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ALERTA DE NOVEDADES LEGALES
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LEGAL NEWS ALERT
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Derecho Administrativo
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Public Law
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Privatización de Corredores Viales S.A.
El 17 de febrero de 2025 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N° 97/2025, por el cual el Poder Ejecutivo de la Nación autorizó la privatización de Corredores Viales S.A. bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje.
Para cumplir con el procedimiento, se delegó en el Ministerio de Economía la convocatoria del proceso licitatorio por etapas de la Red Federal de Concesiones, cuyo llamado y aprobación de pliegos aún se encuentra pendiente.
El objeto del proceso incluiría más de 8.000 kilómetros de rutas nacionales probablemente en 11 tramos, incluyendo los más de 5.000 kilómetros actualmente concesionados por la empresa estatal Corredores Viales S.A.
Revisión de la legislación vigente
El 17 de febrero de 2025 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N° 90/2025 (el “Decreto”) por el cual el Poder Ejecutivo de la Nación ordenó a las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional a realizar un informe de relevamiento normativo con el objetivo de identificar las normas vigentes, y proponer la derogación de aquellas que resulten obsoletas, innecesarias o que encuadren dentro de los criterios establecidos en el Decreto.
Dicho informe deberá ser remitido al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado antes del día 19 de marzo de 2025.
Nuevo régimen de regularización de deudas de la Agencia de Administración de Bienes del Estado
El 12 de febrero de 2025 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución N° 15/2025 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), por la cual se aprobó el Régimen de Regularización de Deudas (el “Régimen”).
El Régimen comprende aquellos actos, operaciones y contratos que tuvieron como objeto bienes muebles o inmuebles del Estado Nacional, y en los que el monto adeudado supere el valor equivalente al de 25 módulos, conforme el artículo 35 del Anexo al Decreto N° 1.344/2007. Actualmente, dicho valor alcanza la suma de $1.000.000, atento que el valor actual del módulo es de $40.000.
Finalmente, se destaca que el Régimen estará vigente desde su publicación en el Boletín Oficial y hasta el 31 de mayo de 2027.
No resulta exigible agotar la vía administrativa en las demandas contra una sociedad del Estado
El 23 de diciembre de 2024, la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal (la “Cámara”) dictó una sentencia en el marco de un reclamo por el pago de una factura contra Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado. En la sentencia se analizó si resultan aplicables los requisitos previstos en la Ley Nº 19.549 de Procedimiento Administrativo (la “LPA”) y en su Decreto reglamentario para habilitar la instancia judicial cuando la parte demandada se trata de una sociedad del Estado.
La Ley Nº 27.742 (la "Ley Bases") modificó la LPA en su artículo 1 en lo que respecta su ámbito de aplicación. Se previó que la LPA no será de aplicación a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras sociedades y demás organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga, directa o indirectamente, participación total o mayoritaria, en el capital o en la formación de las decisiones societarias.
Por lo tanto, la Cámara concluyó que al tratarse de una sociedad del Estado, no resultan de aplicación los requisitos previstos en la LPA y en su Decreto reglamentario -modificados por la Ley Bases-. para habilitar la instancia judicial.
Para mayor información, por favor contactar a Nicole Jaureguiberry.
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Privatization of Corredores Viales S.A.
On February 17, 2025, Decree No. 97/2025 was published in the Official Gazette, by which the National Executive Branch authorized the privatization of Corredores Viales S.A. under the modality of a public construction concession for toll roads.
In order to comply with the procedure, the Ministry of Economy has been delegated the task of launching for the bidding process in stages of the Federal Concessions Network, whose launch and approval of the specifications are still pending.
The process would cover more than 8,000 kilometers of national roads probably in 11 sections, including more than the 5,000 kilometers currently under concession by the state-owned company Corredores Viales S.A.
