Nuevo proyecto de Ley de Defensa de la Competencia
El 27 de diciembre de 2023 el Presidente de la Nación envió al Congreso un proyecto de ley ómnibus que, entre otras cosas, deroga la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia, reemplazándola por una nueva. El proyecto será tratado en las sesiones extraordinarias convocadas para el período comprendido entre el 26 de diciembre y el 31 de enero.
A continuación mencionamos los principales cambios propuestos por el proyecto a la Ley de Defensa de la Competencia:
Nueva autoridad
Se crea la Agencia de los Mercados y la Competencia (“AMC”) y el Tribunal de Defensa de la Competencia (“TDC”). Se aclara que la constitucionalidad de esta nueva Autoridad es cuestionable.
La AMC estará a cargo de un secretario que será designado por el Poder Ejecutivo previa postulación abierta a observaciones por un plazo de 15 días y luego de 7 días de celebrada la audiencia pública en la que se discutirán tales observaciones. El secretario deberá ser abogado o economista con dedicación exclusiva y durará 5 años en sus funciones, con la posibilidad de ser reelegido por única vez. La actividad partidaria le está vedada por el tiempo que duren sus funciones y no podrá haber ejercido cargos partidarios en los 5 años previos a su designación. Además de las funciones de investigación e instrucción, podrá resolver respecto de la notificación y aprobación, condicionamiento o rechazo de operaciones de concentración económica.
El TDC estará integrado por 5 miembros (el presidente y otros 4 miembros, de los cuales por lo menos dos serán abogados y dos serán licenciados, magísteres o doctores en economía) que durarán 5 años en sus funciones, con la posibilidad de ser reelegidos por única vez. El Poder Ejecutivo nominará a 3 miembros y el presidente de la Cámara de Senadores -a propuesta de la primera minoría- nominará a los otros 2 miembros. Tras un periodo de observaciones por un plazo de 15 días y luego de 7 días de celebrada la audiencia pública en la que se discutirán tales observaciones, el Poder Ejecutivo o el presidente de la Cámara de Senadores, según el caso, confirmarán o retirarán las candidaturas.
El TDC seleccionará a su vez a 15 miembros externos (académicos de prestigio nacional e internacional) para ser miembros asociados a los fines de que al menos uno de ellos brinde su opinión en materia de imputaciones y notificación, condicionamiento o rechazo de concentraciones. El TDC tendrá facultades de resolución, y podrá revisar las decisiones de la AMC en relación a la notificación, condicionamiento o rechazo de operaciones de concentración económica.
Concentraciones económicas
Control previo: se implementa sin período de transición previsto. No obstante, informalmente nos han indicado que durante el trámite legislativo se prevé modificar este punto a fin de introducir un período de transición.
Sólo se prohíben las concentraciones económicas cuyo objeto o efecto sea o pueda ser constituir, proteger o fortalecer una posición dominante (ya no se tiene en cuenta el concepto de interés económico general).
A los efectos del control de concentraciones, se define a “empresa” como “toda entidad o parte de ella que se encuentre en condiciones de ofrecer o demandar bienes o servicios, independientemente de su organización legal y aun cuando carezca de personalidad jurídica”.
Se eleva el umbral de volumen de negocios a 500 millones de unidades móviles.
Se redefine a las “empresas afectadas” para incluir a la adquirente, la empresa objeto de la operación y sus respectivas subsidiarias, así como a todas aquellas personas físicas o jurídicas que tengan control directo o indirecto sobre la empresa adquirente y sus subsidiarias.
La AMC puede exigir la notificación de operaciones no alcanzadas hasta 180 días después de su cierre, cuando determine que hay indicios razonables de que la operación puede afectar la competencia de modo que pueda perjudicar el interés económico general. Luego de los 180 días, no pueden ser impugnadas.
La aplicación de la excepción “first landing” es menos exigente, de forma tal que quedan exentas la toma de control de una única empresa por parte de otra empresa extranjera que no controle (antes se exigía que no posea “activos o acciones”) otras empresas en el país en forma contemporánea a la operación, y cuyas exportaciones hacia la Argentina no hubieran sido significativas, habituales y frecuentes durante los últimos 36 meses.
