumstances make it impossible to follow the ordinary procedures provided by this Constitution for the enactment of laws, and it is not a matter of rules regulating criminal, tax, electoral or political party regime matters, [the President of the Nation] may issue decrees for reasons of necessity and urgency, which shall be decided in a general agreement of ministers who shall countersign them, together with the head of the cabinet of ministers”.
In order to justify the existence of such exceptional circumstances, DNU 70/2023 states, among other considerations, “[t]hat the REPUBLIC OF ARGENTINA is going through a situation of unprecedented importance, generating deep imbalances that have a negative impact on the entire population, especially in the social and economic areas”.
Law No. 26,122 (enacted in 2006) regulates the procedure and scope of the intervention of the National Congress with respect to the decrees of necessity and urgency issued by the Executive Branch, pursuant to the provisions of Section 99, Subsection 3 of the CN. In such sense, the aforementioned law determines that the Permanent Bicameral Commission of Congress must opine on the validity or invalidity of the decrees of necessity and urgency, and submit its opinion to the plenary of each House of Congress (Deputies and Senate) for its express treatment, within ten (10) business days. Subsequently, the Chambers must issue resolutions and the rejection or approval of the decrees must be expressly stated in accordance with Section 82 of the CN. As long as DNU 70/2023 is not rejected by both Chambers of Congress (Deputies and Senate), it will be in full force and effect.
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