Review of current legislation: possible derogations are analyzed
On February 17, 2025, Decree No. 90/2025 (the “Decree”) was published, by which the National Executive Branch ordered the jurisdictions and entities of the National Public Administration to prepare a regulatory survey report with the objective of identifying the current regulations, and proposing the repeal of those that are obsolete, unnecessary or that fall within the criteria established in the Decree.
This report must be sent to the Ministry of Deregulation and State Transformation before March 19, 2025.
New debt regularization regime of the State Property Administration Agency
On February 12, 2025, Resolution No. 15/2025 of the State Property Administration Agency (AABE) was published in the Official Gazette, approving the Debt Regularization Regime (the “Regime”).
The Regime addresses those acts, transactions and contracts which had as object movable or immovable assets of the National State, and in which the amount owed exceeds the value equivalent to 25 modules, pursuant to article 35 of the Annex to Decree No. 1,344/2007. Currently, said amount is AR$1,000,000, as the current value of the module is AR$40,000.
Finally, the Regime will be effective from its publication in the Official Gazette and until May 31, 2027.
It is not required to exhaust the administrative claim in lawsuits against a State company
On 23 December 2024, Chamber I of the Federal Administrative Contentious Court of Appeals (the “Chamber”) issued a judgment in a claim for payment of an invoice against Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado. The judgment analysed whether the requirements set forth in Administrative Procedure Law No. 19, 549 (the “LPA”, after its Spanish acronym) and its Regulatory decree are applicable to enable the judicial instance when the defendant is a state-owned company.
Law No. 27,742 (the “Basis Law’) amended the LPA in its Section 1 as regards its scope of application. It was provided that the LPA shall not apply to State Enterprises, State Corporations, Public Limited Corporations with Majority State Participation, Mixed Economy Corporations and all other companies and other business organisations where the national State has, directly or indirectly, total or majority participation in the capital or in the formation of corporate decisions.
Therefore, the Chamber concluded that since it is a State-owned company, the requirements set forth in the LPA and its regulatory decree -as amended by the Basis Law- do not apply in order to enable the judicial instance.
For further information, please refer to Nicole Jaureguiberry.
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Mercado de Capitales
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Capital Markets
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Se implementa un régimen especial para la oferta pública de Fideicomisos Financieros Hipotecarios
Por medio de la Resolución General N° 1053/2025 de la Comisión Nacional de Valores (la “Resolución” y la “CNV” respectivamente), vigente desde el 14 de febrero de 2025, la CNV creó un régimen especial para la oferta pública de Fideicomisos Financieros Hipotecarios (“FFH”) abarcando aquellos vehículos cuyo activo subyacente sean hipotecas, letras hipotecarias, créditos hipotecarios, o instrumentos asimilables.
El nuevo régimen prevé:
- La posibilidad de reducir el plazo de difusión para la colocación de los valores fiduciarios a 1 día hábil cuando la emisión sea dirigida a Inversores Calificados;
- La reapertura del período de colocación por hasta 2 años contados a partir del período de colocación inicial o hasta alcanzar el monto máximo autorizado, en caso de que durante dicho período no se haya suscripto la totalidad del monto autorizado. En tal sentido, si queda un porcentaje del monto autorizado a la oferta pública sin colocar, se podrá reabrir la colocación en las condiciones previamente establecidas; y
- La alternativa de emitir valores fiduciarios adicionales sin la previa autorización de la CNV, es decir, con oferta pública automática. Esto implica que, adicionalmente al monto autorizado, el fideicomiso puede emitir nuevos títulos de forma más ágil y sin trámites adicionales.
Respecto al último punto, la Resolución destaca que la emisión original de cada FFH deberá regirse de acuerdo a las disposiciones correspondientes a los Fideicomisos Financieros (Título V, Capítulo IV de las Normas de la CNV), mientras que cada emisión de valores fiduciarios adicionales podrá adecuarse a un procedimiento de autorización especial y diferencial, lo cual no exime el cumplimiento del régimen informativo general.
