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10 April 2024

Legal News Alert - April 10

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10/4/2024

ALERTA DE NOVEDADES LEGALES

LEGAL NEWS ALERT

ARGENTINA

Telecomunicaciones

Telecommunications

Se deroga el DNU N° 690/2020 que fijaba topes de precios para los servicios de TIC y se introducen modificaciones a la Ley Argentina Digital

El 10 de abril de 2024 se publicó en el Boletín Oficial y entró en vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 302/2024 (el “Decreto”), a través del cual se deroga el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 690/2020 que establecía topes de precios para los servicios de telecomunicaciones.

Asimismo, el Decreto introdujo las siguientes modificaciones a la Ley N° 27.078 Argentina Digital (la “Ley”):

  • Se elimina del artículo 48 de la Ley la posibilidad de que la autoridad de aplicación (ENACOM) regule los precios de los Servicios (públicos) de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (“TIC”) declarados esenciales y estratégicos (entre otros); así como también se suprime la referencia en dicho artículo a la prestación básica universal obligatoria (la “PBU”).
  • Se elimina del artículo 54 de la Ley lo atinente a la declaración del servicio de telefonía móvil en todas sus modalidades como servicio público y a la posibilidad de que el ENACOM regule los precios; nuevamente, se suprime la referencia en este artículo a la PBU.
  • Se elimina el artículo 15 de la Ley, que establecía el carácter de servicios públicos esenciales y estratégicos de  los servicios de TIC y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de los mismos. Dicho artículo obligaba al ENACOM a garantizar su efectiva disponibilidad.
En suma, se trata de una eliminación de los cambios que había introducido en su momento el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 690/2020 antes referido.

Para mayor información, por favor contactar a Mariano F. Grondona and Marina Basavilbaso.
 

Abrogation of the Decree of Necessity and Urgency No. 690/2020, which fixed price limits for TIC  services; and amendments to the Argentina Digital Law

On April 10, 2024, Decree of Necessity and Urgency No. 302/2024 (the “Decree”) was published in the Official Gazette and came into effect, repealing Decree of Necessity and Urgency No. 690/2020, which established price caps for telecommunications services.


Additionally, the Decree introduced the following modifications to Argentina Digital Law No. 27,078 (the “Law”):

  • It removes from Section 48 of the Law the possibility for the regulatory authority (ENACOM) to regulate the prices of Essential and Strategic Information and Communication Technology (“ICT”) Services (among others), as well as eliminating the reference in said article to the Mandatory Universal Basic Service (the “MUBS”).
  • It removes from Section 54 of the Law the provisions regarding the declaration of mobile telephony services in all their modalities as a public service and the possibility for ENACOM to regulate prices; once again, the reference to the MUBS is also removed from this article.
  • It removes Section 15 of the Law, which established the essential and strategic public service nature of ICT services and access to telecommunications networks for and between licensees of such services. This article obligated ENACOM to ensure their effective availability.
In summary, this implicates an elimination of the changes introduced at the time by the aforementioned Decree of Necessity and Urgency No. 690/2020.

For further information, please refer to Mariano F. Grondona and Marina Basavilbaso.

 
 

Mercado de Capitales

Capital Markets

Modificación del Régimen Especial para la Constitución de Fondos Comunes de Inversión Abiertos PyME

El 9 de abril de 2024 entró en vigencia la Resolución General N° 997/2024 (la “Resolución") por medio de la cual la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) introduce cambios en el régimen especial para la constitución de fondos comunes, los (“FCI”) de inversión PyMEs, dentro de la Sección V, Capítulo II, del Título V de las Normas de la CNV (Normas N.T. 2013 y mod), referente a los Productos de Inversión Colectiva.

Por medio de la Resolución, la CNV incorpora dentro de los activos elegibles para los mencionados FCI (no pudiendo exceder el 20% del haber del FCI) a los cheques de pago diferido y pagarés emitidos o descontados, para su negociación en el segmento directo en primer endoso, librados por sociedades que no sean consideradas “Empresas Grandes” en los términos establecidos y el listado publicado periódicamente por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).


