En el día de la fecha se publicó en el B.O. la ley denominada “Bases y Puntos de Partida para la Liberación de los Argentinos” (“Ley Bases”) como Ley 27.742. A continuación, se describen los principales puntos y cambios de la Ley Bases en su versión promulgada por el Poder Ejecutivo (“PEN”).
Declaración de emergencia
La Ley Bases declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de 1 año. Ya existe una declaración de emergencia realizada en el DNU 70/2023.
En los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, se delegan en el PEN las facultades dispuestas en la Ley Bases, vinculadas a materias de administración y emergencia, por el plazo de 1 año. Puede entonces esperarse que continúe la desregulación a partir de normas emitidas por el Poder Ejecutivo, tal como ya está ocurriendo a partir de la declaración de emergencia del DNU 70/2023.
Reforma Estatal
Reorganización Administrativa: el PEN podrá eliminar las competencias de los órganos u organismos de la Administración Nacional centralizada o descentralizada cuyo mantenimiento sea innecesario, así como reorganizar, modificar o transformar su estructura jurídica, intervenirlos, centralizarlos, fusionarlos, escindirlos, disolverlos o transferirlos a las provincias o la Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo se prevé respecto de las Empresas y Sociedades del Estado. Se excluye el ejercicio de esta facultad respecto de las universidades nacionales, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan, y determinados organismos descentralizados. Asimismo se autoriza al PEN a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos. Queda excluido el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.
Concesión o privatización de empresas estatales: declara sujetas a concesión o privatización a las siguientes empresas de propiedad estatal total o mayoritaria: (i) Energía Argentina S.A.; (ii) Intercargo SAU.; (iii) Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA); (iv) Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT); (v) Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA); (vi) Belgrano Cargas y Logística S.A. y; (vii) Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (SOFSE). Las últimas tres empresas podrán estar sujetas también a la figura de concesión.
El procedimiento se llevará a cabo de conformidad con los capítulos II y III de la Ley Nº 23.696 de Reforma del Estado y ciertas normas establecidas en la Ley Bases.
En cuanto a los procedimientos de selección para las privatizaciones, se elimina la contratación directa.
Modificaciones a la Ley Nº 19.549 de Procedimiento Administrativo (la “LNPA”):
- Se introducen modificaciones en materia de plazos y se simplifican los procedimientos.
- Se elimina la necesidad de agotar la instancia administrativa en ciertos supuestos, garantizando el derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva.
- En los casos en que la ley aplicable exija la participación de los usuarios y consumidores en cuestiones tarifarias o de servicios públicos, se deberá realizar una consulta pública, y la autoridad deberá considerar sus opiniones de manera fundada; o bien, podrá optar por proceder a una audiencia pública no vinculante.
- Se incluye la posibilidad de que el silencio de la administración tenga sentido positivo cuando se requiera una autorización para ejecutar una determinada conducta o acto.Se permite el uso de la fuerza estatal sin intervención judicial para proteger el orden público y bienes estatales.
- Se elimina la obligatoriedad de identidad de argumentos entre el reclamo administrativo previo y la demanda judicial.
Modificaciones a la Ley N° 25.164 (Empleo Público Nacional) y 24.185 (Convenciones Colectivas de Trabajo para la Administración Pública Nacional):
- Los empleados públicos afectados por medidas de reestructuración serán puestos automáticamente en situación de disponibilidad por un máximo de 12 meses, sin obligación previa de reubicación. Cumplido este plazo sin haber formalizado un nuevo empleo, se desvincularán de la Administración Pública Nacional.
- Elimina (a) la prohibición de poner en disponibilidad a empleados en uso de licencia, (b) la necesidad de consentimiento para la movilidad geográfica y (c) la continuidad del servicio durante el trámite jubilatorio.
- Se prohíbe a los empleados realizar actividades relacionadas con campañas electorales o partidarias durante horas laborales y se reducen los días permitidos de inasistencias injustificadas antes de la imposición de sanciones.
- Se ajustan los plazos de prescripción para aplicar dichas sanciones.