La CNV dicta Criterio Interpretativo respecto de los Prospectos y Suplementos de Prospecto
Por medio del Criterio Interpretativo N° 94 de la Comisión Nacional de Valores (el “CI” y la “CNV”, respectivamente), la CNV enfatiza la necesidad de mayor transparencia en la información sobre endeudamiento y riesgos de las emisoras, asegurando que los inversores cuenten con datos actualizados y detallados para evaluar la situación financiera de las mismas, tanto en los Prospectos como en los Suplementos de Prospecto (los “Documentos”).
El CI se aplica a todos los regímenes bajo los cuales se preparen los Documentos, incluidos los aplicables a Pequeñas y Medianas Empresas. A su vez, establece la obligación de divulgar información actualizada a la fecha de publicación, con especial énfasis en el endeudamiento y su composición.
En este sentido, el CI aplica a las disposiciones detalladas a continuación relativas a los Documentos de las Emisoras:
- Suplemento de Prospecto y Prospecto: Deben incluirse toda la información que permita reflejar los datos económicos, financieros y contables actualizados de la emisora, permitiendo evaluar su capacidad de pago a corto y largo plazo;
- Factores de riesgo: Estos deberán contemplar y evaluar los riesgos de liquidez, endeudamiento, pasivos con vencimientos en los próximos seis meses, obligaciones renegociadas, variaciones significativas en la renta, procesos judiciales con impacto financiero, entre otros. Asimismo, en caso de que surjan cambios relevantes, la emisora debe informar de inmediato tales circunstancias por medio de la Autopista de Información Financiera de la CNV (la “AIF”), y actualizar los Documentos en caso de corresponder;
- Capitalización y endeudamiento: Las emisoras necesariamente deben detallar su estructura de endeudamiento al momento de la publicación de los Documentos, y su evolución desde el último estado financiero anual o intermedio publicado en la AIF;
- Destino de los fondos: Los Suplementos de Prospectos deben especificar si los fondos se destinarán a refinanciar o canjear pasivos y en qué porcentaje; y
- Cambios significativos y hechos posteriores al cierre: Las emisoras deben asumir explícitamente responsabilidad por las declaraciones realizadas en los Documentos y por la completitud de la divulgación de los riesgos involucrados y la situación de la emisora.
Se modifica la reglamentación para la autorización, suspensión y cancelación del listado de valores negociables
Por medio de la Resolución General N° 1054/2025 de la Comisión Nacional de Valores (la “Resolución” y la “CNV”, respectivamente), vigente desde el 14 de febrero de 2025, la CNV actualizó la normativa vigente en lo referido a las reglamentaciones, análisis y procedimientos para la autorización, suspensión y cancelación del listado y negociación de valores negociables que deben dictar los Mercados y someter a la previa aprobación por parte de la CNV.
Mediante la Resolución, la CNV le solicita a los Mercados donde se listen y/o negocien valores negociables, la implementación de un mecanismo de difusión de información para conocimiento y consulta permanente por parte de sus Agentes miembros y del público inversor en general, permitiéndoles acceder y verificar el detalle de tales valores que se encuentren en circulación en el ámbito del respectivo Mercado.
Para mayor información, por favor contactar a Diego Serrano Redonnet y María Gabriela Grigioni.
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A special regime for the public offering of Mortgage Financial Trusts is created
By means of General Resolution No. 1053/2025 of the National Securities Commission (the “Resolution” and the “CNV”, after its Spanish acronym, respectively), effective as of February 14, 2025, the CNV created a special regime for the public offering of Mortgage Financial Trusts (“FFH”, after its Spanish acronym) covering those vehicles whose underlying assets are mortgages, mortgage bills, mortgage loans, or similar instruments.