Determinación de los Sujetos Obligados ante la Unidad de Información Financiera

Por medio de la Resolución General N° 996/2024 (la “Resolución”), la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) modifica el artículo 1 de la Sección I, del Título XI, de las de las Normas CNV (Normas N.T. 2013 y mod.), “Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”, a los fines de precisar los sujetos obligados de informar a la Unidad de Información Financiera (los “Sujetos Obligados”) en el ámbito del Mercado de Capitales y los proveedores de servicios de activos virtuales  incorporados a través de la Ley N° 27.739.

En concreto, la Resolución establece que se entenderá como Sujetos Obligados dentro de los incisos 7, 8, y 13 del artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y mod., a: 

  • Agentes de Negociación;
  • Agentes de Liquidación y Compensación y demás intermediarios que cumplan funciones equivalentes;
  • Agentes de colocación y distribución que actúen en la colocación de Fondos Comunes de Inversión o de otros productos de inversión colectiva;
  • Agentes Asesores Globales de Inversión a cargo de la apertura del legajo e identificación del perfil de riesgo del cliente en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo;
  • Agentes depositarios, centrales de valores negociables o entidades registradas para recibir depósitos colectivos de valores negociables, que actúen en la custodia de instrumentos o de operaciones en los términos de la Ley N° 20.643, (los “Agentes Depositarios”);
  • Agentes de custodia, registro y pago o aquellos agentes autorizados para prestar el servicio de custodia, transferencia, registro y/o pago de valores negociables, (los “Agentes de Custodia”);
  • Fiduciarios financieros que actúen en ese carácter en fideicomisos financieros con oferta pública;
  • Plataformas de Financiamiento Colectivo y demás personas jurídicas autorizadas por la CNV para actuar en el marco de sistemas de financiamiento colectivo a través del uso de portales web, con el objeto de poner en contacto una pluralidad de personas que actúan como inversores con personas que solicitan financiación en calidad de emprendedores de financiamiento colectivo; y
  • Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.
A su vez, la Resolución establece que no le resultarán aplicables el artículo 2 de la Sección I, y los artículos 5 a 11, inclusive, de la Sección IV, Título XI de las Normas CNV, a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales; mientras que a los Agentes Depositarios y Agentes de Custodia, no le serán aplicables las obligaciones impuestas en el artículo 2 de la Sección I del Título XI de las Normas CNV.
Determinación del plazo de permanencia para la liquidación de títulos públicos

El 4 de abril de 2024 entró en vigencia la Resolución General N° 995/2024 (la “Resolución”) por medio de la cual la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) modifica las condiciones previstas en los artículos 2 y 6 ter del Capítulo V, Título XVIII de las Normas CNV (Normas N.T. 2013 y mod.) referentes a la venta de valores negociables con liquidación en moneda extranjera y las operaciones de clientes con C.D.I o C.I.E y C.U.I.T., respectivamente. 

Las modificaciones introducidas por la Resolución se dan en el marco de la Comunicación “A” 7918 del Banco Central de la República Argentina (el “BCRA”), sus modificatorias y/0 concordantes, cuya finalidad implicaba un nuevo régimen de acceso para el mercado de cambios para operaciones de comercio exterior por medio de la implementación de diversos Bonos, entre ellos los bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre, (los “BOPREAL”); y las operaciones complementarias previstas en las Normas de Exterior y Cambios del BCRA. 

En este sentido, la Resolución modifica las exigencias en torno a ciertas operaciones de valores negociables con liquidación en moneda extranjera, complementarios a los BOPREAL emitidos por el BCRA para el pago de los proveedores del exterior. Así, las modificaciones exceptúan desde el 1 de abril de 2024 a dichas operaciones, al igual que a los BOPREAL, respecto del cumplimiento del plazo mínimo de tenencia en cartera para transferir los mismos a entidades depositarias del exterior y de los límites y régimen informativo previo requeridos tanto para dar curso a dichas transferencias como para concretar su venta con liquidación en moneda extranjera del exterior. 

Para mayor información, por favor contactar a Diego Serrano Redonnet y María Gabriela Grigioni.
 

Modification of the Special Regime for the Incorporation of Open-Ended SME Mutual Funds

By means of General Resolution No. 997/2024 (the “Resolution”), effective as of April 9, 2024, the National Securities Commission (“CNV” after its Spanish acronym) introduces changes to the special regime for the incorporation of SME (small and medium enterprises) mutual funds (“FCI” after its Spanish acronym), within Section V, Chapter II, of Title V, of the CNV Rules (Normas N.T. 2013 and mod), regarding Collective Investment Products.

