Alerta de Novedades Legales - Edición Especial: Bancario y de las Entidades Financieras

ALERTA DE NOVEDADES LEGALES

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Bancario y de las Entidades Financieras

Banking & Financial Institutions

Importantes desregulaciones a la Ley de Tarjetas de Crédito

A través del Capítulo II “Tarjetas de crédito (Ley N° 25.065)” del Título II “Desregulación Económica” del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023 de fecha 21 de diciembre de 2023 (el “DNU”), el Poder Ejecutivo Nacional derogó y modificó determinados artículos de la Ley N° 25.065 (la “Ley”).

En ese sentido, el DNU dejó sin efecto:

• El artículo 5 de la Ley, donde se establecía la necesidad de identificar en la tarjeta de crédito al usuario con (i) su nombre y apellido, (ii) el número interno de inscripción, (iii) su firma ológrafa, (iv) la fecha de emisión de la tarjeta de crédito y su fecha de vencimiento, (v) medios que aseguran la inviolabilidad de la tarjeta de crédito y (vi) la identificación del emisor y la entidad bancaria interviniente;
• El artículo 7 de la Ley, donde se establecían los siguientes requisitos para la celebración de los contratos de emisión de tarjetas de crédito: (i) la redacción de ejemplares tanto para el emisor, el titular y, eventualmente, terceros obligados frente al emisor o los proveedores, (ii) el empleo de lenguaje claro y tipografía fácilmente legible a simple vista,  (iii) el empleo de carácteres destacados o subrayados para aquellas cláusulas que generen responsabilidad para el titular adherente y (iv) debida autorización y registro del contrato utilizado por el emisor ante la autoridad de aplicación, los cuales se establecían en el artículo 7 de la Ley.
• Los artículos 8 y 9 de la Ley, donde se establecían las disposiciones referidas al perfeccionamiento del contrato de tarjeta de crédito entre el emisor y el titular de ésta, regulando que éste se producía solamente una vez que el contrato esté firmado, las respectivas tarjetas emitidas y recibidas de conformidad por el titular —disponiendo expresamente que los momentos previos (solicitud de emisión de la tarjeta de crédito y firma por parte del codeudor o fiador) no generaban responsabilidad para el solicitante o perfeccionaban la relación contractual—.
• El artículo 17 de la Ley, que establecía la previsión de sanciones aplicadas por el Banco Central de la República Argentina (el “BCRA”) a aquellas entidades que incumplieran con (i) los topes a los niveles de tasas informados por el BCRA o (ii) la obligación de informar dichos niveles a los consumidores.
• El artículo 32 de la Ley, que establecía las obligaciones del emisor de la tarjeta de crédito de suministrar a los proveedores sin cargo alguno (i) todos los materiales de información disponibles sobre los usuarios del sistema de tarjetas de crédito, (ii) el régimen sobre pérdidas y sustracciones de la tarjeta de crédito y (iii) las efectivas cancelaciones tanto por sustracción o pérdida como voluntarias o por resolución contractual.
• El artículo 35 de la Ley, cuya finalidad era establecer la obligación de los emisores de tarjetas de crédito de instrumentar (i) terminales electrónicas de consulta para los proveedores, bajo ciertas condiciones y salvo ciertas excepciones que debían ser demostradas, y (ii) un correcto sistema de recaudación impositiva.
• El artículo 53 de la Ley, el cual prohibía que las entidades emisoras de tarjetas de crédito informen a las “bases de datos de antecedentes financieros personales” sobre los titulares y beneficiarios de extensiones de tarjetas de crédito u opciones, en caso de mora o refinanciación del titular, sin perjuicio de las obligaciones correspondientes de información ante el BCRA.
• El artículo 54 de la Ley, mediante el cual se obligaba a las emisoras de tarjeta de crédito a informar mensualmente sus ofertas a la entonces Secretaría de Industria, Comercio y Minería, los cuales debían ser publicados en el mismo período por el organismo en espacios destacados de medios de prensa de amplia circulación nacional.
• Los incisos c) y e) del artículo 14 de la Ley, los cuales establecían como nulas todas aquellas cláusulas de un contrato de tarjeta de crédito que (i) impongan un monto fijo de pago por atrasos en el pago del resumen o que (ii) impongan costos al usuario por informar la invalidez de la tarjeta, sea por pérdida, sustracción, caducidad o rescisión contractual. 