The new regime provides for:
- The possibility of reducing the dissemination period for the placement of trust securities to 1 business day when the issue is directed to Qualified Investors;
- The reopening of the placement period for up to 2 years as from the initial placement period or until the maximum authorized amount is reached, in the event that the total authorized amount has not been subscribed during such period. In this regard, if a percentage of the amount authorized for the public offering remains unplaced, the placement may be reopened under the conditions previously established; and
- The alternative of issuing additional trust securities without prior authorization from the CNV, i.e., with automatic public offering. This implies that, in addition to the authorized amount, the trust may issue new securities in a more agile manner and without additional procedures.
Regarding the last point, the Resolution highlights that the original issuance of each FFH shall be governed according to the provisions applicable to Financial Trusts (Title V, Chapter IV of the CNV Rules), while each issuance of additional trust securities may be subject to a special and differential authorization procedure, which does not exempt compliance with the general information regime.
The CNV issues an Interpretative Ruling regarding Prospectuses and Prospectus Supplements
By means of the Interpretative Ruling No. 94 of the National Securities Commission (the “CI” and the “CNV”, after their Spanish acronyms, respectively), the CNV emphasizes the need for greater transparency in the information on indebtedness and risks of issuers, ensuring that investors have updated and detailed data to evaluate the financial situation of issuers, both in the Prospectuses and in the Prospectus Supplements (the “Documents”).
The CI applies to all regimes under which the Documents are prepared, including those applicable to Small and Medium Enterprises. Besides, it establishes the obligation to disclose information updated as of the publication date, with special emphasis on indebtedness and its composition.
In this regard, the CI applies to the provisions detailed below relating to Issuer Documents:
- Prospectus Supplement and Prospectus: All information that reflects the issuer’s updated economic, financial and accounting data must be included in them, allowing an assessment of the issuer’s short and long-term payment capacity;
- Risk factors: These should consider and evaluate liquidity risks, indebtedness, liabilities maturing within the next six months, renegotiated obligations, significant variations in income, legal proceedings with financial impact, among others. Likewise, in the event of relevant changes, the issuer must immediately report such circumstances through the CNV’s Financial Information Portal (the “AIF”, after its Spanish acronym), and update the Documents, if applicable;
- Capitalization and indebtedness: Issuers must necessarily detail their debt structure at the time of publication of the Documents, and its evolution since the last annual or interim financial statement published in the AIF;
- Destination of the funds: Prospectus Supplements must specify whether the funds will be used to refinance or redeem liabilities and in what percentage; and
- Significant changes and events subsequent to closing: Issuers must explicitly assume responsibility for the statements made in the Documents and for the completeness of the disclosure of the risks involved and the issuer’s situation.
Regulations for the authorization, suspension and cancellation of the listing of marketable securities are amended
By means of General Resolution No. 1054/2025 of the National Securities Commission (the “Resolution” and the “CNV”, after its Spanish acronym, respectively), effective as of February 14, 2025, the CNV updated the regulations, analysis and procedures for the authorization, suspension and cancellation of the listing and trading of marketable securities that the Markets must issue and submit for prior approval by the CNV.
By means of the Resolution, the CNV requests the Markets, where marketable securities are listed and/or traded, to implement an information dissemination mechanism for permanent knowledge and consultation by its member Agents and the investing public in general, allowing them to access and verify the details of such securities that are outstanding in the corresponding Market.
For further information, please refer to Diego Serrano Redonnet and María Gabriela Grigioni.
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Mercado de Capitales y Derecho Tributario
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Capital Markets & Tax Law
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Adecuación de la Resolución General AFIP N° 3986/2017 y sus modificatorias
Por medio de la Resolución General N° 5650/2025 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (la “ARCA”), vigente desde el 18 de febrero de 2025, la ARCA adecúa la Resolución General N° 3986/2017 (la “Resolución”) y sus modificatorias a los fines de extender sus efectos a personas humanas residentes en el exterior, facilitándoles así el acceso al Mercado de Capitales.
La Resolución estableció el procedimiento por el cual las entidades financieras del país y los agentes financieros autorizados y registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV) deben solicitar la Clave de Inversores del Exterior (CIE) con carácter previo a la apertura de una cuenta cuyo titular sea una persona jurídica, agrupación no societaria y/o cualquier otro ente colectivo residente en el exterior que pretenda realizar inversiones financieras en el país y no posea clave asignada por la ARCA.