By means of the Resolution, the CNV incorporates within the eligible assets for the aforementioned FCI (not exceeding 20% of the FCI’s assets), the deferred payment checks and promissory notes issued or discounted, for trading in the direct segment in first endorsement, drawn by companies that are not considered “Large Companies” under the terms established and the list published periodically by the Federal Tax Authority (AFIP, after its Spanish acronym). 


Determination of the Entities Obligated to the Financial Information Unit

By means of General Resolution No. 996/2024 (the “Resolution”) the National Securities Commission (“CNV”, after its Spanish acronym) amends Article 1 of Section I, Title XI, of the of the CNV Rules (Normas N.T. 2013 and mod), “Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing”, in order to specify the parties obliged to report to the Financial Information Unit (the “Obliged Parties”) in the Capital Markets and the virtual asset service providers incorporated through Law No. 27,739.

Specifically, the Resolution establishes that the following shall be understood as Obligated Entities within subsections 7, 8, and 13 of Section 20 of Law No. 25,246, as amended: 

  • Trading Agents;
  • Settlement and Clearing Agents and other intermediaries performing equivalent functions;
  • Placement and distribution agents acting in the placement of Mutual Funds or other collective investment products;
  • Global Investment Advisory Agents in charge of opening the file and identifying the client’s risk profile in terms of money laundering and terrorist financing;
  • Depositary agents, central securities depositories or entities registered to receive collective deposits of marketable securities, acting in the custody of instruments or transactions under the terms of Law No. 20,643 (the “Depositary Agents”);
  • Custody, registration and payment agents or those agents authorized to provide custody, transfer, registration and/or payment of negotiable securities (the “Custody Agents”);
  • Financial trustees acting in such capacity in financial trusts with public offering;
  • Crowdfunding Platforms and other legal entities authorized by the CNV to act within the framework of crowdfunding systems through the use of web portals, for the purpose of connecting a plurality of persons acting as investors with persons requesting financing as crowdfunding entrepreneurs; and
  • Virtual Asset Service Providers.
Besides, the Resolution establishes that Article 2 of Section I, and Articles 5 to 11, inclusive, of Section IV, Title XI of the CNV Rules shall not be applicable to Virtual Asset Service Providers, while the obligations imposed in Article 2 of Section I, Title XI of the CNV Rules shall not be applicable to Depositary Agents and Custody Agents.
Determination of the term of permanence for the liquidation of public securities

By means of General Resolution No. 995/2024 (the “Resolution”), effective as of April 4, 2024, the National Securities Commission (“CNV”, after its Spanish acronym) amends the conditions set forth in Articles 2 and 6 ter of Chapter V, Title XVIII of the CNV Rules (Normas N. T. 2013 and mod.) regarding the sale of negotiable securities with settlement in foreign currency and transactions of clients with C.D.I. or C.I.E. and C.U.I.T., respectively. 

The amendments introduced by the Resolution are within the framework of Communication “A” 7918 of the Argentine Central Bank (“BCRA”, after its Spanish acronym), as amended and/or concordant, the purpose of which implied a new access regime for the foreign exchange market for foreign trade operations through the implementation of several Bonds, among them the bonds for the Reconstruction of a Free Argentina (the “BOPREALs”); and the complementary operations provided for in the the BCRA’s Foreign Exchange Regulations. 

In this regard, the Resolution modifies the requirements regarding certain transactions of marketable securities with settlement in foreign currency, complementary to the BOPREALs issued by the BCRA for the payment of foreign suppliers. Thus, as from April 1, 2024, the amendments exempt such transactions, as well as the BOPREALs, from the minimum holding period to transfer them to foreign depositories and from the limits and prior information regime required both for such transfers and for their sale with settlement in foreign currency. 

For further information, please refer to Diego Serrano Redonnet and María Gabriela Grigioni.
 