Se exime expresamente del deber de notificación a las transferencias en los términos del artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras.
La aplicación de la excepción “de minimis” es más exigente, en tanto para que resulte aplicable no deben haberse realizado operaciones de concentración económica que superen los 45 millones de unidades móviles en los últimos 36 meses (antes se exigía que no superen los 60 millones de unidades móviles) sin requerir que esas operaciones se hayan realizado en el mismo mercado.
Se amplía el plazo con que cuenta la AMC para resolver si aprueba, condiciona o rechaza una operación, de 45 a 60 días hábiles.
Se admite la posibilidad de reconocer incumplimientos y asumir compromisos conductuales, estructurales y/o pecuniarios.
Conductas anticompetitivas
Se considera como práctica absolutamente restrictiva de la competencia el concertar en forma directa o indirecta la negativa a satisfacer las demandas de compra o venta de bienes o la prestación o contratación de servicios a uno o más terceros (boicot).
Se prevé expresamente la figura de sham litigation como un tipo de abuso de posición dominante.
La decisión del TDC en materia de prueba se reputa irrecurrible (lo que es cuestionable).
Se admite la posibilidad de reconocer incumplimientos y asumir compromisos conductuales, estructurales y/o pecuniarios.
Sanciones
Las sanciones por conductas anticompetitivas se limitan a una multa de (i) hasta el 30% del volumen de negocios asociado a los productos o servicios involucrados en el acto ilícito cometido, durante el último ejercicio económico del sujeto sancionado o (ii) hasta el doble del beneficio económico reportado por el acto ilícito cometido. En caso de poder calcularse la multa según los dos criterios establecidos en los puntos (i) y (ii), se aplicará la multa de mayor valor. En caso de no poder determinarse la multa según los criterios establecidos en los puntos (i) y (ii), la multa podrá ser de hasta una suma equivalente a 200 millones de unidades móviles
Programa de clemencia
Se elimina la posibilidad de que se acojan al programa de clemencia conjuntamente la persona jurídica, sus directores, gerentes, administradores, síndicos o miembros del Consejo de Vigilancia, mandatarios o representantes legales que por su acción o por la omisión culpable de sus deberes de control, supervisión o vigilancia hubiesen contribuido, alentado o permitido la comisión de la infracción.
Daños y perjuicios
Se elimina la posibilidad de que el damnificado requiera la aplicación de una multa civil (daños punitivos).
El beneficiario del programa de clemencia deberá responder ante sus compradores y proveedores directos (ya no es aplicable la responsabilidad subsidiaria ante la imposibilidad de reparación plena por otros infractores).
Apelaciones
Se prevé expresamente que pueden apelarse todas las resoluciones del TDC que causen gravamen irreparable.
Sala especializada
Se prescinde de la creación de la Sala especializada en Defensa de la Competencia dentro de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.
Para mayor información, por favor contactar a Luis D. Barry, M. Carolina Abdelnabe Vila y Clara Rodríguez Llanos.
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Bill of new Antitrust Law is introduced
On December 27, 2023, the President sent to Congress an omnibus bill that, among other things, repeals the Antitrust Law No. 27,442, replacing it with a new one. The bill should be discussed within extraordinary sessions, called from December 26 to January 31).
Please find below the main changes to the Antitrust Law proposed by the new bill:
New authority
The current Antitrust Authority is replaced by the Markets and Competition Agency (“AMC”, after its Spanish acronym) and the Competition Defense Court (“TDC”, after its Spanish acronym), which are to be created. Please note that the constitutionality of this new Authority is questionable.
The AMC will be headed by a secretary who will be appointed by the Executive Branch following a nomination open to observations for a period of 15 days, and 7 days after a public hearing in which such observations will be discussed. The secretary must be a lawyer or economist and will serve full-time for 5 years, with the possibility of being re-elected only once. Political party activity is prohibited for the duration of his/her functions and he/she may not have held party positions in the 5 years prior to his appointment. In addition to the investigation and investigation functions, he/she may decide regarding the notification and approval, conditioning or rejection of economic concentration operations.