Para mayor información, por favor contactar a Diego Serrano Redonnet y María Gabriela Grigioni (Mercado de Capitales), y/o Manuel Benites, L. Marcelo Nuñez y Facundo Fernández Santos (Derecho Tributario).
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Amendment of AFIP General Resolution No. 3986/2017
By means of General Resolution No. 5650/2025 of the Customs Collection and Control Agency (the “ARCA”, after its Spanish acronym), effective as of February 18, 2025, the ARCA adjusts General Resolution No. 3986 (the “Resolution”), and its amendments in order to extend its effects to individuals residing abroad, thus facilitating their access to the Capital Markets.
The Resolution established the procedure by which the financial entities of the country and the financial agents authorized and registered with the National Securities Commission (CNV, after its Spanish acronym) must request the Foreign Investors Key (CIE, after its Spanish acronym) prior to the opening of an account whose holder is a legal entity, non-corporate group and/or any other collective entity residing abroad that intends to make financial investments in the country and does not have a key assigned by the ARCA.
For further information, please refer to Diego Serrano Redonnet y María Gabriela Grigioni (Capital Markets), y/o Manuel Benites, L. Marcelo Nuñez y Facundo Fernández Santos (Tax Law).
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Derecho Ambiental
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Environmental Law
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Creación de Tribunal Administrativo Ambiental y modificación del régimen sancionatorio ambiental en la provincia de Córdoba
El 10 de febrero de 2025 se publicó en el Boletín Oficial de la provincia de Córdoba la Ley N° 11.027, la cual tiene por objeto (i) el ordenamiento de las disposiciones sancionatorias de la normativa provincial en materia hídrica, ambiental y de los recursos naturales y de la actuación de las autoridades competentes en procedimientos administrativos sancionatorios, y (ii) la creación de un Tribunal Administrativo Ambiental para la determinación y sanción de las infracciones ambientales y de un Registro Provincial de Infractores Ambientales.
El Tribunal Administrativo Ambiental será competente para disponer la apertura, instruir y resolver los sumarios administrativos ante infracciones constatadas por la Policía Ambiental de la Provincia. También tendrá la potestad sancionatoria respecto de infracciones e incumplimientos a la normativa, que hasta el momento era ejercida por la Policía Ambiental.
La Ley entrará en vigencia a los 30 días posteriores de su reglamentación.
Para mayor información, por favor contactar a Nicole Jaureguiberry.
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Creation of the Environmental Administrative Court and modification of the environmental sanctioning regime in the Province of Córdoba
On February 10, 2025, Law No. 11,027 was published in the Official Gazette of the Province of Córdoba, which purpose is (i) the organization of the sanctioning provisions of the provincial regulations on water, environmental and natural resources matters, and the actions of the competent authorities in administrative sanctioning procedures, and (ii) the creation of an Environmental Administrative Court for the determination and sanctioning of environmental offenses and of a Provincial Registry of Environmental Offenders.
The Environmental Administrative Court will be competent to open, investigate and resolve administrative proceedings in the event of infractions detected by the Environmental Police of the Province. It will also have the power to impose penalties for infractions and non-compliance with the regulations, which until now was exercised by the Environmental Police.
The Law will become effective 30 days after its regulation.
For further information, please refer to Nicole Jaureguiberry.
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Se define el sistema de contratación para el Incremento de la Capacidad de Transporte de Gas Natural en el Gasoducto Perito Moreno
El 31 de enero de 2025 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N° 54/2025 mediante el cual se estableció que la iniciativa privada denominada “Incremento de la Capacidad de Transporte de Gas Natural, en la Ruta Tratayén – Litoral Argentino” se regirá por el sistema de contratación previsto en el artículo 6 del Decreto N° 76/2022.