Datos Personales

Data Protection

Se emiten nuevos documentos para la transparencia y el acceso a la información pública

La Agencia de Acceso a la Información Pública (“AAIP”), ente regulador en la materia, presentó nuevos instrumentos para fortalecer el Acceso a la Información Pública y Transparencia en la Administración Pública Nacional a través de 3 resoluciones: 

  • Mediante la Resolución AAIP N° 76/2024 se fijan las Pautas para la Organización del Sistema de Transparencia y Acceso a la Información.
  • Mediante la Resolución AAIP N° 77/2024 se establece un Instructivo para el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia Activa y Proactiva; el Mecanismo de Monitoreo de las Políticas de Transparencia; y el Instrumento para la promoción de la participación ciudadana.
  • Mediante la Resolución AAIP N° 80/2024 se fija el Reglamento de Gestión de Solicitudes de Información; el Reglamento de Gestión de Reclamos de Acceso a la Información; y el texto ordenado de los Criterios Orientadores e Indicadores de Mejores Prácticas en la aplicación de la Ley N° 27.275 (de acceso a la información pública). 
Para mayor información, por favor contactar a Arnaldo Cisilino, Marina Basavilbaso, M. Carolina Abdelnabe Vila y Pía Politi.
 

New documents for transparency and access to public information are issued

The Agency for Access to Public Information (“AAIP”, for its Spanish acronym), the regulator on the subject matter, issued new instruments to strengthen Access to Public Information and Transparency in the National Public Administration through 3 resolutions:

  • By means of Resolution AAIP No. 76/2024, the Guidelines for the Organization of the Transparency and Access to Information System are established.
  • By means of Resolution AAIP No. 77/2024, an Instruction is established for compliance with the obligations of Active and Proactive Transparency as well as the Transparency Policies Monitoring Mechanism and the Instrument for the promotion of citizen participation.
  • By means of Resolution AAIP No. 80/2024, the Regulations for the Management of Information Requests are established as well as the Regulations for the Management of Access to Information Claims and the compiled text of the Guiding Criteria and Indicators of Best Practices in the application of Law No. 27,275 (on access to public information).
For further information, please refer to Arnaldo Cisilino, Marina Basavilbaso, M. Carolina Abdelnabe Vila and Pía Politi.
 

Energía: Petróleo y Gas

Energy: Oil & Gas

Proceso de venta de 55 áreas de explotación de Petróleo y Gas “convencionales” de YPF

El 5 de abril de 2024, el  Banco Santander abrió de manera oficial el proceso de venta y cesión de 55 áreas convencionales operadas por YPF en seis provincias petroleras: Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Mendoza, Río Negro y Tierra del Fuego.

Las empresas interesadas tienen 30 días para evaluar la información y realizar su oferta. El objetivo es concentrar los recursos financieros y tecnológicos según el plan estratégico del nuevo presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quien  busca que los campos pasen a ser explotados por operadoras más pequeñas o independientes que se enfoquen en hacer más eficiente la extracción de gas y petróleo en esos reservorios, ya maduros, mediante técnicas de extracción secundaria o terciaria.

El diseño de los “clusters” en los que se agruparon las áreas se realizó de manera estratégica, considerando la inclusión de pozos con diferentes niveles de interés. Las ofertas de los interesados deben estar dirigidas a los clusters en su conjunto, en lugar de ser por pozo o bloque individualmente.

Para mayor información, por favor contactar a Francisco J. Romano y F. Nicanor Berola.

Sale of 55 YPF “conventional” Oil and Gas exploitation areas

On April 5, 2024, Banco Santander officially opened the sale and assignment process of 55 conventional areas operated by YPF in six oil producing provinces: Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Mendoza, Río Negro and Tierra del Fuego.

Interested companies have 30 days to evaluate the information and submit their bids. The objective is to concentrate financial and technological resources per the strategic plan of YPF’s new president and CEO, Horacio Marín, who seeks to transfer non-core fields to smaller or independent operators that may focus on more efficient operation of mature reservoirs secondary or tertiary extraction techniques.

The grouping of areas by  “clusters” was based on strategic considerations, to combine wells with different levels of interest and avoid cherry-picking. Bids must be  targeted at whole clusters, rather than individual wells or blocks.

For further information, please refer to Francisco J. Romano and F. Nicanor Berola.

Derecho del Consumidor

Consumer Protection

Implementación del “Programa de Protección al Consumidor Turista”

Mediante la Disposición N° 404/2024 de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de los Consumidores se pone a disposición de todos los consumidores turistas, residentes y no residentes, nacionales o extranjeros que realicen actividades turísticas en Argentina el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo.

Este arbitraje no es obligatorio, sino optativo tanto para los consumidores como para los proveedores, y los formularios para adherirse se encuentran acá.