• El artículo 1 de la Ley, modificando la definición de “sistema de tarjeta de crédito”, la cual ahora comprenderá al conjunto de contratos individuales cuya finalidad es (i) posibilitar al usuario efectuar operaciones de compra o locación de bienes o servicios u obras, obtener préstamos y anticipos de dinero del sistema, en los comercios e instituciones adheridos, (ii) diferir el pago o las devoluciones a fecha pactada o financiarlo conforme alguna de las modalidades establecidas en el contrato y (iii) abonar a los proveedores de bienes o servicios los consumos del usuario en los términos pactados.
• El inciso a) del artículo 2 de la Ley, modificando la definición de “Emisor”, siendo actualmente aquella “entidad, de cualquier naturaleza, en tanto se encuentre previsto dentro de su objeto social, que emita Tarjetas de Crédito, o que haga efectivo el pago”.
• El artículo 4 de la Ley, modificando la denominación de “Tarjeta de Crédito” por aquel instrumento emergente de una relación contractual previa entre el titular y el emisor que identifique al usuario, pudiendo ser (i) física, (b) virtual, (c) magnética, o (d) de cualquier otra tecnología.
• La denominación del Capítulo VI por “De las Tasas - Información” y el artículo 15 de la Ley, dejando sin efectos los límites a las diferencias en las comisiones fijadas entre comercios pertenecientes a un mismo rubro y a los descuentos sobre las liquidaciones presentadas por el proveedor, estableciendo en su lugar la obligación de las entidades emisoras de dar a conocer públicamente la tasa de financiación aplicada al sistema de tarjeta de crédito.
• El artículo 18 de la Ley, dejando sin efecto los límites a los intereses punitorios aplicados por el emisor al titular, estableciendo únicamente en su lugar que dichos intereses punitorios no serán capitalizables.
• El artículo 22 de la Ley, estableciendo la obligación del emisor de confeccionar y enviar mensualmente un resumen detallado de las operaciones realizadas por el titular o sus autorizados, preferentemente en forma electrónica.
• El artículo 25 de la Ley, estableciendo la obligación del emisor de enviar el resumen mencionado en el punto anterior, con una anticipación mínima de 5 días anteriores al vencimiento de la obligación de pago, y, en caso de no recepción, poner a disposición del titular de un canal de comunicación vía teléfono por 24 horas para conocer el saldo de la cuenta y pago mínimo. Dicha sustitución elimina la previsión establecida en la anterior redacción de la Ley, tendiente a obligar a la emisora a poner a disposición del titular de una copia del resumen en su sucursal.
• El artículo 38 de la Ley, eliminando la necesidad de que el contrato tipo utilizado por el emisor sea aprobado por la autoridad de aplicación, manteniendo la necesidad de emitir tantos ejemplares del mismo tenor como partes contratantes haya y todos los requisitos mínimos de contenido que se enumeran a continuación: (i) plazo de vigencia, (ii) topes máximos por operación de la tarjeta de que se trate, (iii) determinación del tipo y monto de las comisiones, intereses y cargos administrativos de cualquier tipo, (iv) obligaciones que surgen de la Ley, (v) plazo y requisitos para la presentación de las liquidaciones, (vi) tipo de comprobantes a presentar de las operaciones realizadas, y (vii) obligación del proveedor de consulta previa sobre la vigencia de la tarjeta.

Significant deregulations to the Credit Card Law

By means of Chapter II “Credit Cards (Law No. 25,065)” of Title II  “Economic Deregulation” of the Decree of Necessity and Urgency No. 70/2023 dated December 21, 2023 (the “Decree”), the National Executive Power repealed and modified certain sections of Law No. 25,065 (the “Law”).