Dicho artículo faculta a Energía Argentina S.A, con la aprobación del Ministerio de Economía, a celebrar contratos libremente negociados con productores y/o cargadores, relativos a la capacidad de transporte para la construcción o ampliación del actual “Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno”.
Asimismo, establece que la capacidad de transporte contratada bajo esta modalidad no estará sujeta a las tarifas aprobadas por el Ente Nacional Regulador del Gas, las cuales solo se aplicarán a la capacidad de transporte no comprometida en esos contratos.
La Secretaría de Energía publicó la licitación de 500 MW de baterías
El 14 de febrero de 2025 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución N° 67/2025 de la Secretaría de Energía mediante la cual se autorizó la Convocatoria Abierta Nacional e Internacional “Almacenamiento AlmaGBA”.
Esta iniciativa busca sumar 500 MW de capacidad de almacenamiento en nodos críticos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Su finalidad es la celebración de Contratos de Generación de Almacenamiento con los Agentes Distribuidores del Mercado Eléctrico Mayorista, la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) y la Empresa Distribuidora Sur S.A. (Edesur). Asimismo, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) actuará como garante de pago de última instancia.
Para mayor información, por favor contactar a Francisco J. Romano.
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Contracting system for new Natural Gas Transportation Capacity in the Perito Moreno Gas Pipeline
Published in the Official Gazette on January 31, 2025, Decree No. 54/2025 established that the private initiative called “Increase of the Natural Gas Transportation Capacity in the Tratayén - Litoral Argentino Route” will be governed by the contracting system set forth in Section 6 of Decree No. 76/2022.
Such Section empowers Energia Argentina S.A., with the approval of the Ministry of Economy, to enter into freely negotiated contracts for the award of transportation capacity to producers and/or shippers for the construction or expansion of the current “Perito Francisco Pascasio Moreno Gas Pipeline”.
It also establishes that the transportation capacity so contracted will not be subject to the tariffs approved by the National Gas Regulator, which will only apply to the transportation capacity not awarded under those contracts.
The Federal Energy Department published the call for Bids for 500 MW of batteries
On February 14, 2025, Resolution No. 67/2025 of the Federal Energy Department was published in the Official Gazette, authorizing the National and International Call for Bids for the “AlmaGBA Storage”.
This initiative seeks to add 500 MW of storage capacity at critical nodes in the Buenos Aires Metropolitan Area (AMBA).
Its purpose is to enter into Storage Generation Contracts with the Distributing Agents of the Wholesale Electricity Market, Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) and Empresa Distribuidora Sur S.A. (Edesur). Likewise, Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) will act as the payment guarantor of last-resort.
For further information, please refer to Francisco J. Romano.
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Derecho a la Salud y Farmacéutico
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Health Law and Pharmaceutical
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Desregulación de precios de medicina prepaga
Por medio del Decreto N° 102/2025, en vigencia desde el 18 de febrero de 2025, se desregula el sistema de medicina prepaga en lo que respecta a los precios de las cuotas, permitiendo mayor flexibilidad a las entidades, pero manteniendo ciertas regulaciones en cuanto a la variación entre franjas etarias y la obligación de informar a los usuarios sobre los cambios.
La modificación principal consiste en permitir que estas entidades establezcan libremente los valores de las cuotas de los planes de salud que ofrecen durante toda la vigencia del contrato.
Entre los puntos claves de la norma, se destacan:
- Libertad de precios: Las entidades de medicina prepaga ahora tienen la facultad de ajustar las cuotas de sus planes de salud sin necesidad de respetar la misma proporción para todos los afiliados de la entidad, tanto respecto del valor de cuota pura como de los valores adicionales por preexistencia.
- Variación de ajustes: Los porcentajes de ajuste en las cuotas pueden variar según las características de cada plan de salud. Esto significa que los planes de personas más jóvenes podrían experimentar menores aumentos o aumentos con menor impacto, no ocurriendo lo mismo para los de otras franjas etarias o para quienes tengan situaciones de salud que demanden mayores recursos de la empresa de medicina prepaga.