Para mayor información, por favor contactar a Luis D. Barry, M. Carolina Abdelnabe Vila y Clara Rodríguez Llanos.

Implementation of the “Tourist Consumer Protection Program”

Through Disposition No. 404/2024 of the Undersecretariat of Actions for the Defense of Consumers, the National Consumer Arbitration System is made available to all tourist consumers, residents and non-residents, nationals or foreigners who carry out tourist activities in Argentina. 

This arbitration is not mandatory, but optional for both consumers and suppliers, and the forms to join can be found here.

For further information, please refer to Luis D. Barry, M. Carolina Abdelnabe Vila and Clara Rodríguez Llanos.

CHILE

Derecho Tributario

Tax Law

Gobierno ingresa segundo paquete de indicaciones al proyecto de ley sobre cumplimiento de obligaciones tributarias

Con fecha 8 de abril de 2024, el Gobierno de Chile ingresó al Congreso nuevas indicaciones al proyecto de ley que pretende mejorar la fiscalización de cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el contexto del “Pacto Fiscal” (primeras indicaciones en Alerta de Novedades Legales del 4 de abril de 2024).

Dentro de las modificaciones más relevantes se destacan:

  • Elusión tributaria: se mantiene la propuesta original sobre una declaración administrativa de elusión (actualmente solo por Tribunales). Ahora bien, se modifica la carga de la prueba, siendo el Servicio de Impuestos Internos (“SII”) quien debe probar los elementos que constituyen abuso o simulación y el contribuyente probar únicamente la existencia de efectos económicos o jurídicos relevantes o que se encuentra dentro de su derecho de opción. Por otra parte, se aumenta el umbral para realizar una declaración de elusión: de UTM 250 a 1.000.
  • Secreto bancario: se propone un procedimiento especial de requerimiento de información del cual el titular de la cuenta bancaria es notificado solo una vez cumplida la solicitud por parte del banco. Dichas situaciones especiales dicen relación con procedimientos de fiscalización sobre: infracciones que el Código Tributario sanciona con multa y pena privativa de libertad; fiscalización unificada (parte del proyecto de ley); precios de transferencia; exceso de endeudamiento; y rentas pasivas.
  • Comité: se crean nuevos cuerpos colegiados dentro del SII que decidirán sobre casos calificados, esto es “relevantes o de interés institucional”. Estará conformado, entre otros, por el director del SII. Dentro de los casos, el Comité deberá previamente emitir informes en aquellas liquidaciones de impuestos que sean “relevantes o de interés institucional”. 
Para mayor información, por favor contactar a Bárbara Neyra y Maximiliano Concha.

Government introduces a second set of amendments to the tax obligations compliance bill

On April 8, 2024, the Chilean Government submitted to Congress new amendments to the bill that aims to improve fulfilment of tax obligations in the context of the “Fiscal Agreement” (first amendment in our Legal News Alert of April 4, 2024).

The most relevant modifications include the following:

  • Tax avoidance: the original proposal regarding an administrative declaration of avoidance (currently only by the Courts) is maintained. However, the burden of proof is modified, being the Chilean Internal Revenue Service (“SII”, after its Spanish acronym) who must prove the elements that constitute abuse or simulation and the taxpayer only proves the existence of relevant economic or legal effects or that it is within its right of option. On the other hand, the threshold for performing a tax avoidance declaration is increased from USD 15,000 to USD 70,000.
  • Bank secrecy: a special procedure for information request is proposed, of which the holder of the bank account is notified only after the bank has complied with the request. These special situations are related to audit procedures on: infractions punishable by fine and imprisonment under the Tax Code; unified audit (which is part of the bill); transfer pricing; excess indebtedness; and passive income.
  • Committee: new collegiate bodies are created within the SII that will decide on qualified cases, i.e. “relevant or of institutional interest”. It will be composed of, among others, the SII Commissioner. Among other cases, the Committee should previously issue reports on tax liquidations that are “relevant or of institutional interest”.
For further information, please refer to Bárbara Neyra and Maximiliano Concha.
 

