Legal News Alert - Special Edition: Bases Bill and Tax Bill

ALERTA DE NOVEDADES LEGALES

LEGAL NEWS ALERT

Proyecto Ley Bases

Bases Bill

Introducción: situación actual 

El 30 de abril de 2024, la Cámara de Diputados de la Nación dió media sanción al proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (“Proyecto de Ley Bases”) y al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes (“Proyecto de Ley Tributaria”). Los dos proyectos fueron enviados a la Cámara de Senadores. 

A continuación, se describen los principales puntos y cambios que el Proyecto de Ley Bases y el Proyecto de Ley Tributaria introducen. 

Declaración de emergencia

El Proyecto de Ley Bases declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de 1 año. Ya existe una declaración de emergencia realizada en el DNU 70/23.  

Se delegan en el Poder Ejecutivo nacional las facultades dispuestas en el Proyecto de Ley Bases, vinculadas a materias de administración y emergencia, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional por el plazo de 1 año. Puede entonces esperarse que continúe la desregulación a partir de normas emitidas por el Poder Ejecutivo, tal como ya está ocurriendo a partir de la declaración de emergencia del DNU 70/23. 

Reforma Estatal

Reorganización Administrativa: el PEN podrá eliminar las competencias de los órganos u organismos de la Administración Nacional centralizada o descentralizada cuyo mantenimiento sea innecesario, así como reorganizar, modificar o transformar su estructura jurídica, intervenirlos, centralizarlos, fusionarlos, escindirlos, disolverlos o transferirlos a las provincias o la CABA. Lo mismo se prevé respecto de las Empresas y Sociedades del Estado. Se excluye el ejercicio de esta facultad respecto de las universidades nacionales, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan, y determinados organismos descentralizados. Asimismo se autoriza al PEN a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos.

Privatización de empresas estatales: declara sujetas a privatización a las siguientes empresas de propiedad estatal total o mayoritaria: i) Aerolíneas Argentinas S.A..; ii) Energía Argentina S.A.; iii) Radio y Televisión Argentina S.E.; iv) Intercargo SAU.; v) Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), vi) Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), vii) Agua y Saneamientos Argentinos S.A.; viii) Correo Oficial de la República Argentina S.A.; ix) Belgrano Cargas y Logística S.A.; x) Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (SOFSE); xi) Corredores Viales S.A. Estas últimas cinco empresas podrán estar sujetas también a concesión. 

El procedimiento se llevará a cabo de conformidad con los capítulos II y III de la Ley Nº 23.696 de Reforma del Estado y ciertas normas establecidas en el Proyecto de Ley Bases. En cuanto a los procedimientos de selección para las privatizaciones, se elimina la contratación directa.

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Para mayor información, por favor contactar a Nicole Jaureguiberry.

Introduction: current status 

On April 30, 2024, the National Chamber of Deputies granted half approval to the bill “Bases and Starting Points for the Freedom of Argentines" (“Bases Bill”) and the bill of “Law on Palliative and Relevant Tax Measures” (“Tax Bill”). Hence, both bills were sent to the Senate.

Please find below the main points and changes that the Bill Bases and the Tax Bill introduce.

Declaration of emergency

The Bases Bill includes a declaration of public emergency in administrative, economic, financial and energy matters that is meant to last for 1 year. The emergency declaration was already made by Decree 70/23.

It delegates legislative powers to the Executive Branch under the terms of Article 76 of the National Constitution and for the term of 1 year. Hence, we may expect the deregulation to be continued by regulations issued by the Executive Branch, as it has been happening since Decree 70/23. 

State Reform

Administrative reorganization: the Executive Branch will be able to modify, transform, merge, split, or intervene state organizations, agencies of the central or decentralized administration and state-owned companies. The judicial and legislative powers, the Public Prosecution (“Ministerio Público”) and the entities that depend from them, the public universities, and certain decentralized agencies are expressly excluded from these powers. Moreover, trust funds may be modified, transformed, unified, dissolved or liquidated by the Executive Branch.