- Límite en franjas etarias: El valor de la cuota para la última franja etaria (personas de la tercera edad) no podrá superar el triple del valor de la cuota de la primera franja etaria (personas más jóvenes). Los planes de salud para la última franja etaria deberán siempre estar disponibles sin límite de edad.
- Información a usuarios: Las entidades deben informar a los usuarios sobre las modificaciones en el valor de las cuotas y/o copagos, detallando el porcentaje de variación y el nuevo valor de la cuota mensual. Esta comunicación debe realizarse dentro de los 5 días posteriores a la publicación del último Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC.
- Notificación anticipada: Los usuarios deben ser notificados de los ajustes con una antelación no inferior a 30 días corridos previos al vencimiento de la obligación de pago.
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Deregulation of prepaid medicine prices
By means of Decree No. 102/2025, effective as from February 18, 2025, the prepaid medicine system is deregulated with respect to the prices of the fees, allowing greater flexibility to the entities, but maintaining certain regulations regarding the variation between age groups and the obligation to inform users about the changes.
The main modification consists of allowing these entities to freely establish the values of the premiums of the health plans they offer during the entire term of the contract.
Among the key points of the regulation, the following stand out:
- Price freedom: Prepaid medicine entities now have the power to adjust the fees of their health plans without the need to respect the same proportion for all the entity’s affiliates, both with respect to the pure fee value and the additional values for pre-existence.
- Variation of adjustments: The adjustment percentages in the fees may vary according to the characteristics of each health plan. This means that plans for younger people may experience lower increases or increases with less impact, while the same does not occur for those of other age groups or for those who have health situations that require greater resources from the prepaid medicine company.
- Limit on age bands: The value of the fee for the last age band (seniors) may not exceed three times the value of the fee for the first age band (younger people). Health plans for the last age must always be available without age limit.
- Information to users: Entities must inform users about changes in the value of fees and/or co-payments, detailing the percentage of variation and the new value of the monthly price. This communication must be made within 5 days after the publication of the last Consumer Price Index (CPI) prepared by INDEC.
- Advance notice: Users must be notified of the adjustments no less than 30 calendar days prior to the due date of the payment obligation.
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El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suspende plazos y las Cámaras Nacionales rechazan el fallo “Levinas” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
A raíz del fallo “Levinas” dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“CSJN”), el 7 de febrero de 2025 el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (el “TSJ”) dictó una Acordada mediante la cual suspendió, desde el 3 de febrero hasta el 14 de febrero de 2025, el inicio del cómputo del plazo para la interposición de todos los recursos previstos por la Ley Nº 402 en el marco de las actuaciones tramitadas en los fueros nacionales ordinarios con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sin embargo, el 11 de febrero de 2025 los jueces de la Cámara Nacional en lo Civil resolvieron a través de un plenario que las sentencias de los jueces nacionales en lo civil no pueden recurrirse ante el TSJ de. De este modo, rechazaron en forma expresa la doctrina de la CSJN en el fallo “Levinas”.
Los camaristas en lo civil remarcaron que, amparados en el control difuso de constitucionalidad, las sentencias de la CSJN no tienen un carácter vinculante absoluto, ya que no existe norma que así lo establezca.
Cuestionaron la auto atribución de facultades legislativas de la CSJN, al considerar que en el fallo “Levinas”, se creó -por vía pretoriana- un recurso no previsto en el ordenamiento jurídico. Conforme el artículo 75 inc. 20 de la Constitución Nacional, la fijación de atribuciones a los tribunales inferiores de la CSJN es una facultad reservada del Congreso de la Nación.
Agregaron que no hay leyes nacionales que contemplen el recurso de inconstitucionalidad que prevé la Ley Nº 402 para acceder al TSJ. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación tampoco lo establece.
También señalaron que se violó el derecho de defensa del Estado Nacional, al que no se le corrió traslado, pese a que fue acusado de “inmovilismo” por la CSJN.