Derecho Laboral

Labour Law

La Dirección del Trabajo emitió un dictamen precisando las formalidades necesarias para la adecuación de la jornada laboral con ocasión de la Ley de 40 Horas

Con fecha 5 de abril de 2024 la Dirección del Trabajo emitió el Dictamen N° 213/07 precisando las formalidades necesarias para la adecuación de la jornada laboral en relación con la Ley N° 21.561 o “Ley de 40 horas”. A continuación, se presentan los puntos más relevantes de este dictamen:

  • La adecuación de la jornada a los nuevos límites legales debe ser producto de un acuerdo suscrito entre el empleador y las organizaciones sindicales o los trabajadores, según corresponda.
  • Sólo en el caso de que no exista un acuerdo, podrá el empleador adecuar la jornada de manera unilateral.
  • Para estos efectos, se entenderá que no hubo acuerdo, si al menos existe constancia escrita de haberse discutido la propuesta de nueva jornada entre el empleador y el sindicato/trabajadores.
  • En este caso, la rebaja de la jornada laboral puede ser efectuada al inicio o al término.
Para mayor información, por favor contactar a Gonzalo Aravena y Juan Pedro Reus.
 

The Labour Bureau issued a ruling specifying the requirements necessary to adjust the working schedule according to the 40 Hours Law

On April 5, 2024, the Labour Bureau issued Ruling No. 213/07 specifying the requirements necessary to adjust the working schedule in relation to Law No. 21,561 or the “40 hours Law”. Below are the most relevant points of this ruling:

  • The adjustment of the working schedule to the new legal limits shall be mutually agreed between the employer and the unions or the employees, as applicable.
  • Only in the event of disagreement, the employer may change the working schedule unilaterally.
  • For these purposes, it shall be deemed that there was disagreement if there is written evidence of a discussion of the proposal for the new schedule between the employer and the union/employees.
  • In that case, the reduction of the working schedule may be made at the beginning or at the end of the working schedule.
For further information, please refer to Gonzalo Aravena and Juan Pedro Reus.
 

Tecnología

Technology

El Presidente envía la Congreso proyecto de Ley de Transferencia de Tecnología y Conocimiento

El pasado 28 de marzo, fue ingresado al Congreso el proyecto de Ley de Transferencia de Tecnología y Conocimiento. Este proyecto busca promover y fomentar la inversión en investigación y desarrollo de tecnologías en Chile, a través del incentivo a la producción de tecnologías y conocimientos que puedan generar un impacto positivo, tanto en la sociedad como en el sector industrial, así como el intercambio de dicha información, con el objetivo de que esto influya positivamente en la industria tecnológica y productiva.

Dentro de las principales características del proyecto, destacan:

  • La creación de un Repositorio Nacional de Conocimiento e Información Científica y Tecnológica, a cargo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), de libre acceso al público, y cuya finalidad es recolectar, promover y difundir el conocimiento científico y tecnológico existente en el país.
  • Incentivos a las Instituciones de Educación Superior (IES) para la creación y participación y participen en Empresas de Base Científico-Tecnológica (BETS), junto con organismos públicos y empresas privadas.
  • Modificaciones a distintas normativas vigentes, tales como la Ley N° 17.336 de Propiedad Intelectual y la Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública, para resguardar la propiedad intelectual y publicidad de la información que se genere, como un incentivo para quienes participen en dichos procesos.
Para mayor información, por favor contactar a Francisco Prado y Martín Casse.
 

President sends to Congress the Technology and Knowledge Transfer Bill

On March 28th, the Technology and Knowledge Transfer Bill was introduced in Congress. This project seeks to promote and encourage investment in research and development of technologies in Chile, through the incentive to the production of technologies and knowledge that can generate a positive impact, both in society and in the industrial sector, as well as the exchange of such information, with the aim of positively influencing the technological and productive industry.

Among the main characteristics of the project, the following stand out:

  • The creation of a National Repository of Scientific and Technological Knowledge and Information, under the responsibility of the National Agency for Research and Development (ANID, after its Spanish acronym), with free access to the public, and whose purpose is to collect, promote and disseminate the scientific and technological knowledge existing in the country.
  • Incentives for Higher Education Institutions (HEIs) for the creation of and participation in Science and Technology Based Companies (STBC), along with public agencies and private companies.
  • Modifications to different regulations in force, such as Law No. 17,336 on Intellectual Property and Law No. 20,285 on access to public information, to safeguard intellectual property and publicity of the information generated, as an incentive for those who participate in such processes.
For further information, please refer to Francisco Prado and Martín Casse.
 
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Aviso: esta publicación y la información contenida en la misma no tiene por objeto reemplazar la consulta con un asesor legal.
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