Privatization of state-owned companies: it declares subject to privatization the following companies of total or majority state ownership: (i) Aerolíneas Argentinas S.A.; (ii) Energía Argentina S.A.; (iii) Radio y Televisión Argentina S.E.; (iv) Intercargo SAU; (v) Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético in charge of Yacimientos Carboníferos Río Turbio; (vi) Nucleoeléctrica Argentina S.A.; (vii) Aguas y Saneamiento Argentino S.A.; (viii) Correo Oficial de la República Argentina S.A.; (ix) Belgrano Cargas y Logística S.A.; (x) Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE); and (xi) Corredores Viales S.A.   These last five companies may also be subject to concession. 

The procedure shall be executed pursuant to chapters II and III of Law No 23,696 of Reform of the State and certain rules set forth in the Bases Bill. Regarding the selection procedures for privatization, direct contracting is eliminated.

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For further information, please refer to Nicole Jaureguiberry.

Aspectos laborales

Labor aspects

Los principales cambios que el Proyecto de Ley Bases pretende introducir al régimen laboral argentino son los siguientes:

Promoción de empleo no registrado,  introduce medidas para regularizar la situación de trabajadores no registrados, incluyendo un periodo de blanqueo y moratoria. Se establece la extinción de acciones penales y la eliminación de deudas para las empresas que se adhieran al proceso de regularización laboral, además de la baja en el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

Deroga el sistema de multas o agravamientos indemnizatorios previstos en distintas leyes respecto de, entre otros: falta de registración total o parcial, pago fuera de término de indemnizaciones; y falta de entrega de certificados de trabajo en tiempo y forma (leyes 24.013, 25.323, 25.345).

En sentido coincidente,  deroga también el agravamiento indemnizatorio por falta total o parcial de registración para el Personal de Casas Particulares. 

Busca simplificar la registración de las relaciones laborales y conservación de documentación, utilizando medios electrónicos, asegurando un mecanismo ágil, simplificado y diferenciado para la confección de los recibos de sueldo.  Se establece un sistema de registración con un aporte único para todas las obligaciones emergentes de las relaciones laborales, para empresas de hasta doce (12) trabajadores inclusive. 

Se amplía el período de prueba a seis (6) meses, pudiendo las convenciones colectivas de trabajo ampliarlo: a) hasta ocho (8) meses, en las empresas de seis (6) y hasta cien (100) trabajadores; y b) hasta un (1) año en las empresas de hasta cinco (5) trabajadores.

Licencia por maternidad, se introduce la posibilidad para la persona interesada de optar por reducir la licencia anterior al parto, que no podrá ser inferior a 10 días (a diferencia de los 30 días anteriormente previstos). 

Despido discriminatorio, regula una indemnización agravada en caso de despido discriminatorio que puede ascender a una suma adicional de entre 50% y 100% de la indemnización por antigüedad, pero poniendo a cargo de quien invoca la discriminación la prueba de la misma. 

Fondo de cese laboral, incorpora la posibilidad de sustituir -mediante negociación colectiva- el régimen indemnizatorio por un Fondo de Cese Laboral a cargo del empleador, conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo Nacional. 

Trabajadores independientes con colaboradores, se crea la figura del “Trabajador independiente con colaboradores” para emprendimientos de hasta 5 trabajadores independientes, basado en una relación autónoma.

Dispone que los empleados de contratistas serán considerados empleados directos de quienes registren la relación laboral y no de la empresa usuaria, sin perjuicio de que esta última continuará siendo solidariamente responsable por las obligaciones laborales del empleador respecto de los empleados afectados a la prestación del servicio. De este modo, se apunta a limitar reclamos por indebida registración de parte de empleados registrados en una empresa distinta de aquella a favor de la cual prestan sus servicios.