The TDC will be made up of 5 members (the president and 4 other members, of which at least two will be lawyers and two will be graduates, masters or doctors in economics) who will serve for 5 years, with the possibility of being re-elected only once. The Executive Branch will nominate 3 members and the president of the Senate - at the proposal of the first minority - will nominate the other 2 members. After a period of observations for 15 days, and 7 days after a public hearing in which such observations will be discussed, the Executive Branch or the president of the Chamber of Senators, as the case may be, will confirm or withdraw the candidacies.
The TDC will in turn select 15 external members (academics of national or international prestige) to be associate members so that at least one of them provides their opinion on matters of accusations and notification, conditioning or rejection of concentrations. The TDC will have resolution powers, and may review the decisions of the AMC in relation to the notification, conditioning or rejection of economic concentration operations.
Merger control
Ex ante control is implemented with no planned transition period. However, we have been informally told that it is planned to modify this point during the legislative process in order to introduce a transition period.
Only economic concentrations whose object or effect is or may be to constitute, protect or strengthen a dominant position are prohibited (the concept of general economic interest is no longer taken into account).
For the purposes of merger control, “company” is defined as “any entity or part thereof that is in a position to offer or demand goods or services, regardless of its legal organisation and even when it lacks legal personality”.
The turnover threshold is raised to 500 million mobile units.
The “affected companies” are redefined to include the acquirer, the target and its respective subsidiaries, as well as all those natural or legal persons that have direct or indirect control over the acquiring company and its subsidiaries.
The AMC may require notification of a transaction that does not meet the notification requirements up until 180 days after its closing, when it determines that there are reasonable indications that the transaction may affect competition in a way that could harm the general economic interest. After 180 days of its closing, the transaction cannot be challenged.
The application of the “first landing” exception is less demanding, so that it applies in case of a takeover of a single company by another foreign company that does not control other companies in the country contemporaneously (previously it was required that it does not own “assets or shares”), and whose exports to Argentina had not been significant, habitual or frequent during the last 36 months.
Transfers under the terms of Section 35 bis of the Financial Entities Law are expressly exempt from the duty of notification.
The application of the “de minimis” exception is more demanding, since for it to be applicable, no economic concentration operations must have been carried out that exceed 45 million mobile units in the last 36 months (previously it was required that they do not exceed 60 million of mobile units) without requiring that these operations have been carried out in the same market.
The term the AMC has to decide whether to approve, condition or reject a transaction is extended from 45 to 60 business days.
The possibility of recognizing non-compliance and assuming behavioural, structural and/or pecuniary commitments is admitted.
Anti-competitive conducts
Arranging directly or indirectly the refusal to satisfy demands for the purchase or sale of goods or the provision or contracting of services to one or more third parties (boycott) is considered a hard-core anticompetitive conduct.
Sham litigation is expressly provided for as a type of abuse of a dominant position.
The TDC’s decision on evidence is considered irreproachable (which is questionable).
The possibility of recognizing non-compliance and assuming behavioural, structural and/or pecuniary commitments.
Sanctions
Sanctions for anti-competitive conduct are limited to a fine of (i) up to 30% of the business volume associated with the products or services involved in the illegal act committed, during the last financial year of the sanctioned subject or (ii) up to double of the economic benefit reported by the illegal act committed. If the fine can be calculated according to the two criteria established in points (i) and (ii), the fine with the highest value will be applied. If the fine cannot be determined according to the criteria established in points (i) and (ii), the fine may be up to a sum equivalent to 200 million mobile units.
Leniency Program
The possibility of jointly benefiting from the leniency program is eliminated for directors, managers, administrators, trustees or members of the Supervisory Board, agents or legal representatives who, by their action or by the culpable omission of their control duties, supervision or surveillance would have contributed, encouraged or allowed the commission of the infraction.
Damages
The possibility of the injured party requiring the application of a civil fine (punitive damages) is eliminated.
The beneficiary of the leniency program must respond to its direct buyers and suppliers (subsidiary liability is no longer applicable in case of impossibility of full compensation by other offenders).
Appeals
It is expressly provided that all TDC resolutions that cause irreparable harm may be appealed.
Specialised room
The creation of a Panel specialised in Defense of Competition within the National Court of Appeals on Federal Civil and Commercial Matters is no longer required.
For further information, please refer to Luis D. Barry, M. Carolina Abdelnabe Vila and Clara Rodríguez Llanos.
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