El crecimiento que tanto anhela nuestro país no precisa sólo de condiciones económicas. Hay aspectos jurídicos, de respeto al derecho y a las instituciones, que son condiciones necesarias -aunque no suficientes- para retomar la senda del desarrollo del país.
Las investigaciones sobre la influencia del derecho en el desarrollo económico, tanto de juristas como de economistas y politólogos, coinciden en señalar ciertos factores que favorecen el crecimiento y la prosperidad de los países.
Entre esos factores o condiciones jurídicos se destacan los siguientes:
-El estado de derecho, ya que la existencia de una democracia constitucional con estabilidad política favorece el desarrollo económico. No solo es necesario que haya elecciones libres e instituciones políticas que permitan la participación democrática, sino lo que los anglosajones llaman el “rule of law”, vale decir, el imperio de la ley y el sometimiento del estado al derecho. Este “rule of law” involucra varios aspectos: leyes claras y predecibles, resolución de conflictos sobre la base del derecho y no de la discreción del gobierno de turno, debido proceso legal y, sobre todo, el goce pleno de las libertades individuales. Los sistemas de contralor y de frenos y contrapesos entre los poderes así como el adecuado castigo de la corrupción son elementos que también hacen al núcleo central del estado de derecho. Por último, es esencial la “seguridad jurídica”, esto es, la estabilidad en las reglas que permite el cálculo económico y presupuestar las inversiones en el tiempo. El constante y errático cambio en las reglas de juego crea incertidumbre que desalienta la inversión y frena o desalienta el desarrollo.
- La Justicia independiente, institución fundamental de la separación de poderes del régimen republicano, que es quien asegura la vigencia del estado de derecho y el imperio de la Constitución y de los derechos que ésta protege. Tiene por función, además de resolver los conflictos entre particulares, evitar que la “captura” del aparato estatal por gobernantes no respetuosos de la Constitución pueda avasallar las libertades individuales y dejar la vida, las propiedades o la libertad de expresión de los ciudadanos a merced del gobierno, a través del control de constitucionalidad de las leyes y del control jurisdiccional de la actividad administrativa. Muchos estudios comparativos comprueban una muy alta correlación entre la independencia y calidad de la justicia, y el desarrollo económico.
- El derecho de propiedad, que permite a su titular gozar, consumir o transferir un bien. Si la persona que realiza una inversión para obtener un ingreso o beneficio no puede gozar del producto de su inversión sin la seguridad de no ser impedido por el estado o por terceros, entonces no va a estar dispuesto a hacer la inversión. Esto produce sub-inversión, que genera menor crecimiento y, a la larga, pobreza. Por eso la Constitución argentina, que buscaba atraer a inmigrantes e inversores, declara que “la propiedad es inviolable”. La propiedad debe también estar protegida de la tributación confiscatoria y de la expropiación sin justa indemnización.
- El respeto a los contratos, ya que éstos deben ser protegidos frente a su violación por parte de la contraparte o a su interferencia por parte del gobierno. Los contratos que en el mundo moderno sustentan la infraestructura del crecimiento económico son complejos y de largo plazo (pensemos en la construcción de una planta industrial, un desarrollo habitacional o un gasoducto). Si el marco institucional permite el llamado “oportunismo ex-post”, vale decir, alterar los términos del contrato o renegar de ellos sin fundamento en reglas jurídicas claras conocidas de antemano por los contratantes, o a través del recurso a legislación de emergencia que “interfiere” en los términos contractuales, se producen efectos económicos nocivos que disminuyen la inversión y el crecimiento, generando pobreza.
- La protección del crédito, ya que permite que el ahorro de los particulares pueda ser vehiculizado para atender las necesidades de recursos financieros de las empresas y de quienes desarrollan proyectos. La protección del acreedor y del recupero del crédito permite, a la larga, una mayor abundancia de financiamiento y una tasa de interés más accesible que permita financiar proyectos de inversión a largo plazo que creen fuentes de trabajo de manera sostenible. El sistema jurídico es clave en esto. Por un lado, debe permitir la creación y respeto de las garantías del crédito a bajo costo (hipotecas, prendas, fideicomisos) y darles efectiva y rápida tutela en caso de ejecución. Por otro lado, el sistema concursal -para cuando una empresa cae en insolvencia, se concursa o quiebra- debe operar con agilidad, transparencia y respeto por los derechos de los acreedores, sin destruir valor o dejar a la empresa insolvente a la deriva, favoreciendo acuerdos de composición privada entre acreedores y deudores.
- La tutela de la inversión, dado que la seguridad jurídica es esencial para atraer la inversión, tanto la extranjera como la de los propios argentinos. La Argentina no genera ahorro interno suficiente y es necesario entonces competir por el capital y las inversiones en el terreno global, dándoles no solo protección a través de tratados bilaterales de protección de inversiones, como los que la Argentina ya ha firmado, sino a través de varios resguardos jurídicos. Por ejemplo, el respeto de la responsabilidad limitada en las sociedades y a la personalidad jurídica separada de la de sus accionistas, lo que permite a los inversores y emprendedores limitar los riesgos de un proyecto empresario al capital invertido.
Sin perjuicio de la importancia de los elementos que hacen a la estabilidad macroeconómica, sobre todos estos factores jurídicos deberá trabajarse seriamente si se quiere mejorar la competitividad de la Argentina y favorecer su desarrollo económico. El camino hacia el verdadero desarrollo no solo requiere de una economía en orden sino también de un sólido marco jurídico e institucional. Las “reglas de juego” jurídicas -a menudo soslayadas- son también fundamentales para que el crecimiento de la Argentina pueda despegar y ser duradero.
Socio de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen, abogado especialista en derecho empresario y mercado de capitales.
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