Para mayor información, por favor contactar a Enrique Betemps, Julio Lococo, Geraldine Moffat y Matías Fuse.

The main changes that the Bases Bill intend to introduce in the Argentine Labor Regime are the following:

Promotion of registered employment, the Bases Bill introduces measures to regularize the situation of unregistered workers, including a period of whitening and moratorium. It establishes the extinction of criminal actions and the elimination of debts for the companies that adhere to the labor regularization process, in addition to the cancellation of their registration in the Registry of Employers with Labor Sanctions (REPSAL for its Spanish acronym).

The system of fines and penalties is repealed, burdensome fines and penalties which are provided for in different laws regarding, among others, total or partial lack of registration, late payment of compensations; and failure to deliver labor certificates in due time are repealed (laws No. 24,013, 25,323, 25,345).

In the same sense, the Bases Bill also repeals the enhance of compensations to be paid for total or partial lack of registration for cleaning personnel of private homes. 

The simplification of the registration of labor relations is aimed in the Bases Bill. It is also a purpose of the Bases Bill to grant the possibility of storage documentation, using electronic means, ensuring an agile, simplified and differentiated mechanism for the preparation of salary receipts. It establishes a registration system with a single contribution for all obligations arising from labor relations, for companies with up to 12 workers inclusive. 

The probationary period is extended to 6 months, and collective bargaining  agreements may extend it: a) up to 8 months in companies with 6 and up to 100 workers; and b) up to 1 year in companies with up to 5 workers. 

Maternity leave, the Bases Bill grant the possibility to choose to reduce the leave prior to childbirth, which may not be less than 10 days (as opposed to the 30 days previously provided for). 

Discriminatory dismissal, it regulates a special indemnity in case of discriminatory dismissal, which may amount to an additional sum of between 50% and 100% of the indemnity payment based on seniority, but placing the burden of proof on the person who invokes discrimination.

Labor Termination Fund, incorporates the possibility of substituting -through collective bargaining agreements- the indemnity regime for a Labor Termination Fund to be paid by the employer, according to the parameters established by the National Executive Branch. 

Independent workers with collaborators, the figure of “Independent worker with collaborators” is created for undertakings of up to 5 independent workers, based on an autonomous relationship.

The Bases Bill provides that the employees of contractors will be considered direct employees of those who register the employment relationship and not of the user company, notwithstanding that the latter will continue to be jointly and severally liable for the employer's labor obligations with respect to the employees involved in the provision of the service. In this way, it is intended to limit claims for improper registration of employees registered in a company other than the one in favor of which they render their services.

For further information, please refer to Enrique Betemps, Julio Lococo, Geraldine Moffat and Matías Fuse.

Hidrocarburos

Hydrocarbon Law Changes

El Proyecto de Ley Bases introduce cambios a la Ley 17.319 de Hidrocarburos:

• Hace especial énfasis en el cambio del objetivo de la Ley, priorizando la renta obtenida de la explotación de los recursos y la satisfacción de las necesidades de hidrocarburos del país.
• Los permisionarios y concesionarios tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan​​ y podrán comercializarlos libremente. Se reduce el margen del Estado para intervenir exportaciones: las exportaciones son libres, sujeto a la no objeción de la Secretaría de Energía dentro de los 30 días, fundada en cuestiones técnicas o económicas de seguridad del suministro y conforme la reglamentación. 
• Impide al Estado la intervención de precios para el mercado interno en todas las etapas de la producción y exige a las empresas estatales o mixtas competir en el mercado interno a precios basados en el import o export parity.
• Se incluye al almacenaje y al procesamiento dentro de las actividades de la ley, y aparece el concepto de autorización, dando más mecanismos para facilitar y agilizar estas inversiones, respetando el concepto de libre acceso de terceros a la capacidad vacante.