- En cuanto al ejercicio del derecho a huelga, cualquier descuento en la remuneración será proporcional al tiempo no trabajado.
Contratos y acuerdos transaccionales: La Ley Bases incluye lo siguiente:
- Se autoriza al PEN a disponer, por razones de emergencia y bajo determinadas condiciones, la renegociación o rescisión de los contratos de obra pública, de concesión de obra pública, de construcción o de provisión de bienes y servicios y sus anexos y contratos accesorios que superen determinados montos y hayan sido celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023. Quedan expresamente excluidos los contratos celebrados en el marco de procesos de privatización autorizados por la Ley Nº 23.696 y los celebrados en el marco de regímenes de promoción de actividades, programas de estímulo a la inversión o a la producción; y
- Autoriza al PEN a suscribir acuerdos transaccionales prejudiciales, judiciales o arbitrales para toda controversia entre un contratista y cualquier organismo o entidad de la Administración Pública Nacional originada en el incumplimiento de obligaciones contractuales del Estado Nacional en los que existiere posibilidad cierta de reconocerse su procedencia, en los términos y con los efectos previstos en el artículo 1641 del Código Civil y Comercial de la Nación, siempre que dicho acuerdo resulte conveniente a los intereses del Estado y se encuentre debidamente justificado.
Concesiones: se introducen modificaciones a la Ley Nº 17.520 de Concesiones de Obras Públicas:
- Se introduce la posibilidad de otorgar una concesión de obra, infraestructura pública, o concesión de servicios por un término variable y se faculta a la Administración a constituir una sociedad de propósito específico para la ejecución del contrato de concesión.
- En todos los casos deberá utilizarse el procedimiento de licitación pública y el PEN podrá convocar la presentación de iniciativas privadas, sin perjuicio de que toda persona puede presentarlas de oficio ante el PEN. En todos los casos el financiamiento deberá ser privado.
- Se derogan los arts. 8 (creación de un fondo específico para el control de las concesiones de obra pública) y 11 (otorgaba determinadas facultades a la Secretaría de Obras Públicas) de la Ley.
- Se agregan particularidades que deberán ser contempladas en la documentación licitatoria y contractual.
- Se prevé la posibilidad de renegociar el contrato ante una distorsión del equilibrio económico-financiero por causas no imputables a ninguna de las partes y se incorpora la posibilidad de que los contratos prevean mecanismos de prevención y solución de controversias, conciliación y/o arbitraje.
- En el caso de extinción de contrato por razones de interés público, no podrá limitarse la responsabilidad del Estado por aplicación de ninguna norma, por lo que el alcance de la responsabilidad estatal se extiende sin limitaciones.
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Today the law named "Bases and Starting Points for the Freedom of the Argentine People" (“Bases Law”) was published in the Official Gazette as Law Nro. 27,742. Please find below the main points and changes that the Bases Law introduces in its enacted version by the Executive Branch.
Declaration of emergency
The Bases Law includes a declaration of public emergency in administrative, economic, financial and energy matters that is meant to last for 1 year. The emergency declaration was already made by Decree 70/2023.
Under the terms of Article 76 of the National Constitution, it delegates legislative powers to the Executive Branch and for the term of 1 year. Hence, we may expect the deregulation to be continued by regulations issued by the Executive Branch, as it has been happening since Decree 70/2023.
State Reform
Administrative reorganization: the Bases Law sets forth the empowerment of the Executive Branch to modify, transform, merge, split, or intervene state organizations and agencies of the central or decentralized administration, state-owned companies. The Judicial and Legislative branches, the Public Prosecution (“Ministerio Público”) and the entities that depend on them, the public universities, and certain decentralized agencies are expressly excluded from these powers. Moreover, trust funds may be modified, transformed, unified, dissolved or liquidated by the Executive Branch pursuant to its bylaws and certain rules set forth in the Bases Law –except for the Residential Gas Consumption Subsidies Trust Fund (Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales del Gas)–.