Concluyeron que el TSJ no tiene jurisdicción ni competencia en materia de derecho común, según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Nº 24.588, por lo que el único superior tribunal de una causa radicada ante la Justicia Nacional es la Cámara de Apelaciones del fuero respectivo, y no el TSJ, al que calificaron como “diseñado por el Estatuto Organizativo del ente comunal”.
Siguiendo esta misma línea de interpretación, el 12 de febrero de 2025, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió, también en pleno, que sus decisiones, una vez agotadas las instancias del procedimiento ordinario, sólo serán recurribles mediante el Recurso Extraordinario Federal ante la CSJN, conforme a lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley de Procedimiento Laboral N° 18.345.
Similar decisión tomó la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional mediante Acuerdo General en la misma fecha.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, si bien había convocado a un plenario para el 10 de febrero de 2025, hasta el momento no se ha reunido.
Cabe recordar que, con fecha 31 de enero de 2025, el Procurador General de la Nación solicitó la suspensión del fallo “Levinas”.
Las decisiones mencionadas han generado un inédito estado de incertidumbre en todos los operadores del sistema jurídico.
Para mayor información, por favor contactar a Lautaro D. Ferro y Arnaldo Cisilino.
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The Superior Court of Justice of the City of Buenos Aires suspends legal terms, and National Courts of Appeals reject the Supreme Court’s “Levinas” ruling
As a result of the “Levinas” ruling issued by the Argentine Supreme Court of Justice (the “CSJN”, after its Spanish acronym), on February 7, 2025, the Superior Court of Justice of the City of Buenos Aires (“TSJ”, after its Spanish acronym) issued a resolution suspending, from February 3 until February 14, 2025, the legal terms of all appeals regulated by Law No. 402 within proceedings conducted in the national ordinary courts based in the City of Buenos Aires.
However, on February 11, 2025, the judges of the National Court of Appeals in Civil Matters in a plenary session ruled that decisions issued by national civil judges cannot be appealed before the TSJ. Thus, they expressly rejected the doctrine of the CSJN in the "Levinas" ruling.
The civil court judges highlighted that, based on the principle of diffuse constitutional review, CSJN rulings do not have absolute binding authority, as no legal provision establishes it.
They challenged the CSJN’s self-attribution of legislative powers, arguing that in the “Levinas” ruling, CSJN created a remedy not provided for in the legal system. According to Section 75, Subsection 20 of the National Constitution, the power to assign jurisdiction to lower courts is exclusively reserved for the National Congress.
They further pointed out that no national laws recognize the unconstitutionality appeal established by local Law No. 402 to access the TSJ. The National Code of Civil and Commercial Procedure does not provide for it either.
They also highlighted that the National State’s right to a defense was violated, as it was not granted the opportunity to respond, despite being accused of “inertia” by the CSJN.
The judges concluded that the TSJ lacks jurisdiction in common law matters, as established by Section 8 of National Law No. 24,588. Consequently, the only superior court in a case pending before the National Judiciary is the respective National Court of Appeals, not the TSJ, which they described as “a body designed under the Organizational Statute of the municipal entity”.
Following this same line of interpretation, on February 12, 2025, the National Court of Appeals in Labor Matters ruled, also in plenary session, that its decisions will only be appealable through the Federal Extraordinary Appeal before the CSJN, in accordance with Section 155 of Labor Procedure Law No. 18,345.
On the same date, a similar decision was issued by the National Court of Appeals in Criminal and Correctional Matters through a General Agreement.
The National Court of Appeals in Commercial Matters has not yet met, although it had convened a plenary session for February 10, 2025.
It is worth noting that on January 31, 2025, the Attorney General of the Nation requested the suspension of the “Levinas” ruling.
The aforementioned decisions have created an unprecedented state of uncertainty for all legal system operators.
For further information, please refer to Lautaro D. Ferro and Arnaldo Cisilino.
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