The Bases Bill introduces changes to the Hydrocarbon Law No. 17,319: 

• The purpose of the Hydrocarbon Law is changed: the income obtained from the exploitation of resources is prioritized as well as the purpose of meeting the country's hydrocarbon needs.
• Permit holders and concessionaires will have ownership over the hydrocarbons they extract and will be able to freely market them. The State's power to intervene in exports is reduced. Exports are free, subject to no objection from the Ministry of Energy within 30 days, based on technical or economic issues of security of supply and in accordance with regulations.
• It prevents the State from intervening, in prices in all and any of the production stages, for the domestic market and requires state or mixed companies to compete in the domestic market at prices based on import or export parity.
• It includes storage and processing within the activities subject to the Hydrocarbon Law and introduces the concept of authorization, providing more mechanisms to facilitate and expedite these investments, while respecting the concept of third-party open access to available capacity.

Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones

Incentive Regime for Large Investments

El Proyecto de Ley Bases introduce los siguientes puntos principales:

Creación y ámbito de aplicación. El Capítulo I establece (i) la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ("RIGI"), (ii) la declaración de interés nacional de aquellas “Grandes Inversiones” que se concreten bajo dicho régimen; (iii) la nulidad absoluta e insanable de cualquier norma o vía de hecho, nacional o local, por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido por el RIGI; y (iv) los objetivos prioritarios del RIGI (entre los que se destaca la generación de “condiciones de previsibilidad y estabilidad para las Grandes Inversiones (...) y condiciones competitivas en la República Argentina para atraer inversiones…”, y la creación de “... un régimen que otorgue certidumbre, seguridad jurídica y protección especial para el caso de eventuales desviaciones y/o incumplimiento por parte de la administración pública …”).

Plazos. Sujetos habilitados. El Capítulo II establece los plazos y condiciones para la adhesión al RIGI: (i) en cuanto al plazo, el mismo será de 2 años contados a partir de la entrada en vigencia del régimen; con la posibilidad de que dicho plazo sea extendido por 1 año —por única vez— por el Poder Ejecutivo de la Nación (“PEN”); y (ii) en cuanto a las condiciones de admisibilidad, podrán solicitar su adhesión al RIGI los vehículos de proyecto único titulares de una o más fases de un proyecto que califique como “Gran Inversión” (“VPU”), los cuales deberán tener por único y exclusivo objeto llevar a cabo una o más fases de un proyecto de inversión admitido en el RIGI. 

Requisitos y condiciones para la inclusión en el RIGI. Plan de inversión. Procedimiento y efectos. El Capítulo III define a las “Grandes Inversiones” como aquellos proyectos que involucren la adquisición, producción, construcción y/o desarrollo de activos que serán afectados a actividades que cumplan con las siguientes condiciones: (i) involucrar un monto de inversión en activos computables igual o mayor a USD 200MM (salvo que el PEN establezca un monto mayor para algún sector productivo); (ii) prever para el primer y segundo año del proyecto, el cumplimiento de una inversión mínima en activos computables igual o mayor al 40% del monto mínimo de inversión (la distribución de dicho monto será dispuesta por el PEN); y (iii) constituir inversiones de “largo plazo”, conforme el criterio allí establecido. 

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Para mayor información, por favor contactar a Diego Serrano Redonnet y Alejo Muñoz de Toro.

The Base Bill includes the following key points:

Creation and scope. Chapter I establishes (i) the creation of the Incentive Regime for Large Investments ("RIGI", for its Spanish acronym); (ii) the declaration of national interest of those “Large Investments” made under this regime; (iii) the absolute and irrevocable nullity of any rule or act, national or local, that limits, restricts, violates, hinders or distorts the provisions of the RIGI; and (iv) the priority objectives of the RIGI (among which we highlight the generation of “conditions of predictability and stability for Large Investments (...) and competitive conditions in the Argentine Republic to attract investments…”, and the creation of “... a regime that provides certainty, legal security and special protection in the event of eventual deviations and/or noncompliance by the public administration…”).