Concession or privatization of state-owned companies: it declares subject to concession or total or partial privatization the companies of total or majority state ownership listed in Annex I (i) Energía Argentina S.A.; (ii) Intercargo SAU.; (iii) Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA); (iv) Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT); (v) Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA); (vi) Belgrano Cargas y Logística S.A. y; (vii) Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (SOFSE). . These last three companies may also be subject to concession.
The procedure shall be executed pursuant to chapters II and III of Act No. 23,696 of Reform of the State and certain rules set forth in the Bases Law.
Regarding the selection procedures for privatization, direct contracting is eliminated.
The Bases Law introduces the following relevant modifications to Law No. 19,549 (Federal Administrative Procedures Law - “FAPA”):
- It introduces changes in terms matters and procedures are simplified;
- The need to file an administrative filing prior to a judicial claim is eliminated in certain cases, guaranteeing the right to due process and effective judicial protection;
- In cases where the law requires the participation of users and consumers in fares or public service issues, a public query must be held, and the authority must consider its opinions in a justified manner; or elect to proceed with a non-binding public hearing;
- When it is required an authorization to carry out a certain conduct, the silence of the authority will have a positive sense. This will not be applied to certain issues;
- The State can use its force against the person or its goods, without judicial intervention, to protect public order and state property;
- It eliminates the obligation to use the same arguments in previous administrative claim and in the judicial action.
Modifications to Law No. 25,164 (National Public Employment Regulation Framework Law), and Law No. 24,185 (Collective Bargaining Agreements Law between public employees and the Public Administration) are also introduced as follows:
- Public employees affected by restructuring measures will be automatically placed in a situation of availability for a maximum of 12 months, without prior obligation to relocate them. Once this term has expired without having formalized a new employment, they will be dismissed from the National Public Administration.
- It eliminates (a) the prohibition to make employees on leave available, (b) the need for consent for geographic mobility and (c) the continuity of service during the retirement process.
- It prohibits employees to engage in activities related to electoral campaigns during working hours.
- The number of days allowed for unjustified absences prior to the imposition of sanctions is reduced.
- Regarding the exercise of strike right, any deduction in remuneration will be proportional to the time not worked.
Existing contracts and settlement agreements: The Bases Law includes the following rules:
- Authorizes the Executive Branch to decide, for emergency reasons and under certain conditions, the renegotiation or rescission of public works contracts, public works concession contracts, construction or provision of goods and services contracts and their annexes and associated contracts that exceed certain amounts and were entered into before December 10 of 2023. Contracts signed under privatization processes authorized by Law No. 23,696 and those signed within the framework of activity promotion regimes, investment or production stimulus programs are expressly excluded.
- In any dispute, either judicial, administrative or arbitral, between a contractor and any Public National Administration body or entity caused by the breach of contractual obligations by the National State in which there is a certain possibility of its being recognised, the Executive Branch is authorized to sign prejudicial, judicial or arbitral transactional agreements, in the terms of section 1641 and subsequents of Civil and Commercial Code, as long as such agreement is convenient to the State interests and is justified.
Concessions: modifications to Law No. 17,520, on Public Works Concessions are introduced:
- The Executive Branch may award public work concessions, public infrastructure and public services concessions for a fixed or variable term to a private company and is empowered to incorporate a special purpose company for the execution of the contract.
- The public work and public services concessions will be awarded by means of a national or international public tender, and the Executive Branch may call for the submission of private initiatives. The financing must always be private.
- Sections 8 (the creation of a specific fund to control the public work concessions) and 11 (certain faculties of the Public Works Secretary) of Law No.17,520 were abrogated.
- It regulates the contents of the public work agreements, and the aspects to be included in the terms and conditions of the public bids.
- The public Administration shall guarantee the maintenance of the balance of the finance-economic equation of the contract, and if such equation is affected without cause the parties may renegotiate the agreement.
- All the agreements may include disputes resolutions clauses.
- Due to emergency causes, the Executive Branch may renegotiate the public works agreement and consultancy’s service agreements signed prior to the issuance of the Bases Law and that are paralyzed.
- In the event of termination of the contract for reasons of public interest, liability may not be limited by the application of any rule, so that the scope of the State´s liability is extended without limitations.
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