In this regard, the Decree repealed:

• Section 5 of the Law, which provided for the requirement of identification of credit card users in the card with (i) their full name, (ii) the internal registration number, (iii) their handwritten signature, (iv) the credit card’s issuance date and expiration date, (v) security measures ensuring the card’s inviolability, and (vi) identification of the issuer and intervening banking entity.
• Section 7 of the Law, which established the following requirements for credit card issuance contracts: (i) drafting copies for the issuer, the cardholder, and potentially, third parties obliged to the issuer or providers, (ii) employing clear language and easily legible typography, (iii) highlighting or underlining clauses imposing liability on the adhering cardholder, and (iv) proper authorization and registration of the contract used by the issuer before the relevant regulatory authority, as stipulated in Section 7 of the Law.
• Sections 8 and 9 of the Law, which established the provisions referring to the formalisation of the credit card contract between the issuer and the cardholder, stipulating that this took place only once the contract was signed, the respective cards issued, and received in accordance by the cardholder — explicitly stating that preceding moments (application for credit card issuance and co-debtor or guarantor signing) did not generate liability for the applicant or perfect the contractual relationship.
• Section 17 of the Law, which provided for penalties imposed by the Argentine Central Bank (“BCRA”, after its Spanish acronym) on entities failing to (i) comply with limits on interest rates set by the BCRA, or (ii) the obligation to inform consumers about these rates.
• Section 32 of the Law, outlining the issuer’s obligations to provide suppliers, at no cost, with (i) all available information materials about users of the credit card system, (ii) regulations concerning card losses and thefts, and (iii) effective cancellations resulting from theft or loss, voluntary cancellations, or contractual terminations.
• Section 35 of the Law, mandating card issuers to implement (i) electronic query terminals for suppliers, subject to specific conditions and except for demonstrated exceptions, and (ii) a proper tax collection system.
• Section 53 of the Law, prohibiting credit card issuing entities from reporting cardholders and beneficiaries of credit card extensions or options to the “personal financial database systems” in case of default or refinancing by the holder, notwithstanding the corresponding obligations to report to the BCRA.
• Section 54 of the Law, by means of which credit card issuers were forced to monthly inform their offers to the then-Secretariat of Industry, Commerce, and Mining, which were required to be published in prominent spaces in nationally circulated press during the same period.
• Paragraphs c) and e) of Section 14 of the Law, which established as null and void all those clauses of a credit card contract that (i) impose a fixed amount for late payment of the statement or (ii) impose costs on the user for reporting card invalidity due to loss, theft, expiration, or contractual termination.

• Section 1 of the Law, modifying the definition of “credit card system”, which will now include the set of individual contracts aimed to (i) enabling users to carry out purchases, lease goods or services or works, obtain loans and cash advances from the system at affiliated businesses and institutions, (ii) deferring payment or refunds to an agreed-upon date or financing it under contract-specified modalities, and (iii) paying providers for user expenses as per agreed terms.
• Paragraph a) of Section 2 of the Law, modifying the definition of “Issuer” to now encompass any “entity, regardless of its nature, provided that issuing Credit Cards is envisaged within its corporate purpose, or effectuates payment”.
• Section 4 of the Law, modifying the term “Credit Card” to an instrument arising from a prior contractual relationship between the cardholder and the issuer that identifies the user, which could be (i) physical, (ii) virtual, (iii) magnetic, or (iv) of any other technology.
• The denomination of Chapter VI as “On Fees - Information” and Section 15 of the Law, annulling the limits on the differences in the commissions set between merchants belonging to the same category and the discounts on the settlements presented by the supplier, establishing instead the obligation of the issuing entities to publicly disclose the financing rate applied to the credit card system.
• Section 18 of the Law, annulling the limits to the punitive interest applied by the issuer to the card holder, establishing only that said punitive interest shall not be capitalizable.
• Section 22 of the Law, establishing the obligation of the issuer to prepare and send monthly a detailed summary of the operations carried out by the holder or its authorised parties, preferably in electronic form.
• Section 25 of the Law, establishing the obligation of the issuer to send the summary mentioned in the previous point, at least 5 days prior to the maturity of the payment obligation, and, in case of non-receipt, to make available to the holder a communication channel via telephone for 24 hours to know the balance of the account and minimum payment. This substitution eliminates the provision established in the previous wording of the Law, which required the issuer to make available to the holder a copy of the summary at its branch office.
• Section 38 of the Law, eliminating the requirement for the model contract used by the issuer to be approved by the enforcement authority, maintaining the need to issue as many copies of the same tenor as there are contracting parties and all the minimum content requirements listed below: (i) term of validity, (ii) maximum caps per transaction of the card in question, (iii) determination of the type and amount of commissions, interest and administrative charges of any kind, (iv) obligations arising from the Law, (v) term and requirements for the submission of settlements, (vi) type of vouchers to be submitted for the transactions carried out, and (vii) obligation of the provider to consult in advance about the validity of the card.