Deadlines. Eligible Parties. Chapter II establishes the terms and conditions for adhering to the RIGI: (i) as regards the term, it will be of 2 years as from the date the regime becomes effective; with the possibility that such term may be extended for —only— 1 year by the Executive Branch; and (ii) as regards the eligibility conditions, RIGI is addressed to single project vehicles owning one or more phases of a project that qualifies as a “Large Investment” ("VPU"), which must have the sole and exclusive purpose of carrying out one or more phases of an investment project admitted to the RIGI.

Requirements and conditions for inclusion in the RIGI. Investment Plan. Procedure and effects. Chapter III defines “Large Investments” as those projects involving the acquisition, production, construction and/or development of assets that will affect activities that meet the following conditions: (i) involve an amount of investment in countable assets equal to or greater than USD 200 million (unless the Executive Branch establishes a higher amount for any specific productive sector); (ii) provide for the compliance, for the first and second year of the project, with a minimum investment in countable assets equal to or greater than 40% of the minimum investment amount (the distribution of this amount will be established by the Executive Branch); and (iii) constitute “long-term” investments, according to the criteria established therein. 

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For further information, please refer to Diego Serrano Redonnet and Alejo Muñoz de Toro.

Proyecto de Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes

“Law on Palliative and Relevant Tax Measures” Bill

El 30 de abril de 2024, la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley titulado "Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes" ("Proyecto de Ley Tributaria"). Está pendiente la aprobación del Senado. A continuación se presenta un breve resumen de los principales aspectos del Proyecto de Ley  Tributaria. 

(a) Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social

Incluye las obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2024, inclusive, y por las infracciones cometidas hasta dicha fecha relacionadas o no con aquellas obligaciones (aún las que se encuentren en discusión administrativa o judicial, etc.).

El acogimiento al régimen podrá formularse desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos y hasta transcurrido ciento cincuenta (150) días corridos desde aquella fecha, inclusive.

Al igual que en otros regímenes de regularización, se excluyen ciertos tipos de obligaciones (por ejemplo, aportes y contribuciones con destino al Sistema Nacional de Obras Sociales) y a ciertos tipos de sujetos (por ejemplo, condenados -con condena confirmada en segunda instancia- por delitos aduaneros y tributarios).

El régimen contempla la reducción de intereses resarcitorios dependiendo del momento y forma de la adhesión, y la condonación de multas. El plan de pagos puede ser de 36, 48, 60 o 84 cuotas, según el tipo de sujeto. En todos los casos, debe hacerse un pago inicial a cuenta de entre el 15% y el 25% del monto consolidado de la deuda.

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On April 30, 2024, the Chamber of Deputies approved the Bill titled “Law on Palliative and Relevant Tax Measures” (“Tax Bill”). Approval from the Senate is still pending. Please find below a brief summary of the main aspects of the Tax Bill. 

(a) Exceptional Regularization Regime for Tax, Customs and Social Security Obligations

It includes the obligations and tax offenses due or committed as of March 31, 2024 (even those under administrative or judicial discussion, etc.).

The application to the regime may be filed as from the entry into force of the regulation to be issued by the Federal Administration of Public Revenues and up to one hundred and fifty (150) calendar days from that date.

As in other regularization regimes, certain types of obligations (for example, contributions to the National Social Welfare System) and certain types of individuals (for example, convicted –with conviction confirmed in the second instance– for customs and tax crimes) are excluded.

The regime contemplates the reduction of compensatory interest that will vary depending on the time and manner of submission to the regime, and the remission of fines. The assessment plan may be of 36, 48, 60 or 84 installments, depending on the type of taxpayer. In all cases, an initial payment of between 15% and 25% of the consolidated debt must be made.

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For further information, please refer to Manuel M. Benites, L. Marcelo Núñez and Facundo Fernández Santos.